HomePolíticaComponendas tripartidistas hicieron fracasar adecentamiento del nuevo Tribunal Superior de Cuentas

Componendas tripartidistas hicieron fracasar adecentamiento del nuevo Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Las componendas políticas entre los partidos Nacional, Liberal y Libertad y Refundación (Libre) abortaron la histórica oportunidad de adecentar el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y se reafirma por enésima vez que el encubrimiento de la corrupción será norma dentro del organismo contralor del Estado Hondureño.

El Parlamento, por mayoría extrañamente abrumadora, aprobó la noche del martes el nombramiento de tres magistrados del organismo, quienes ocuparán sus cargos en diciembre de 2016 y todo apunta a que el trío de los nuevos funcionarios no tocarán sonados casos de corrupción cometidos en los gobiernos anteriores.

Con los nuevos tres magistrados, el TSC dejará de ser el arma de persecución utilizada por los gobiernos para neutralizar conductas rebeldes y se entrará en una comparsa que podrá mantener, al menos por unos años, la fiesta en paz.

Con la incorporación del representante por Libre en el TSC, se tira al basurero el proyecto político de refundación del Estado y se confirma que tomó las mañas del viejo bipartidismo al entrar a negociaciones para obtener unas cuantas cuotas de poder, a cambio de proteger a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya que aún deben rendir cuentas por recursos que administraron en su momento.

Libre tampoco logra espectaculares resultados al colocar un representante de un organismo que, al hacer la correlación de fuerzas, no será influyente, no más para contener futuras persecuciones.

El nuevo pleno de magistrados del Tribunal es compuesto por el liberal Ricardo Rodríguez, expresidente de la Junta Nominadora para los magistrados del Poder Judicial; el nacionalista José Juan Pineda, secretario general del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y Roy Pineda, cuadro de confianza de la cúpula de Libertad y Refundación (Libre) y ex vicepresidente del Banco Central de Honduras (BCH).

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LA MISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD EN HONDURAS (MACCIH) PRESIONÓ AL PARLAMENTO PARA QUE SE ADECENTARA Y DESPARTIDIZARA EL ORGANISMO ESTATAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN…FUE UN FRACASO. (FOTO: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS).

TURBIOS FAVORES. En este proceso se pagaron favores y se abrieron espacios para la cooptación de cuadros de los partidos antisistema en favor de la corrupción e impunidad en una nación que es mal vista por el mundo por no perseguir ni juzgar los más escandalosos casos de corrupción que han provocado, incluso, miles de muertes. Los 2,888 fallecidos por el megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) es la cereza en el pastel del flagelo que castiga sin piedad a la población.

Al menos, por un buen tiempo, se frenarán investigaciones contra cuadros influyentes de Libre y allegados a Zelaya, que en su momento fueron sindicados por haber dilapidado, supuestamente, recursos asignados por el gobierno del “Poder Ciudadano” para el proyecto de la Cuarta Urna, frustrado por el golpe militar que derrocó al entonces presidente.

El saliente Tribunal sólo amenazó con iniciar una persecución contra los señalados por la no justificación del gasto de unos 230 millones de lempiras para el proyecto que buscaba consultar a los hondureños si apoyaban o no la instalación de una urna adicional para preguntar si respaldaban la instalación de una asamblea nacional constituyente.

La bancada de Libertad y Refundación votó por Ricardo Rodríguez, quien los acusó ante el mundo de ser «vándalos» y justificó las masivas violaciones a derechos humanos y asesinato de dirigentes y simpatizantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que protestó contra la dictadura ultraderechista de Roberto Micheletti. 

Desde luego, el expresidente Zelaya rechazó los señalamientos del TSC y, hasta el momento, no ha presentado las pruebas que lo desvinculen de tales señalamientos.

Claro está que con la presencia del liberal Rodríguez y el nacionalista Pineda Varela, será para bloquear cualquier investigación y persecución penal contra probados actos de corrupción ocurridos durante las gestiones bipartidistas, como el drenaje de multimillonarios fondos por los diputados de Congresos anteriores y el señalamiento a varios expresidentes en casos de corrupción que alcanzan, incluso, al actual gobierno que preside Juan Orlando Hernández.

En el caso de Rodríguez, tiene mucho que defender: el robo descarado de recursos durante la dictadura fascista de Roberto Micheletti que, en términos muy negativos, podrían superar los cinco mil millones de dólares de la época, según una previsión que hizo a un rotativo el economista Nelson Ávila.

