HomeNacionalPoder Judicial da visto bueno a reformas del 183 y 184 del Código Procesal Penal para favorecer a privados de libertad

Poder Judicial da visto bueno a reformas del 183 y 184 del Código Procesal Penal para favorecer a privados de libertad

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La Sala Penal del Poder Judicial envió hoy al Congreso Nacional la opinión sobre las reformas a los artículos 183 y 184 del Código Procesal Penal, sobre el proyecto de reforma al régimen de libertad condicional que está contemplado en el actual Código Penal y la futura legislación que entrará en vigencia a partir de mayo, así como la aprobación de normas transitorias para su efectivo cumplimiento.

Esta respuesta, que fue solicitada por el secretario del Legislativo, Tomás Zambrano, indica que las reformas son procedentes, con relación a los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 que están relacionados con la revisión de las medidas cautelares, régimen de libertad condicional, entre otros que vienen a beneficiar a los privados de libertad.

«La opinión es procedente para reformar los artículos 183 y 184 del Código Procesal Penal 9-99-E, en los términos señalados en la presente opinión; reformar los artículos 84, 632 y 635 del Código Penal 130-2017, en los términos señalados en la presente opinión; y la aprobación de los artículos 2 transitorio (del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales), artículo 3 transitorio (actuaciones judiciales en general), artículo 4 transitorio (revisión de medidas cautelares), artículo 5 transitorio (revisión obligatoria de la medida cautelar de prisión preventiva) y artículo 6 transitorio (revisión de la reclusión a perpetuidad, régimen de la libertad condicional y trastorno penal sobrevenido del penado), en los términos establecidos en la presente opinión», indicaron en el escrito los tres magistrados que conforman la Sala Penal.

Asimismo, los altos jueces consideraron que esta opinión «se refiere como transitorio en relación a las reformas temporales que se proponen, una vez pasada la emergencia del Covid19, debe volver a su estado normal, con excepción de los artículos que ponen en vigencia antelada al Código Penal».

La reforma propuesta -apunta el escrito- en donde se eliminan consideraciones de pleno derecho para la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, debe realizarse no solo consecuente al derecho al estado material de inocencia, «sino que además debe estar en armonía con otros derechos esenciales, como ser la tutela judicial efectiva y derecho inviolable a la defensa, todos reconocidos en las normas del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y en la Constitución de la República».

Con relación a las reformas al apartado 183 del Código Procesal Penal, se indicó que «el legislador debe considerar en la reforma que tanto el Código Penal 144-1983 como el Código Penal 130-2017, recogen diversas causas de justificación, las que tienen idéntica repercusión en la composición del delito (específicamente en la antijuricidad del hecho), por lo que en observancia al principio de igualdad debe el Estado de Honduras considerar dar el mismo tratamiento a toda persona que actúe bajo cualquiera de esas causales».

«El artículo en su numeral 4 considera la imposibilidad de imponer la medida cautelar de prisión preventiva a las personas con una enfermedad en fase terminal, pero no considera a aquellas personas que tengan una enfermedad incapacitante que si bien no sea de carácter mortal, les haga depender de un tercero para su sobrevivencia y por tanto sea inconveniente su internamiento en un centro de detención», destaca la opinión.

Por tanto, se verán beneficiados las personas mayores de setenta años, las mujeres en estado de embarazo, las madres durante la lactancia de sus hijos, las personas afectadas por una enfermedad permanente e irreversible que lleve a la vida a una fase terminal o que incapacite a la persona procesada en grado tal que dependa de manera absoluta de un tercero para su sobrevivencia o cuando se acredite cuando menos, fundamento racional de que la persona acusada actuó bajo una causa de justificación.

Acerca de las reformas al artículo 184 de la referida norma, se propone que vuelva a su estado original, eliminando cualquier estipulación legal para la imposición obligatoria de la medida cautelar de prisión preventiva y la Sala Penal recomendó que se deje la posibilidad al tribunal de justicia de elegir, en cada caso, la medida o medidas cautelares que se ajusten más convenientemente al caso concreto.

En este aspecto, se precisó que las medidas pueden ser aplicadas de manera simultánea o sucesiva, que el juez velará por el estricto cumplimiento de la medida impuesta, para lo cual deberá contar con el apoyo de la Policía Nacional y que las medidas alternativas a la prisión preventiva no podrán imponerse si existe grave riesgo de que no se logre la finalidad perseguida.

«En los casos en que el imputado no tenga capacidad para rendir una caución de naturaleza económica, podrá decretarse caución juratoria, la cual consistirá en prestar juramento de someterse al procedimiento. La caución juratoria deberá decretarse conjuntamente con la medida a que se refiere el numeral 6) del Artículo 173 y cualquiera otra que el juez considere conveniente».

La Sala Penal reafirmó que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; ahora bien en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías».

