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Nuestro derecho a defender la democracia

(Por Jooaquín Mejía) El filósofo estadounidense, John Rawls, señala que la desobediencia civil es un acto público, no violento, consciente y político que busca inducir a un cambio en normas jurídicas o políticas gubernamentales que se consideran ilegítimas a la luz de los principios y fundamentos constitucionales del Estado democrático de derecho.

Por su parte, el filósofo alemán, Jürgen Habermas, plantea que esta forma de conducta cívica no busca la ruptura del orden constitucional, sino apelar al sentido de justicia de la comunidad y comprometer su conciencia moral para revisar y corregir una cuestión que vulnera los principios fundamentales que sostienen el pacto social en una sociedad democrática.

De acuerdo con nuestra Constitución nacional, dos de esos principios esenciales de nuestra forma de gobierno y convivencia social son la prohibición de la reelección presidencial y la obligación de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, a tal punto que fueron establecidos en cláusulas pétreas con el fin de blindarlas y reservar exclusivamente al poder constituyente su modificación o eliminación.

Por tanto, solo el pueblo hondureño es el único sujeto político legitimado para reformar tales principios y consecuentemente, ni el Congreso Nacional ni el Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema de Justicia, como poderes constituidos, tienen la facultad de reformar las cláusulas pétreas que operan contra ellos para evitar que se transformen en poder constituyente.

En este sentido, la participación de Juan Orlando Hernández en el próximo proceso electoral es una herida grave y profunda para la democracia, y es un vicio perverso que deriva de la usurpación al soberano de su facultad constituyente de modificar o no el artículo pétreo que prohíbe la reelección, lo cual implica un nuevo rompimiento del orden constitucional.

A la luz del artículo 3 de la Constitución, la ciudadanía tenemos derecho a la desobediencia civil y a la insurrección en defensa del orden democrático, sobre todo porque todas las instituciones estatales se han prestado a este atentado contra nuestra forma de gobierno, y la OEA y la comunidad internacional se llaman a un silencio cómplice y, como lo señala la Convergencia contra el Continuismo, avalan “una novedosa novedad modalidad de golpe de Estado por vía electoral”.

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