Wednesday, Jul 24, 2019
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Ministerio Público protege al exfiscal Cuéllar para no mandarlo a la cárcel por corrupción

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Ministerio Público de Honduras se resiste a perseguir penalmente al exfiscal adjunto Rigoberto Cuéllar y su esposa Sonia Gálvez, ni brindar asistencia judicial a varias fiscalías de América Latina que investigan los actos de corrupción que habría incurrido el matrimonio.

Radio Globo ConfidencialHN descubrieron que ni el fiscal general Óscar Chinchilla, ni la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) han querido colaborar con Costa Rica y Colombia a fin de facilitar información sobre el movimiento de dinero de ambos que habrían recibido en el contexto del megafraude conta el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

En los oficios girados al ente acusador, a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia, se ha solicitado desde 2017 y 2018 de que se abran los canales de asistencia para poder determinar algunas investigaciones que pudieran dar con los capitales pagados mediante sobornos por un empresario al exfiscal.

Al respecto, la directora de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, Ana Fabiola Castro Rivera, pidió al secretario general de Gobernación, Ricardo Alfredo Montes Nájera, a modo que hagan caso a la «solicitud de asistencia del 6 de agosto de 2017, librada dentro de la investigación que se adelante en Honduras contra los señores Rigoberto Cuéllar Cruz y Sonia Inez Gálvez Ferrari».

«Sobre el particular y de conformidad con la solicitud presentada por el doctor Jhony Alexander Gallego Arboleda, Fiscal 25 adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción, mediante correo electrónico del 27 de noviembre de 2017», señala la comunicación oficial y añade que «se nos informe si las autoridades de Honduras cuentan con otros datos de identificación de los señores Cuéllar Cruz y Gálvez Ferrari, de los ya reportados como documentos de viaje (diplomáticos y generales) y de sus tarjetas de identidad, con el objeto de continuar con las indagaciones requeridas».

Además, se pudo descubrir que el Ministerio Público costarricense, a través de la causa penal 17-000179-1035-PE del 21 de marzo de 2018, elaborado por Natalia Bolívar Chaves, enviado a la fiscal adjunta de la unidad de relaciones internacionales Laure Monge Cantero, que se gestione la asistencia penal internacional a la Fiscalía General de Honduras para «obtener la información de cuentas bancarias, movimientos, saldos, líneas de crédito, tarjetas y otros productos financieros, era indispensable que aportaren  elementos probatorios con sustento para realizar la solicitud del juez penal, véase que dentro del expediente únicamente se cuenta con una solicitud de la fiscalía hondureña, sin mayor documentación que venga a dar un sustento probatorio».

En la petición hecha al operador de justicia, apenas se respondió con un escueto resumen de los hechos «que generaron la solicitud y nuevamente no se dan los elementos probatorios que habían sido solicitados con antelación y es que incluso en el punto 02, párrafo 4 se menciona que existen denuncias de testigos que los aquí imputados recibieron dinero para no perseguir a las empresas Mofihss y Cosem».

Sin embargo, las pruebas que mandó a pedir la fiscalía costarricense no son convincentes para solicitar ante un juez penal que haya apertura de la causa contra los sospechosos a fin que se levante el secreto bancario y «es por ello que se devuelve la presente solicitud a efectos de que sea remitido nuevamente ante la fiscalía de Honduras para que remitan (la información) como corresponde».

A pesar de los intentos hechos por la fiscal Bolívar Chaves para obtener datos autorizados por el fiscal Chinchilla y la FETCCOP, jamás recibió respuesta, de acuerdo a un oficio, en el cual se detalla que Cuéllar habría incurrido en cohecho propio (recepción directa de sobornos) en contra del Estado de Honduras.

Cabe recordar que a Cuéllar se lo sindica en la recepción de unos 280 mil dólares (más de cinco millones de lempiras) a fin de bloquear cualquier persecución penal contra empresarios respecto a presuntas ventas irregulares de equipos al IHSS durante el saqueo que sufrió el organismo, de acuerdo a las invstigaciones que efectuó Radio Globo en 2014 y 2015.

Las investigaciones que realizó en 2015 una comisión especial del Parlamento de Honduras también coincidió en que un «alto funcionario» del Ministerio Público -o sea Cuéllar- habría participado en el acto de corrupción al ser el beneficiario de la fuerte suma de dinero que recibió de los empresarios.

Uno de los operadores del exfiscal adjunto fue Roberto Darío Cardona, quien recibió una pena de cárcel de cinco años por el delito de ofrecimiento de influencias tras admitir que fue el intermediario entre Cuéllar y los aportantes del dinero para bloquear cualquier causa penal. En la actualidad, Cardona afronta varias acusaciones en su contra ante la justicia.

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