HomeNacionalOEA y ONU advierten graves consecuencias ante «Ley mordaza» impuesta por el orlandismo

OEA y ONU advierten graves consecuencias ante «Ley mordaza» impuesta por el orlandismo

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras expresaron ayer su preocupación ante la aprobación de las reformas al Código Penal ya que califica de “terroristas” a los comunicadores y medios.

A través de un comunicado conjunto de ambas oficinas, advirtieron que el estigma que se pretende imponer a los periodistas hondureños “pueden tener un impacto negativo en el ejercicio y goce legítimos de los garantías y derechos humanos fundamentales y la protección y la promoción de la libertad de expresión en el país”.

“El 21 de febrero el Congreso de Honduras aprobó una reforma al artículo 335 del código penal que tipifica el delito de terrorismo; el 22 de febrero, en la misma ley, fue agregado y aprobado el artículo 335 B que tipificó el delito de apología e incitación de actos de terrorismo, dirigido a castigar a ‘quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinada al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de esté será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión’”, advierte el comunicado.

Ambos organismos, según el comunicado, “ven con preocupación la ambigüedad de los tipos penales aprobados ya que facilitan interpretaciones amplias que pueden conllevar a la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y la naturaleza del delito de terrorismo”.

“La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos”, señala la misiva.

Si bien corresponde al Estado la determinación de las conductas que van a ser calificadas como delitos en su obligación de tomar medidas para proteger la vida, integridad y seguridad de la población hondureña, prosigue la carta, del principio de legalidad se derivan elementos que deben ser observados por los Estados al momento de ejercer la mencionada potestad.

“En ese sentido los tipos penales deben estar formulados sin ambigüedades, en términos estrictos, precisos e inequívocos, que definan con claridad las conductas sancionadas como delito, estableciendo con precisión cuáles son sus elementos y los factores que les distinguen de otros comportamientos que no constituyen conductas ilegales o son sancionables bajo otras figuras penales. Las disposiciones penales que tipifican conductas de forma amplia, vaga o ambigua, posibilitando su aplicación arbitraria en diferentes contextos, incluido el de las manifestaciones públicas y la defensa de los derechos humanos resultan contrarias al principio de legalidad”, advierte.

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