Estás aquí
Inicio > Nacional > Poder Judicial desestima petición del CNA y reafirma entrada de nuevo Código Penal

Poder Judicial desestima petición del CNA y reafirma entrada de nuevo Código Penal

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El pleno de magistrados del Poder Judicial desestimó el jueves la iniciativa presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) respecto al nuevo Código Penal, por lo que la referida norma entrará en vigencia a partir del 10 de mayo próximo.

Entre las conclusiones dictadas por la Corte Suprema de Justicia «señala que si existe necesidad de revisión inmediata del Código Penal contenido en el Decreto Legislativo 130-2017, ello no implica que el cuerpo normativo como conjunto deba desecharse, pues la conveniencia de revisión normativa si bien importante es mínima en consideración a su todo, el que indiscutiblemente actualiza el sistema penal hondureño en la ciencia del derecho sustantivo, humanizando el poder punitivo del Estado, ajustándose a la modernidad de las modalidades criminosas como la informática y la telemática, y brindando una respuesta más efectiva a la ciudadanía».

Asimismo, la resolución precisa que la actual legislación penal «contiene normas que dan una respuesta inadecuada al fenómeno del delito: incumple los compromisos asumidos por Honduras en distintos instrumentos internacionales, imposibilita en algunos casos la cooperación internacional penal ante el desfase de figuras delictivas con el derecho comparado».

Añade que «mantiene vigente delitos ya en desuso, hace tipificaciones delictivas ambiguas, establece una escala de penas abstractas ajena a un sentido de proporción en atención al bien jurídicamente tutelado, prevé la pena de reclusión prácticamente la única sanción al delito, contempla cuantías de las penas desproporcionales al grado de culpabilidad de los responsables, regula la conmuta siendo esta una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo; en fin el Codigo Penal 144-83 ha sobrepasado el tiempo histórico para el cual fue concebido, siendo urgente el momento de su derogatoria».

Entre las sugerencias que realizaron los magistrados es que la nueva norma «requiere la revision de aspectos puntuales en su normativa como la inclusión de la figura del cómplice necesario, la inclusión de la graduación de responsabilidad por delitos de muchedumbre, la consideración de incluir en ciertos delitos corporativos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una graduación más adecuada de las penas en los delitos en perjuicio de la administración pública y en delitos que tienen que ver con el narcotráfico».

También señalaron que la nueva ley sustantiva penal, representa más que un esfuerzo legislativo, una oportunidad para Honduras de replantear «la visión o de readecuar el ejercicio del Poder Punitivo del Estado, que se despliega al amparo del Derecho Penal, mediante la coerción estatal, para responder de manera más eficaz al fenómeno del delito, estableciendo un balance entre este y las garantías individuales».

«Las normas del nuevo Código Penal son realizables, actualizadas y adaptadas a nuestra propia realidad, a nuestro entorno social y cultural; normas que no son perfectas, pero si perfectibles y que plantean una reforma integral de todo el sistema de administración de justicia penal, que en balance tiene más aspectos positivos que negativos en comparación con la actual codificación penal.

Se menciona que la nueva normativa debe buscar un equilibrio entre el principio de intervención mínima del derecho penal y las crecientes necesidades de tutela social, cada vez más demandante y compleja, dado la diseminación de formas delincuenciales tradicionales que han encontrado nuevas formas de realización.

«El Derecho Penal sustantivo, debe ser un conjunto de normas que regulen el uso de la fuerza estatal dentro de los limites de la dignidad humana, ello solo sera posible si se tiene presente que el Derecho Penal es un derecho fragmentario y que el Estado solo debe acudir a el cuando no sea posible regular la conducta mediante otras ramas del derecho; el Derecho Penal no puede ser concebido como el instrumento de solución a los conflictos sociales, tampoco como una herramienta meramente intimidatoria para quienes contemplan el delito como alternativa y ejemplarizante para quienes se les considere culpables de ellos, puesto que ya la experiencia hondureña nos ha enseñado que esto genera como consecuencia el incremento desproporcionado de penas sin efectividad alguna en el índice delictivo con el irremediable daño a la dignidad humana».

«El Código Penal debe ser Derecho Constitucional desarrollado, donde se incluyan la defensa de los intereses generales de la sociedad, pero ademas los intereses de aquellos de grupos minoritarios, cuya condición exige protección especial a efecto de ponerlos en un plano igualitario que sus pares, buscando que el Código Penal sea de todos y para todos», indicaron los magistrados.

Top