La llegada de Rodríguez al TSC podría frustrar futuras investigaciones sobre acusaciones de supuesta recepción de dinero del actual diputado Alfredo Saavedra y por la irregular impresión de billetes de 20 lempiras que realizó en su momento la exsecretaria de finanzas del régimen michelettista, Gabriela Núñez, quien ha rechazado tales argumentos. Asimismo, se pararía ipso facto señalamientos contra otros correligionarios que se habrían enriquecido de manera ilícita.

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EL REPRESENTANTE PARA HONDURAS DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, CARLOS HERNÁNDEZ, CRITICÓ LA FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA PARA QUE LA SOCIEDAD CIVIL PUDIERA CERTIFICAR TRANSPARENCIA EN LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS ANTICORRUPCIÓN. (FOTO: WEB). 

DECEPCIÓN DE OENEGÉS. El proceso, que no contó con el respaldo de organizaciones civiles por considerar la elección de los postulantes como «turbio», fue dudoso de principio a fin: no contó con las garantías prometidas en su momento por el titular del Legislativo, Mauricio Oliva.

El coordinador de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, lamentó en su momento que la expulsión de la sociedad civil como veedores del proceso de selección de los nuevos magistrados anticorrupción, podría estar relacionada con las históricas componendas políticas que sólo favorecen a un minúsculo grupo de personas.

Aseguró que la ASJ es una organización legítima que quiso aportar con mucha responsabilidad su ayuda para garantizar que durante el proceso de elección de los nuevos magistrados del TSC, se escogieran a los mejores candidatos.

En cuanto a las pequeñas cuotas de poder obtenida por Libre, después de negociar con el bipartidismo, Hernández aseguró que no se pueden cuestionar las alianzas porque eso es la esencia de la política, no obstante las componendas no deberían entrar en el proceso de selección.

“No podemos negociar con un órgano tan importante para la lucha contra la corrupción como lo es el TSC, no vamos a desconocer que cuando entra el ingrediente político, no se piensan en los intereses del pueblo, la corrupción al final mata”, expuso.

Ese capricho del Legislativo podría costar a Honduras considerables ayudas del gobierno de EE.UU., quien presionó para que la sociedad civil fuera el principal protagonista en el adecentamiento del Tribunal Superior de Cuentas.

Es más, la forma en cómo se escogieron a los magistrados anticorrupción podría comprometer fondos norteamericanos que fueron anunciados en su momento por autoridades de ese país.

MACCIH EXIGE DESPARTIDIZACIÓN. La misión anticorrupción de la OEA para Honduras (MACCIH), insiste que el TSC debe ser despartidizado y enajenado de cualquier influencia política, de cara a la elección de los nuevos magistrados que deberán asumir el cargo en diciembre próximo.

En un informe publicado en fecha reciente, la MACCIH sostiene que el TSC “debe desarrollarse con autonomía política, normativa, administrativa y presupuestal, así como con independencia de sus integrantes, de toda influencia política”.

“Se abre una oportunidad para los próximos siete años a fin de impulsar una reforma institucional de gran calado en el ente rector del sistema de control de los recursos públicos del país”, explica la misión de la OEA.

Señala en el informe que “el control y la fiscalización de los bienes públicos deben considerarse como una tarea estratégica del Estado de Honduras en la prevención y combate a la corrupción e impunidad y, por eso, es necesario tener mucha responsabilidad en el proceso de selección de magistrados que ha sido iniciado por el Congreso Nacional”.

Al cierre de este reportaje, el portavoz de la MACCIH, el peruano Juan Federico Jiménez Mayor, no se ha pronunciado sobre la conformación del TSC que será funcional a los intereses de los tres partidos mayoritarios.

NEGOCIOS POR “CHAMBAS”. El exfiscal general de Honduras y dirigente liberal, Edmundo Orellana, lamentó en entrevista con este periódico que las componendas incurridas por Libertad y Refundación (Libre) con el Partido Nacional,  han sido “para buscar chambas”.

Sobre el tema, explicó que la causa de Libre “está perdida porque no hay oposición”. “Libre entró en negociaciones con el partido gobernante para conseguir ‘chambas’, simplemente para eso porque esa gente que va a tener en los tribunales para que llamen a sus parciales y les den chamba en el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Superior de Cuentas, eso es todo”.

Añadió que no cree que vayan a influir en las decisiones de ambos organismos porque “van a ser un voto; en el Tribunal Electoral, el Partido Liberal, la Democracia Cristiana y el Partido Nacional se van a oponer a lo que haga Libre y no van a hacer nada. Es una locura. No tiene sentido”.

“Y lo mismo va a pasar con el Tribunal de Cuentas –prosiguió–; esa negociación le va a pasar la factura a Libre como no tienen idea porque se han debilitado con esa negociación que los va a llevar a otras negociaciones y, al final, no se saben hasta dónde van a llegar”, advirtió el exsecretario de Defensa en el gobierno de Manuel Zelaya.

