HomeExclusivas“Marlon demanda a Marlon”: conflicto de intereses envuelve a secretario de Educación y rector

“Marlon demanda a Marlon”: conflicto de intereses envuelve a secretario de Educación y rector

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El rector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) de Catacamas, Honduras, y secretario de Educación, Marlon Escoto, se demandó a sí mismo para obtener “salarios no percibidos” de la institución que rectora a control remoto.

Documentación en poder de ConfidencialHN señala cómo un grupo de docentes de la UNA, entre los que se encuentra Escoto, procedió a demandar a la institución presidida por Escoto para pedir el pago de 97 millones 240 mil 710 lempiras con 45 centavos por concepto de pagos no percibidos.

El documento que contiene la demanda de unos 90 docentes, quienes fueron representados por Guillermo Antonio Escobar Montalván, se contempla que se pague tal cantidad de dinero, fue presentado el 4 de marzo de 2013.

El jurista pidió que se admitiera la demanda y se procediera a pagar los más de 97 millones de lempiras a los docentes, incluyendo al actual secretario de Educación, en los que se incluyen intereses que suman cinco millones 834 mil 442 lempiras por cada año que no se pagó sueldo a los educadores.

En total, sólo por intereses, se tenían que pagar 23 millones 337 mil 768 lempiras, “como lo establece la resolución administrativa CDU-025-2011 del trece de junio de 2011 emitida por la rectoría universitaria –dirigida casualmente por Escoto– y autorizado por el honorable consejo universitario de la referida institución”.

Reza la petición que se pide al secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, para que se transfiera recursos para que el rector Escoto –el demandado ejecutado y “demandante”– proceda al pago, so pena del embargo de bienes.

Escobar pidió que del monto adeudado por cada docente se le reconociera el 35 por ciento de honorarios profesionales para poder ganar la demanda global de unos 110 millones 682 mil 725 lempiras exactos “para el pago exclusivo de sueldos básicos o para el pago de la deuda que la Universidad Nacional de Agricultura le debe a mis poderantes desde el 1 de abril de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012, cantidad que debe ser depositada en la cuenta 1203841042 del Banco Atlántida a nombre de Guillermo Antonio Escobar Montalván para su posterior pago a mis poderantes para efectos del requerimiento de pago del embargo”.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), según el escrito, debió haber transferido en su momento los recursos para el pago de sueldos a docentes comprendido entre el 1 de octubre de 2009 al 31 de mayo de 2011, según el decreto ejecutivo STSS-374-2008 y el secretario general del organismo ordenó que se trasladara la orden a la Secretaría de Finanzas para que “ubicara” los fondos para proceder al pago de las obligaciones laborales.

El documento legal mandó a pedir al juez de letras de Catacamas que declarara parcialmente “con lugar” la solicitud de salarios no percibidos por los educadores y que se hiciera efectiva la transferencia que fue respaldada por varios decretos ejecutivos y legislativos correspondientes a la época.

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ARREGLOS EXTRAJUDICIALES. El 14 de abril de 2013, fue autorizado el acuerdo conciliatorio extrajudicial, para cobrar la deuda avalada por el decreto firmado por Escoto en 2011 y que es amparada por el decreto STSS-374-2008 y el decreto legislativo 192-2001 y la resolución AL126-2012 del 12 de agosto de 2012 “en los cuales reconocen y autorizan el pago por la cantidad de 97 millones 240 mil 710 lempiras con 45 centavos, cantidad que se adeuda a los reclamantes desde el 1 de octubre de 2009, fecha en que entró en vigencia el decreto ejecutivo STSS 374-2008 calculado al 31 de mayo de 2011”.

El apoderado legal arguyó en el arreglo que el Estado de Honduras “atraviesa una situación difícil” en materia económica y que el desembolso de los más de 97 millones de lempiras no puede ser pagado en un solo desembolso, pidió que se pagara cinco millones de lempiras mensuales y que fueran depositados a su cuenta bancaria para ir honrando el compromiso que adquirió la UNA con los docentes.

Luego de haber pagado el Estado de Honduras la deuda contraída con los demandantes, incluyendo al funcionario demandado, se extendería un finiquito para dejar saldada la obligación a fin de evitar reclamos futuros.

Tras el pago total, el acusador se comprometió a retirar la demanda judicial de los juzgados de Catacamas y que se considerara el asunto como “cosa juzgada”.

De cada deducción, señala el documento, se le pagó a Escobar Montalván el 35 por ciento de los honorarios profesionales y que se le hicieran las deducciones del Impuesto Sobre la Renta. En conclusión, el apoderado tuvo que recibir más de 33 millones de lempiras –según cálculos preliminares– por la actividad que realizó y que es considerada legal porque fue contratado por los demandantes para solventar el conflicto surgido.

JUEZ Y PARTE. En el caso de Escoto, hay un claro conflicto de intereses, pues fue juez y parte en la demanda. En aquel momento ejercía la rectoría de la UNA y se sumó al grupo de quienes interpusieron la demanda de pago.  

El pliego del arreglo extrajudicial fue firmado por el actual secretario de Educación, por el apoderado legal de los demandantes y por el asesor legal de la Universidad de Agricultura Héctor Federico Cornejo Ortiz.

El garante del acuerdo, el expresidente Porfirio Lobo, no firmó el acuerdo extrajudicial, según el hallazgo que hizo ConfidencialHN.

Juristas consultados por este periódico aseguraron que el rector de la UNA y titular de Educación no debería estar ejerciendo varias funciones porque se convirtió en un demandante contra el Estado hondureño al adquirir la condición de “acreedor” por la acusación interpuesta y no es compatible que pueda estar en ambos bandos.

“O defendía los intereses del Estado o sus intereses particulares, pero no puede estar en dos lados”, señaló uno de los letrados a este medio digital.

En la actualidad, el Estado se enfrenta a unas cuatro mil demandas por un estimado de siete mil 379 millones de lempiras, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR), la demanda de Escoto y sus compañeros docentes formó parte de esa fuerte suma de dinero.

El actual procurador general, Abraham Alvarenga, señaló que de cada diez demandas contra el Estado, seis son desfavorables, significando hay un 60 por ciento de probabilidades que los demandantes ganen el juicio en los tribunales hondureños.

En su momento, el presidente Juan Orlando Hernández ordenó que se investigaran todas las demandas “amañadas” que hay contra el Estado.

Solicitó a todos los abogados “que representan a empresas o a ciudadanos y que tienen negocios con el Estado, también a fiscales, a jueces, a magistrados, que cuando estén llevando esos juicios piensen en Honduras porque no podemos estar los hondureños trabajando y produciendo impuestos para pagar aquellas exorbitantes sumas en demandas amañadas, arregazadas, eso no puede ser”.

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