HomeNacionalMagistrado nacionalista será juez de supuestos implicados en “Pacto de Impunidad”

Magistrado nacionalista será juez de supuestos implicados en “Pacto de Impunidad”

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El magistrado Rafael Bustillo Romero, fue nombrado como juez natural para conocer la causa de los diputados acusados por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic) Tomás Zambrano y Román Villeda.

El nombramiento fue realizado por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que el jurista en respuesta al requerimiento fiscal contra los parlamentarios nacionalistas.

Rafael Bustillo de filiación nacionalista, fue nombrado en el 2016 como magistrado de la CSJ tras ser propuesto por el Colegio de Abogados, es exjuez de Letras Supernumerario, exjuez de Sentencia y exmagistrado de Corte de Apelaciones.

 

Y es que Zambrano y Villeda, según la Ufecic son responsables de participar en el “Pacto de Impunidad” que denunció en su momento la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).

Según el planteamiento hecho por los enviados por la OEA, el 11 de diciembre del 2017 se originó el “Pacto de Impunidad”  después que la Ufecic presentó requerimiento fiscal contra los diputados Augusto Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, Dennys Sánchez y Eleazar Juárez y tres “extraños” por el delito de malversación de caudales públicos en el caso «Red de Diputados».

Cuando la audiencia se encontraba en trámite, el 18 de enero el Congreso Nacional modificó por adición la Ley de Presupuesto aprobada en el Decreto Legislativo No. 141-2017 contentivo de las disposiciones generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el 2018 publicado en La Gaceta.

En la modificación, la MACCIH denunció que se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de los diputados y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que manejaron fondos públicos mientras el Tribunal Superior de Cuentas no culmine, en un plazo de tres años, las investigaciones administrativas.

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