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Nueva magistrada del IAIP encubrirá turbios negocios de Coalianza

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La nueva magistrada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Suyapa Petrona Thuman Conde, no cumplirá ni con la Constitución, ni con las leyes de Honduras, pues ha llegado al cargo para mantener la secretividad de la entrega de los bienes estatales.

La funcionaria, afín al Partido Nacional, debió abstenerse de jurar en el cargo; pudo más la militancia partidaria y la defensa del régimen que promover una auténtica cultura de transparencia, rendición de cuentas y libre acceso a la información.

Tres contratos de servicios profesionales que firmó Thuman Conde con la cuestionada Comisión Para la Promoción de las Alianzas Público y Privadas (Coalianza), demuestra que no defenderá el interés de la sociedad por promover la transparencia, sino, para perpetuar los turbios negocios estatales.

Los documentos fueron firmados entre 2014 y 2016 por la dos partes; la también exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia fungió en el cargo de especialista legal administrativa y, entre sus funciones está la revisión de bases de licitación, modificaciones y ampliaciones de los contratos multimillonarios de fideicomisos adjudicados por Coalianza a bancos y empresas particulares.

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A CALLAR CORRUPCIÓN. ¿Por qué la funcionaria no apuesta por la eliminación de la Ley de Secretos oficiales? Pues resulta que mientras laboró en Coalianza, se apegó a las normas del contrato de prestación de servicios, pues en el apartado quinto señala de manera clara que “deberá garantizar la reserva y confidencialidad de toda la información y documentación del contratante a la cual tenga acceso en desarrollo del presente contrato”.

“Impedir el uso y/o divulgación de toda la información y documentación del contratante a la cual tenga acceso en desarrollo del contrato, para beneficio propio, sin consentimiento previo y escrito del contratante”, dice otro de los apartados.

La consultora, según los contratos firmados por el presidente de Coalianza, el nacionalista Miguel Ángel Gámez y Henry Francisco Acosta Cuestas, secretario ejecutivo del organismo, la consultora “se compromete a guardar confidencialidad y a no copiar o autorizar a otros la copia, divulgación, o cualquier otra forma de reproducción o distribución de la información y documentos del contratante a los que la consultora tenga acceso en desarrollo del presente contrato”.

GUARDAR SILENCIO. Por tanto, la nueva comisionada del IAIP está más que moralmente obligada a guardar silencio sobre cómo fueron entregados los bienes públicos a empresas particulares y multinacionales; la cesión de fideicomisos a bancos y cuánto ganarán por prestar dinero a quienes edificarán obras de infraestructura.

Entre las funciones que tuvo la funcionaria, era la revisión de contratos, proyectos de contratos, adendum, modificaciones o ampliaciones a contratos objeto de la materia de Coalianza y dar sugerencias.

Asimismo, le tocó revisar expedientes sobre iniciativas privadas o público y privadas para hacer sugerencias sobre los contratos; preparar opiniones y dictámenes legales sobre los anteproyectos de ley, reglamentos y otros instrumentos jurídicos elaborados por Coalianza para el cumplimiento de los contratos, entre otros que le fueron conferidos.

Aunque no necesariamente dio visto bueno a varios contratos, pero hay muchos que suelen ir a parar a bancos privados que suelen obtener fabulosos contratos, entre ellos, la concesión cuyo fideicomiso o administración de fondos será manejado por Banco Ficohsa, propiedad de Camilo Atala, quien otorgará 84.7 millones de dólares (mil 968 millones 656 mil 690 lempiras al cambio del 25 de noviembre de 2016) para la construcción de la carretera CA5 sur, que conecta Tegucigalpa con los departamentos de Valle y Choluteca y enlaza a El Salvador y Nicaragua.

Coalianza tiene en cartera –por entregar a empresas y bancos– varias obras de infraestructura; la mayoría permanecen en secreto, protegidos por la Ley de secretos oficiales aprobada en 2013 por el entonces presidente del Congreso y actual mandatario Juan Orlando Hernández.

DEMANDAR AL ESTADO. Además, la nueva magistrada ha interpuesto multimillonarias demandas contra el Estado hondureño.

Un periódico capitalino publicó el 7 de abril de 2014 que la exprocuradora general Ethel Deras había informado que fue emplazada por el juzgado contencioso administrativo sobre una demanda hecha a la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) por la Constructora Aguirre, “cuya apoderada es la exmagistrada Suyapa Thuman Conde, la que reclama alrededor de 150 millones de lempiras”.

El juicio fue ganado por la constructora que representó Thuman, por la construcción y pavimentación de la carretera que conecta las localidades de Talanga, Villa de San Francisco y Cantarranas que mide 21 kilómetros.

El diputado y exfiscal Jari Dixon Herrera aseguró en 2014 que los contratos aprobados por Coalianza son leoninos, es decir, que el Estado tiene todas las de perder y las concesionarias todas las de ganar.

Añadió el congresista “De hecho hay clausulas donde se establece que si la empresa no recoge al año lo planificado, el Estado hondureño con el dinero de los impuestos tendrá que resarcir esa cantidad. Empresas cuya única inversión es la instalación de los peajes. En el Congreso si se consiguen los votos se pueden conseguir muchas cosas, pero aquí priman intereses políticos y económicos, es un Congreso Nacional controlado por la oligarquía”.

EVADE PREGUNTAS. Thuman Conde, evadió hablar en entrevista con ConfidencialHN del respaldo que dará la entidad pública a la derogación de la controvertida Ley de secretos oficiales.

A pesar que la Misión de Acompañamiento Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) ha pedido la derogación de la normativa aprobada en 2013 para blindar la información del Estado, Thuman optó por limitarse a decir que “estamos trabajando de la mano”.

“Existe una ley que determinada información puede ser catalogada como reservada y la Ley de secretos fue creada por el Congreso que ha calificado alguna información como reservada  en temas de seguridad nacional”, expresó.

HEROINAS DEL SILENCIO. Thuman llegó a ser magistrada del Poder Judicial por su militancia partidaria y méritos en su carrera como jurista. De hecho, es amiga de la también expresidenta de ese organismo, Vilma Morales, y cuadro de confianza del presidente Juan Orlando Hernández.

Ha pasado por la junta interventora del Instituto Nacional de previsión del Magisterio (Inprema), provocando una merma en los derechos de los maestros; también integra la comisión interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) sin hacer aportes importantes más que mantener en total silencio cómo se tramó el saqueo de unos siete mil millones de lempiras durante la gestión del corrupto Mario Zelaya y una parte de los fondos paró en las cuentas del Partido Nacional a través de empresas fantasmas creadas para cometer el megafraude.

Aunque Morales afirmaba una y otra vez que no hubo cheques para partidos políticos producto del desfalco, el presidente Hernández reconoció ante periodistas que su partido (Nacional) sí recibió recursos de la institución.

A Morales y Thuman las une la amistad y su afición por el silencio. En tanto, la nueva funcionaria seguirá fiel a los lineamientos partidarios y pasará su periodo sin pena ni gloria.

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