Estás aquí
Inicio > Editorial > Opinion > Nuevamente la Policía se ve involucrada en muerte de universitaria

Nuevamente la Policía se ve involucrada en muerte de universitaria

Por :Juan Alfaro Posadas

Una joven universitaria, identificada como Keyla Patricia Martínez Rodríguez, de 26 años, apareció muerta en su celda tras ser detenida la noche del sábado anterior por agentes policiales en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá.
La muchacha, que cursaba la carrera de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), fue arrestada por supuestos cargos de escándalo público y por violar el toque de queda.
Misteriosamente, horas después de su detención apareció ahorcada en su propia celda cuando estaba bajo la responsabilidad de dicho cuerpo represivo del Estado.
Los familiares de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, obviamente, responsabilizan a la policía por su muerte violenta, demandan el esclarecimiento del hecho y castigo a sus autores materiales e intelectuales.
Inicialmente, según familiares de Keyla Patricia, las autoridades de Medicina Forense del Ministerio Público se negaban a practicar la autopsia del cadáver, pero horas después, ante las airadas protestas populares realizadas frente a las instalaciones policiales en La Esperanza, lo hicieron, y se espera que los resultados sean revelados entre este martes 9 o el miércoles 10 de febrero.
Muchas personas, incluso, se atrevieron a comentar que la universitaria podría haber sido violada por efectivos policiales y, enseguida, le quitaron la vida para evitar ser identificados.

Cabe recordar, que no es la primera vez que elementos del “orden público” abusan sexualmente de una fémina y luego le dan muerte. Ya lo han hecho en el cercano pasado miembros de la institución policial como del ejército.
Un caso, que fue muy sonado, es el de la normalista de La Ceiba, Atlántida, Riccy Mabel Martínez Sevilla, de 17 años, que desapareció tras visitar el Primer Batallón de Comunicaciones, el 13 de julio de 1991, y dos días después se encontró su cadáver en la quebrada “El Sapo” de la colonia Cerro Grande, de Tegucigalpa.

El cuerpo sin vida de la entonces estudiante de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio fue encontrado desnudo, mutilado y en estado de descomposición; además, le encontraron hematomas en su cara, su dentadura quebrada, sin lengua y sin su seno derecho; la escena fue dantesca, el luto y consternación prevalecen en Honduras hasta el día de hoy.
Por ese crimen, fue sentenciado a 16 años de cárcel el coronel Angel Castillo Maradiaga, a la sazón comandante de dicha unidad militar. Sin embargo, el jefe militar – que siempre alegó ser inocente- solamente estuvo preso diez años. Asimismo, fue detenido y condenado a 11 años de prisión el sargento Santos olivares Fúnez. La adolescente perdió su vida, y con ello se ahogaron las esperanzas de sus padres, de verla convertida en una docente, al servicio del país.

Pese a que hubo personas sentenciadas, nunca se supo a ciencia cierta quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de ese salvaje crimen en contra de la joven Riccy Mabel, y que consternó a la sociedad hondureña.
La misma suerte también han corrido jóvenes del sexo masculino, como es el caso de la captura y posterior asesinato de dos universitarios hace pocos años. Uno de ellos era hijo de la entonces rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos. Fueron arrestados por policías, y horas después aparecieron muertos.
La inseguridad en Honduras sigue galopando, pese a que el usurpador de la Casa de Gobierno, Juan Orlando Hernández Alvarado, tenga el cinismo e hipocresía de asegurar que “Honduras está cambiando”.
El pueblo hondureño cuando se encuentra con operativos policiales o militares no se siente protegido, sino que temeroso, porque está demostrado que esos cuerpos represivos del Estado han sido coptados por delincuentes comunes y por el crimen organizado.

Lo mismo ocurre en las denominadas cárceles de “máxima seguridad” como La Tolva en Morocelí, El Paraíso, e Ilama, en Santa Bárbara, donde muchos reos son torturados salvajemente y a otros se les quita la vida, como es el caso de Magdaleno Meza, quien tenía en su poder la libreta contentiva de las operaciones de Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, hermano de Juan Orlando, sobre sus operaciones en el narcotráfico internacional.
En efecto, esos reclusorios son de “seguridad”, pero para perder la vida, y no para rehabilitarse, lo cual contrasta con lo plasmado en la Constitución de la República y en la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, de la cual nuestro país es signatario, en el sentido de que el “Estado hondureño es garante de la vida”.

Lo peor del caso es que el Ministerio Público y el Poder Judicial se hacen los desentendidos, y todo queda en la impunidad.
En Honduras no hay investigación policial, no hay persecución de la acción penal y tampoco justicia.
El país ha sido secuestrado por una pandilla de antisociales, que sólo el pueblo puede revertir, a través de la toma de conciencia, organización y unidad granítica, traducida en una insurrección al más alto nivel, que sacuda las obsoletas estructuras de la sociedad, y permita el nacimiento de otra, con justicia, patriotismo y democracia.

Top