jueves, noviembre 26, 2020
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Otro fallo de la fiscalía: por chismes de menor arrestaron a dos jóvenes y fueron dejados en libertad

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Los errores del Ministerio Público suman y siguen. En esta ocasión, por falta de pruebas científicas, testificales, documentales sólidas y una denuncia que fue basada en rumores y chismes, un juez penal dejó en libertad a dos jóvenes acusados de violación especial contra una menor de edad, ocurrido a mediados de octubre en la comunidad de Santa Ana, unos 22 kilómetros al sur de la capital de Honduras.

El operador de justicia, según la información que logró obtener este periódico, no pudo demostrar que Jonathan Arturo Vásquez Vásquez y Frank Alberto Rivas Gutiérrez participaron en el ultraje de una menor, por lo que ambos fueron dejados en libertad luego de haber permanecido seís días en la cárcel mientras duró la investigación.

La acusación se fundamentó en rumores de la denunciante, por lo que orilló a la fiscalía de la niñez a imputarlos por los delitos de violación especial y encubrimiento, pero el juez desestimó la causa porque no habían evidencias concluyentes ni claras que Vásquez Vásquez y Rivas Gutiérrez hubieran sido los autores materiales e intelectuales de la agresión.

De acuerdo a la narración hecha por el organismo, los imputados fueron sujetos de «detención preventiva» por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), luego que recibieran la denuncia, pues aseguraron que la agresión ocurrió «cuando la escolar iba camino a la escuela y de repente se detuvo un vehículo y uno de los ocupantes le dijo que se acercara».

«De inmediato la niña se aproximó y los acusados procedieron a subirla al carro por la fuerza y la llevaron con rumbo desconocido y abusaron de ella», detalló un comunicado.

Sin embargo, la afectada indicó durante una audiencia que los hechos no ocurrieron de la forma como fueron planteados por la fiscalía de la niñez en el requerimiento contra los dos muchachos.

Al respecto, la portavoz de los tribunales, Bárbara Castillo, informó que la liberación de los dos jóvenes ocurrió porque la afectada «cuando estaba en la Cámara de Gesell (utilizada para entrevistar a menores maltratados y abusados por mayores) cambió la versión y dijo que eran diferentes los hechos».

«No es culpa del Ministerio Público, sino que la víctima manifestó de que fueron diferentes los hechos como habían sido planteados durante la denuncia», comentó la portavoz a ConfidencialHN.

Por esa revelación, los dos sospechosos fueron liberados; uno de ellos recibió sobreseimiento definitivo y el otro quedó con sobreseimiento provisional, declaró Castillo a este periódico.

Sin embargo, Vásquez Vásquez y Rivas Gutiérrez fueron exhibidos por el brazo armado del Ministerio Público el día que fueron aprehendidos; sus imágenes fueron divulgadas en los medios, quienes reprodujeron la información sobre el supuesto ultraje y su respectivo encubrimiento a fin de que ambos no fueran sujetos de acusación penal.

En consecuencia, su reputación y honorabilidad fueron mancilladas por la denuncia que no pudo ser sustentada ya que ninguna evidencia logró conectarlos con el ultraje sexual que habrían cometido. Asimismo, se les violentó su condición de inocencia.

Aunque la Constitución garantiza el principio de inocencia mientras no son vencidos en juicio, la ATIC -dirigida por Ricardo Castro- tomó la maña de mostrar en público a quienes tienen acusaciones en su contra, sin importar si la persona no tuvo relación con el hecho. La agencia sólo busca notoriedad e inflar resultados al hacer pasar a inocentes por culpables a fin de recibir una palmada en el hombro por el fiscal general. En últimas líneas, todos los arrestados son culpales hasta que no se les demuestre lo contrario

Es la enésima vez que el denominado defensor de los intereses de la sociedad comete graves pifias al no acreditar de forma científica y legalmente las pruebas ante el sistema judicial, logrando que los sospechosos de cometer delitos salgan libres o queden, con sobreseimiento provisional o, en el peor de los casos, que sus fiscales cambien los delitos y que suelen colindar con el dolo y la prevaricación.

Por tales «planchones» han visto obligados a pedir disculpas a los propietarios de viviendas porque no corroboraron la información o por lograr que algunos condenados, como la exjefa de ingresos de la alcaldía de San Pedro Sula, Ada Muñoz, lograra un sobreseimiento por un delito que cometió mientras fungió en el cargo; no obstante, purga una condena de siete años de prisión por haber incurrido en fraude.

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