martes, noviembre 24, 2020
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OEA plantea crear Consejo Nacional y Tribunal de Justicia Electoral

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La OEA sugirió al Parlamento de Honduras emprender reformas constitucionales para que la reelección presidencial quede reglamentada.

Asimismo, consideró que si bien hay un «grave problema constitucional, ya que existe una contradicción entre lo que dispone la Constitución y la realidad material», por lo que reconoció que el presidente Juan Orlando Hernández está ejerciendo un segundo mandato y ya no podrá presentarse a una tercera postulación.

En el documento al que accedió ConfidencialHN Radio Globo, se deja claro que el organismo regional propusó una serie de reformas, incluida la reelección y la contradicción que hay con la Carta Magna «se imponga a la realidad material vigente y que la figura de la reelección no exista como parte del ordenamiento jurídico».

El extenso informe, presentado a mediados de diciembre por la OEA al Legislativo, establece que la «opción alternativa es adecuar la norma fundamental a la realidad material vigente, en cuyo caso la regulación de la reelección debiera permitir solo un período adicional y adecuar la legislación para resguardar el balance y equilibrio en la competencia entre quien busca reelegirse y su contrincante».

«Por ejemplo -prosigue-, reglas claras de financiamiento, acceso a
medios, restricciones a la propaganda de actividades gubernamentales, entre otros. Sumado a lo anterior, debe quedar claramente estipulado que el período actual del Presidente en ejercicio cuenta como segundo período, imposibilitándolo de participar en nuevos comicios para un tercer mandato».

JOH NO PODRÁ POSTULARSE. Por tanto, Hernández deberá concluir su mandato el 27 de enero de 2022 y ser sucedido por otra persona que haya ganado las elecciones generales de noviembre de 2021, puesto que está ejerciendo el segundo periodo de gobierno.

El grupo de expertos que elaboró el paquete de propuestas, plantea la instalación de una consulta popular «a través de un mecanismo de democracia directa. Una consulta popular (plebiscito) presenta la ventaja de devolver al pueblo soberano el derecho a decidir sobre aspecto,
particularmente útil para resolver una materia controvertida cuando los canales normales de la política no lo logran hacer».

No obstante, alertaron que de no contarse con un mecanismo adecuado para la puesta en práctica de este ejercicio, sin las garantías mínimas, «las tensiones pueden aumentar y se puede debilitar aún más la
institucionalidad y el Estado de derecho».

CREAR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. Se plantea la creación de un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral como dos entes separados, con autonomía  y funciones claras, por lo que se deja claro que las resoluciones que emitiera el ente serán inapelables y se pidió que se revise la función de la Sala Constitucional del Poder Judicial, la cual ha tenido que servir como árbitro legal para dirimir controversias y recursos interpuestos por las partes afectadas.

«El Consejo Nacional de Elecciones y el Tribunal de Justicia Electoral son
instituciones autónomas e independientes, con personalidad jurídica, con
jurisdicción y competencia en toda la república, cuya organización, atribuciones y funcionamiento están establecidos por la Constitución y la Ley», reza la norma.

«Sus resoluciones poseen un carácter inapelable, entran en vigor de inmediato y no pueden ser recurridas ante ninguna instancia nacional. Al respecto, se debe revisar el rol de la Sala Constitucional de la CSJ».

LOS CONSEJEROS Y SUS PROHIBICIONES. El CNE está integrado por cinco consejeros, electos por mayoría calificada de los dos tercios de votos de la totalidad de miembros del Congreso Nacional por un período de seis años, pudiendo ser reelegidos. El mandato se renueva de manera escalonada, de acuerdo con la Ley.

Entre las prohibiciones que tendrá el Tribunal de Justicia Electoral son que los postulantes tengan vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el presidente, los secretarios de Estado, los diputados y los dirigentes nacionales o departamentales de los partidos políticos.

Tampoco accederán al cargo de magistrados aquellos que en los últimos diez años hayan sido «dirigentes de nivel nacional, departamental o municipal de los partidos; hayan ocupado funciones de confianza o cargos de responsabilidad política en el gobierno nacional o local; hayan sido candidatos a cargos de elección popular».

«Los magistrados del TJE no podrán realizar o participar de manera directa o indirecta en ninguna actividad partidista, ni desempeñar ningún cargo remunerado, excepto la docencia».

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