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MP acusa un total de 32 funcionarios entre un ellos un policía por corrupción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

 El Ministerio Público (MP) desarticuló una red de tráfico de personas en la zona sur y acusó a varios funcionarios públicos por la supuesta comisión de varios delitos de corrupción mediante  la Operación Omega VII.

De acuerdo al MP, un total de  32 ciudadanos hondureños, entre ellos un policía Clase I, identificado como Orbin Alfonso Morales Martínez y quien integra una red de tráfico de personas, fueron procesados por la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP) del Ministerio Público, en acciones de la Operación Omega VII, que se desarrolla en todo el territorio nacional.

Los  detenidos fueron acusados por el delito de tráfico ilegal de personas agravado, al funcionario policial se le acusó además por el delito de tráfico de influencias; el requerimiento fiscal se interpuso tras investigaciones y vigilancia que permitieron que encausados fueran interceptados llevando de forma ilícita a 150 migrantes de nacionalidad nicaragüense hasta Estados Unidos.

A los supuestos traficantes se les detuvo a la altura de San Lorenzo, Valle, por parte de elementos de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC) luego de observar una caravana de 32 vehículos tipo turismo que eran abordados por hombres, mujeres y niños.

Durante la acción los requeridos se identificaron como conductores de taxis VIP de San Pedro Sula y Puerto Cortés y a quienes les pagaron 10 mil lempiras por realizar el traslado de los migrantes, se procedió al decomiso de los 32 vehículos, un arma de fuego, 2,480 dólares, 122,000.00 lempiras y 33 teléfonos celulares. Su audiencia inicial será este día.

Por otra parte , la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó requerimiento fiscal en contra de una exfuncionaria del Servicio de Administración de Rentas (SAR), a quien se le instruye proceso por extraer ilegalmente información del sistema de consultas ETAX, en abril de 2019, de las declaraciones tributarias de varios años de la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, con el propósito hacer filtraciones a un medio de comunicación y perjudicarla al publicarse datos privados de conformidad a la política de confidencialidad de esa institución y el ordenamiento jurídico nacional.

El delito imputado a Nidia Estebana Barahona Ponce, quien fungió en el cargo de asistente técnico, es el de violación de los deberes de los funcionarios, en una investigación efectuada en conjunto con la ATIC y la Unidad de Seguridad de la Información del SAR.

A continuación el comunicado :

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