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Ministerio Público investiga a Ebal Díaz por actos de corrupción

Por: Juan Alfaro Posadas

El Ministerio Público abrió una investigación en contra del ex secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, en torno al fracasado proyecto de casas-contenedores, que se pretendía construir en la zona de Santa Rosa, jurisdicción del Municipio del Distrito Central, salida al sur del país.

Según funcionarios del gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández Alvarado (JOHA), el proyecto estaba valorado en más de 16 millones de lempiras, y se orientaba a beneficiar a decenas de familias afectadas por las tormentas tropicales “Eta” e “Iota”.

Las familias beneficiadas serían del departamento de Francisco Morazán, aunque también se busca implementar esas obras en Cortés y en otras zonas del país, afectadas por dichas tormentas que azotaron el país en noviembre de 2020, dejando pérdidas multimillonarias en la agricultura, ganadería e infraestructura.

El Ministerio Público, según las fuentes, tiene algunas evidencias que en el manejo de los fondos para la construcción de esas obras, se dieron algunos actos de corrupción.

Obviamente que el señor Díaz, que ahora aspira a una curul en el próximo Congreso Nacional, por el partido de gobierno, ha sido cuestionado por muchas malas acciones, y no sería extraño que ahora lo encuentren culpable en el manejo de los recursos destinados a las casas-contenedores, que son comunes en otros países de Latinoamérica.

Aunque en Honduras nadie debe estar por encima de la ley, nos resulta extraño que la Fiscalía del Estado haya decidido investigarlo, a sabiendas que es un hombre de confianza del señor Hernández Alvarado, que manipula a su antojo todas las instituciones del Estado, y la entidad encargada de perseguir el delito, de acuerdo a la ley, no sería la excepción de la regla general.

De repente, lo que se busca es limpiarle su expediente, para que en un próximo gobierno, y en un Estado de derecho, no se le persiga por ningún delito, tal y como se viene haciendo con otros altos personeros de la administración pública.

Recordemos que en Honduras vivimos en una dictadura, no hay institucionalidad, porque todas las entidades del Estado están secuestradas en una sola persona, como es Hernández Al varado.

Lo que perdura en la tierra de nuestros próceres, como el general Francisco Morazán, es la impunidad. En la práctica el poder Judicial no se hace sentir para los poderosos de cuello blanco almidonado.

La Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y todas las judicaturas son elefantes blanco, preñadas de burócratas, que más bien deberían desaparecer para ahorrarnos recursos.

A Ebal Díaz también se le denunció por acoso sexual, ante la Fiscalía General del Estado, de parte de una subalterna, cuando él rectoraba el Instituto de la Propiedad.

En conclusión, este señor solamente ha servido para sacarle las castañas del fuego a JOHA, y no para los intereses del pueblo y del país.

Últimamente, más bien, como es del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, este hombre se ha puesto a favor de intereses ajenos a Honduras y al pueblo, al patrocinar la creación de las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), que lesionan la soberanía e integridad territorial.
Las ZEDEs son inconstitucionales, y sólo buscan vender el país a pedazos y a precio de “gallo muerto”, para lavar el dinero saqueado a las arcas del Estado, y tener donde esconderse, sin que nadie los toque, en virtud de que tendrán autonomía y su propio sistema de justicia, seguridad y fiscal, entre otros privilegios.

Este sujeto, al igual que Juan Orlando Hernández Alvarado, casi todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), decenas de diputados y otros altos funcionarios públicos, son delincuentes, porque han avalado la ley orgánica de las ZEDEs, pasando por encima de la Constitución de la República.

En otras palabras han cometido el delito de traición a la patria, el cual es imprescriptible, y deducible de oficio en cualquier tiempo, a petición de cualquier ciudadano.

Esto es más, Ebal Díaz, cumpliendo órdenes de JOHA presentó recientemente ante el Legislativo un proyecto de decreto, orientado a reformar la ley de las ZEDEs, para otorgarles más privilegios y considerarlas zonas francas, libres del pago de impuestos, tomando en cuenta que serán enclaves o Estados, dentro del Estado hondureño.

Lo peor de todo este atropello a la norma de normas, a la dignidad de la nación, a la soberanía y a su integridad territorial es que las Fuerzas Armadas de Honduras, están del lado de los intereses de JOHA y compañía, y no bajo el imperio de la Constitución, que les asigna el rol que deben cumplir, para justificar su existencia.

Sin lugar a dudas, que las próximas elecciones generales del 28 de noviembre son importantes para expulsar del poder a los cachurecos, por corruptos, vende patria y por estar ligados al narcotráfico, y darle el tiro de gracia a las nefastas y parasitarias Fuerzas Armadas.

Que así sea, los ciudadanos tienen la última palabra, a través de su poder cívico, que es el voto depositado en las urnas.

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