Persecución contra expolicías fue por chismes del Tigre Bonilla y avalado por Julieta y ASJ

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Los requerimientos fiscales contra unos nueve oficiales de Policía en retiro y depurados de la fuerza pública, fueron elaborados a partir de rumores e infidencias de Juan Carlos el Tigre Bonilla a fin de ‘cobrarse’ viejas rencillas que habría tenido con algunos de ellos, bajo la protección de la exrectora Julieta Castellanos y las cabezas visibles de la paraestatal Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). 

La Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial (Ufadpol) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) efectuaron pesquisas contra exjefes del cuerpo y otros comisionados que fueron pasados a retiro o depurados, con base a los dichos de el Tigre, según una fuente fidedigna de la fiscalía que está abordando el caso. 

El informante -cuyo nombre se mantiene en total reserva para evitar represalias- confirmó a este periódico y a Radio Globo de que los expedientes contra exmandos fueron basados en comentarios y rumores de Bonilla y la promotora de la persecución y linchamiento penal es Castellanos. 

Asimismo, la fuente que labora para el Ministerio Público confirmó que los depuradores Omar Rivera y Carlos Hernández están avalando la cacería contra los denominados “cuadros incómodos”.  Confirmó que un testigo falso, aportó información que no pudo ser corroborada; sin embargo, las presiones de Castellanos, Rivera y Hernández han hecho que la causa siga adelante a pesar que no hay asideros legales para emitir requerimientos contra los exfuncionarios del orden.       

La participación del testigo, agregó, contó con el aval de los interventores para proporcionar datos incorrectos y que tienen con un pie en la cárcel a los exjefes de la Policía Nacional. Cabe recordar que el individuo se autoexilió en Perú tras haber hecho comentarios públicos que, según él, ponían en peligro su integridad física. También se le recuerda que durante un foro de televisión dijo que no conocía a uno de los altos oficiales, precisamente, a Ricardo Ramírez del Cid. Además, esta persona narró en un testimonio de que “había escuchado a través de las paredes” una conspiración montada por policías supuestamente para matar a Alfredo Landaverde.

Este periódico supo de primera mano las reacciones de varios exfuncionarios policiales y oficiales que pasaron a retiro o fueron echados por la junta depuradora de que son perseguidos por Castellanos, quien perdió a un hijo en octubre de 2011 a manos de varios agentes y que ha enviado al presidio a Jorge Alberto Barralaga, quien imputado por presuntos delitos a solicitud de la exrectora de la UNAH.  

ConfidencialHN dio con el expediente 1480362901-2016, asignado el 13 de enero de 2017 a la fiscal Sonia Cálix y a una agente de la ATIC, identificada como Helen R., imputa al comisionado Ramírez del Cid de lavado de dinero ya que los depuradores pidieron en agosto de 2016 que lo investigaran por hechos que, según ellos, “se consideraron tipificados como delito de lavado de activos”. 

Los resultados de la investigación que tiene en su poder este periódico y Radio Globo, no obstante, evidencian que no hay conclusiones que el exjefe haya incurrido en tal delito, entre ellos, que está “pendiente” alguna información financiera o su respectivo análisis, la “ubicación” de bienes inmuebles y “otras que pudieran ir surgiendo en la investigación”. 

Algunos conocedores del tema precisaron que la junta depuradora sacó del camino cualquier “pieza incómoda” a sus intereses ya que los reportes que envió a la extinta Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), ahora Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) basado en chismes de pasillo, publicaciones periodísticas y aquellas que no tienen asidero legal. 

De los pocos exjefes que no han sido procesados por presuntas irregularidades en su cargo ha sido Bonilla, por ser protegido de Castellanos. En cambio, otros como Lorgio Oquelí Mejía Tinoco (prófugo por vínculos con el crimen), Constantino Zavala (preso en EE.UU. por narcoactividad), Marco Tulio Palma, José Orlando Leiva Natarén, Sauceda Guifarro y otros, tienen procesos en su contra o están por ser presentados ante la justicia. 

Respecto al expediente de Sauceda Guifarro, apuntaría a una acusación contra el actual jefe de recursos humanos y exportavoz policial Leonel Sauceda, aunque este se mantiene en secretividad. 

Las rencillas que ha mantenido Bonilla contra Ramírez del Cid datan de varios años. De hecho, el Tigre fue acusado por su excompañero de la fuerza de estar detrás de la muerte de un hijo, ocurrido a inicios de 2013. Rememoró en aquella ocasión que el comisionado estaba a inmediaciones de la zona donde ocurrió el hecho violento.  

Los expedientes y relatos de personal de la fiscalía directamente vinculada al caso, a los cuales accedió ConfidencialHN y Radio Globo dan constancia de cómo se fue conspirando contra los exjefes policiales por el Juan Carlos el Tigre Bonilla, protegido de la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, y contó con el aval de la paraestatal ASJ a fin de profundizar la purga que vive la Policía Nacional de Honduras.  

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