La entidad adcrita a la Corte Suprema de Justicia admitió que la reforma al 184 efectuado en 2013 «tuvo como consecuencia el incremento considerable de las personas privadas de libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva pasando en el 2012 de 5,912 personas al 09 de marzo de 2020 a 12,678 privados de la libertad cautelarmente, representando un 58% de la población penitenciaria, con una tasa de crecimiento anual de 7.04%, además de propiciar situaciones de hecho cuestionables como la calificación de delitos por parte del Ministerio Público con el único objeto de asegurar la imposición de la medida cautelar en cuestión sin la necesidad de acreditar los presupuestos legitimadores para su imposición».

Tal reforma -explica la Sala Penal- «además originó discusiones sobre una posible colisión con el derecho al estado material de inocencia, al grado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de la visita in situ realizada a Honduras entre 30 de julio al 03 de agosto de 2018, señaló que ‘La Comisión recuerda que la aplicación obligatoria de la detención preventiva con base en el tipo de delito es contraria a la Convención Americana, y constituye una interferencia del legislador en las facultades de valoración que competen a la autoridad juridicial. El establecimiento de la prisión preventiva debe partir de la consideración al derecho a la presunción de inocencia y aplicarse de conformidad con los principio de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad'».

“Actualmente la ocupación de los centros penitenciarios –con capacidad para alojar 10.814 personas– supera casi el doble de su capacidad real de alojamiento, con una tasa del 88% de sobrepoblación. La cifra actual de la población carcelaria representa un crecimiento del 73.6% en los últimos seis años. En particular, la CIDH advierte que desde los datos aportados durante su visita en diciembre de 2014, dicha población ha aumentado en un 37.5%. Asimismo, la prisión preventiva se presenta como una de las principales causas que repercute en los altos niveles de hacinamiento, y constituye uno de los problemas más graves que enfrentan las personas privadas de libertad en Honduras. Dicha problemática se refleja en el alto porcentaje de personas detenidas bajo este régimen, el cual constituye más de la mitad del total de la población carcelaria. De igual forma, la CIDH advierte que la prisión preventiva afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Según cifras estatales, mientras un 52.1% de los hombres no han recibido condena, un 67.8% de las mujeres se encuentran bajo este régimen”.

Sobre el cumplimiento de los fines de la pena, la opinión destaca que «para la fase de ejecución, el Código Penal 144-83 prevé la Libertad Condicional como mecanismo de inserción controlada del reo a la sociedad luego de un tiempo de cumplir la pena de privación de libertad; institución que igualmente se encuentra prevista en el Código Penal 130-2017 con diferencias importantes en su regulación».

El proyecto de ley que ahora se analiza prevé disposiciones para la implementación de la libertad condicional con una variación de requisitos a los establecidos en la actualidad, ello con el fin de hacer más accesible tal beneficio a la población penitenciaria, con lo cual se atendería la recomendación dada por la CIDH, en su informe de país de 2019, cuando el organismo urgió al Estado «a realizar acciones dirigidas a aplicar de manera eficiente las iniciativas existentes que prevén la aplicación de beneficios de excarcelación, que además de reducir la población carcelaria, propician la reinserción social de las personas privadas de libertad…”.

Respecto a la reforma del régimen de libertad condicional, se planteó que la primera alternativa es la aprobación de un artículo transitorio que posibilite el otorgamiento del beneficio legal a las personas que se encuentren dentro de la población de riesgo al contraer el virus Covid19, siempre que éstos satisfagan los requisitos que establece el artículo 76 del Código Penal vigente, con la diferencia de que la proporción de cumplimiento de la pena de reclusión sería solamente un tercio de los plazos establecidos en dicha norma, siempre y cuando la pena fuese superior a 03 años y no supere los 12 años de reclusión y un tercio de las tres cuartas partes de la pena cuando fuese superior a los 12 años de reclusión.

La segunda alternativa radica en que entre en «vigencia de manera antelada de artículos del Código Penal 130-2017 que regulan la Libertad Condicional. De las dos opciones, la Sala Penal se decanta por la segunda ya que aparte de colocar como elegibles a privados de libertad para ser beneficiados con la Libertad Condicional, tiene la ventaja de que al mismo tiempo podrían ponerse en vigor otras normas que vendrían a completar el nuevo régimen de Libertad Condicional, así como normas que contemplan otros beneficios como ser: a.- Régimen Ordinario de Libertad Condicional; b.- Régimen Extraordinario de Libertad Condicional; c.- Suspensión de la pena de Reclusión a Perpetuidad; d.- Medidas reguladoras de la libertad a los beneficiarios de la libertad condicional y la suspensión de la reclusión a perpetuidad; y e.-Suspensión de la pena de reclusión a las personas con trastorno mental sobrevenido».

Esta opinión deberá ser introducida al pleno de parlamentarios a fin de ser discutido y aprobado a fin de que los cambios sean efectivos, según indicaron directivos del Congreso.

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