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Nuevo show sobre compra de “basuras móviles”

Por: Juan Alfaro Posadas

Un nuevo show en relación con la compra de los hospitales móviles (basuras móviles), montaron el jueves anterior las autoridades del Ministerio Público y su Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Los señores Marco Bográn y Alex Moraes fueron citados a rendir una declaración en las oficinas de la ATIC en Comayagüela, y al término de la misma se les dijo que quedaban detenidos por órdenes del ente acusador del Estado.

Bográn y Moraes son acusados por dos delitos de fraude y otros dos de violación de los deberes de los funcionarios públicos, en perjuicio del Estado de Honduras.

El primero, se desempeñó durante varios años como Director de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) y el segundo como administrador de esa institución, devengando sueldos fabulosos que superaban los 200 mil lempiras mensuales, aparte de viáticos y otros privilegios.

De manera sorpresiva, el Fiscal General del Estado, Oscar Fernando Chinchilla, a través de un vídeo grabado momentos antes, anunció que ambos ex funcionarios quedaban detenidos, en atención a una nueva línea de investigación sobre dichas compras.

Muchos hondureños comentan por qué el fiscal Chinchilla hasta ahora aparece pronunciándose sobre esos actos de corrupción, a sabiendas que los mismos se cometieron hace un año? Por qué el fiscal no investiga al jefe del poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández Alvarado (JOHA), y a la entonces secretaria de Finanzas, Rocío Tábora? Qué fuerzas extrañas están detrás del fiscal general que lo obligaron a salir de su escondite?

Asimismo, los compatriotas se preguntan: Será que quieren demostrarle a la justicia estadounidense que en Honduras se combate la impunidad? Será que quieren tirar una cortina de humo sobre la cadena perpetua señalada en Nueva York contra Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado? Será que quieren desviar la atención de la opinión pública nacional sobre las investigaciones que los fiscales hacen en Nueva York contra JOHA y su círculo de cercanos colaboradores?

Todas estas interrogantes será el tiempo el que se encargará de despejarlas o aclararlas.
Chinchilla prometió solicitar al juzgado respectivo la aplicación de todo el rigor de la ley a dichos sujetos, para que haya un reparo moral por el inmenso daño provocado a la población hondureña, en complicidad con el guatemalteco Axel Gamaliel López Guzmán, de quien ya se pidió su extradición para que la ejecute la Policía Internacional (Interpol).

La duda que existe entre los hondureños es si dichos sujetos pagarán por sus delitos a lo largo de muchos años, o si por el contrario, sólo estarán algunos días, semanas o meses en las rejas.

En otras palabras, no quieren que continúe la impunidad en el país, tal y como ha pasado con el caso de los “pandoros”, que al final se les dictó sobreseimiento definitivo, y muchos de ellos, después de que se apropiaron de millones de lempiras, han sido electos como candidatos a cargos de elección popular.

En ese sentido, se espera que la actuación del Ministerio Público, persiguiendo la acción penal, sea permanente a partir de este caso, y que el mismo no se convierta en una llamarada de tusas o en un circo más, de los tantos que han montado.

También, se pide que las investigaciones sobre la compra de los hospitales móviles (basuras móviles) continúen para que se libren requerimientos fiscales contra otras personas y se amplíe el rosario de delitos cometidos.

Además, que se investigue y persiga otros sonados casos de corrupción que permanecen en la impunidad como la compra millonaria de medicamentos, equipo de bioseguridad, el deterioro de miles de pruebas rápidas de la COVID-19 y demás casos como los de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), donde está involucrado el señor Gabriel Rubí.

Quedaremos a la expectativa de lo que pueda ocurrir con los señores Bográn, Moraes y el mismo Axel López, quien está prófugo de la justicia, además del papel que debe jugar el Ministerio Público, como garante delos intereses generales de la sociedad, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República y en su propia norma jurídica.

El ente encargado de perseguir y acusar a los delincuentes ante los órganos de justicia del Estado, debe dejar de ser un elefante blanco u organismo burocrático, como en efecto ha quedado demostrado con su omisión, apatía o indiferencia.

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