ESTOS SON LOS NUEVOS MAGISTRADOS ANTICORRUPCIÓN (PERFILES) 

RICARDO RODRÍGUEZ (LIBERAL): El eterno operador de la impunidad y violencia  

rodriguezOriginario del oriental departamento de El Paraíso, fungió como diputado del Congreso Nacional entre 2006 y 2010 y uno de los principales conspiradores y urdidores para derrocar al entonces presidente Manuel Zelaya; de hecho, fue uno de los promotores del decreto 141-2009 del 25 de junio de 2009 que contenía los argumentos “legales” para separar a Zelaya del cargo, tras una serie de “errores” que imputaban varias responsabilidades al expresidente, entre ellas, por no cumplir con la entrega del presupuesto general del Estado y supuestas violaciones al estamento legal.

En 2010 fue electo como subprocurador general y su compañera de fórmula fue Ethel Deras Enamorado, actual presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Desde su posición como diputado, calificó al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) como “vándalos” y responsables de provocar a las fuerzas de seguridad para que emprendieran brutales represiones y violaciones a derechos humanos que desembocaron en más de 200 muertos durante la dictadura de Roberto Micheletti, según información de organizaciones defensoras de la vida.

Al convertirse en el número dos de la abogacía general del Estado, asumió el eje del derecho internacional y políticas sobre DDHH, según el mandato de la Procuraduría General de la República (PGR). Justificó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las masivas violaciones a las garantías constitucionales de los hondureños que protestaron contra el golpe de Estado. De hecho, responsabilizó a Zelaya de ser el principal provocador de las “turbas” que terminaron provocando el uso desproporcionado de la fuerza por los organismos de seguridad.

En todo momento responsabilizó al principal movimiento social hondureño de estar detrás de los “actos vandálicos” que, como era costumbre, terminaban en brutales agresiones a protestantes y que han valido multimillonarias demandas contra el Estado.

En 2015 fue electo como presidente de la Junta Nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; no dio aportes a la sociedad desde tal posición, pues se dedicó junto a sus compañeros de grupo –la mayoría, prominentes nacionalistas y liberales– a influir ante el Parlamento para que se impusiera la planilla que quería el presidente Juan Orlando Hernández.

JOSÉ JUAN PINEDA (NACIONALISTA): Cuadro de Juan Diego y apañador de la ilegalidad

pinedaPor su filiación, es uno de los protegidos de los parlamentarios nacionalistas Juan Diego Zelaya Aguilar y David Chávez Madison, ambos exdirectores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop). No se le conoce por haber hecho aportes que beneficien al estamento legal hondureño; ha sido un eterno empleado público, a juzgar por su historial al haber laborado en varias instituciones estatales y laborar en su momento como docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Aunque ha obtenido valiosos cursos para fomentar la transparencia en la gestión pública, no han servido de mucho, pues firmó como jefe de personal del Infop varios cheques a favor de Miriam Vásquez, secretaria de confianza de Zelaya Aguilar en el Comité Central del Partido Nacional. La dama laboró junto al líder político en el organismo público desde febrero de 2014 hasta diciembre de 2015, cuando interpuso su renuncia para regresar al curul en el Legislativo, que ganó en la virulenta campaña electoral de 2013.

ROY PINEDA CASTRO (LIBRE): El hombre que quiso combatir la corrupción

pineda-castroHa sido un hombre de muy bajo perfil y cuadro de confianza del expresidente de Honduras y actual jefe de bancada de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, con quien ha tenido estrechos lazos de amistad, al punto que es uno de los fundadores de Libre, según la resolución 005-12 del 13 de marzo de 2012 emitida por el Tribunal Supremo Electoral.

Fue en su momento directivo del Colegio de Abogados y ex vicepresidente del Banco Central de Honduras durante la gestión de Zelaya.

Fue magistrado integrante del Poder Judicial desde 2002 a 2006, presidente del Fondo de Seguro de Depósito de Depósitos (Fosede), adscrito a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), representante alterno de Honduras ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional.

Aunque su historial y perfil profesional han pasado desapercibidos, ha sido una persona honorable; no obstante, aparece en un listado que fue publicado en 2010 de personas que no han rendido una declaración de bienes ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

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UN INFORME DEL TSC DE 2010 REVELA QUE ROY PINEDA CASTRO, EX VICEPRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, NO PRESENTÓ LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES; PINEDA ASUMIRÁ EL CARGO DE MAGISTRADO ANTICORRUPCIÓN EN DICIEMBRE. (FOTO: CAPTURA WEB TSC).

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