HomeNacionalPolicías militares ultrajaron a una privada de libertad en cárcel de El Progreso; requerirán a jefe del operativo por abuso de autoridad

Policías militares ultrajaron a una privada de libertad en cárcel de El Progreso; requerirán a jefe del operativo por abuso de autoridad

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

«Casi me matan a golpes, intentaron violarme. Fue horrible. Todos estaban casi drogados y borrachos porque les gritamos ladrones en el sentido que nos robaron hasta la comida a nueve de nosotras y a otra la violaron en la iglesia».

Este es el relato de una de las privadas de libertad que fue torturada por efectivos de la Policía Militar del Orden Público el pasado 25 de diciembre dentro del penal de El Progreso cuando realizaron un operativo sorpresa, ya que se encontraban en evidente estado de ebriedad, según pudo constatar este periódico mediante fuentes creíbles.

Por este ataque que sufrieron las mujeres que se encuentran confinadas en uno de los módulos de la prisión norteña, ya se abrió una investigación penal que va contra un alto mando militar que ordenó el operativo, de acuerdo a un informe preliminar al que tuvo acceso Radio Globo y ConfidencialHN, por lo que se prevén inminentes requerimientos fiscales contra el funcionario y quienes torturaron y ultrajaron a las afectadas.

Una de las juezas de ejecución, identificada como Mildred López, elaboró el informe sobre lo ocurrido durante el martes anterior, cuando los militares, procedieron a golpear con tablas, cables eléctricos y objetos romos a las mujeres mientras decomisaban hasta las pulseras que habían elaborado y que estaban listas para su respectiva comercialización.

De hecho, se hace constar en el informe que está en manos de la fiscalía de DDHH, que al momento del operativo los soldados se encontraban en evidente estado de ebriedad ya que las testigos pudieron percibir que en sus alientos habían restos de alcohol, este extremo sería considerado como un agravante para solicitar el encarcelamiento de los que participaron en el operativo que concluyó en masivas violaciones a garantías individuales.

La bitácora de hechos, que está en poder de las autoridades, confirma que alrededor de las 5:30 de la mañana ingresaron alrededor de 200 militares bajo el mando de los coroneles Óscar Manuel Nájera y Ramiro Fernando Muñoz. También ingresó el subinspector de Policía Fernando Méndez con unos 22 agentes y miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Además, aparecen en el libro de novedades las fiscales Ángela Aguilar y Vilma Mairena, quienes supervisaron el operativo.

Con relación a los actos vandálicos cometidos por los policías militares, una de las agredidas dijo que los funcionarios comenzaron a llevarse todo, incluyendo alimentos preparados para el desayuno, almuerzo y cena, por lo que les reclamaron del porqué incurrían en un abuso de autoridad y que fue el detonante para la brutal agresión.

«Luego que les reclamáramos nos comenzaron a golpear con pedazos de madera y alambre eléctrico; a una de ellas la violaron, eran nueve pero solo a una violaron. Todos ellos, andaban calientes, con olor a trago o borrachos y otros drogados», dijo una de las reclusas a personal del Poder Judicial que participó en la investigación.

Otra  de las afectadas, es de nacionalidad colombiana y la embajada de ese país le tomó declaración jurada en torno a los hechos ocurridos dentro del penal progreseño. Asimismo, una de las fuentes familiarizadas con ese incidente comentó a este periódico que la legación diplomática solicitó el informe pormenorizado de los hechos para elevar una queja formal ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque se da por descontado que el reclamo no tendrá connotaciones mediáticas por la excelente amistad que mantiene Juan Orlando Hernández con Iván Duque.

El documento que elaboró la jueza López contiene una serie de datos que ayudarán a esclarecer cómo los miembros de la Policía Militar maltrataron física, psicológica y sexualmente a las mujeres, quienes temen por sus vidas luego de la brutal incursión, pues alegaron que destruyeron casi todo, incluso los techos de algunas celdas, de acuerdo a las imágenes que tienen en su poder ambos medios.

Las víctimas denunciaron ante el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la Tortura (CPTRT) los malos tratos que recibieron durante el día de la navidad, por lo que sus apoderados legales procedieron a interponer la denuncia ante el Ministerio Público.

A pesar de que tanto el CPTRT y la fiscalía de DDHH tienen conocimiento y documentaron la paliza y agresión sexual, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, Tito Livio Moreno, negó la agresión, por lo que automáticamente se convierte en encubridor.

“Las fotografías son de las señoras que aparecen allí, en ningún momento aparece un militar u otro miembro. Además estaban la Policía Nacional, Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (Fnamp), Policía Militar y fiscales”, dijo y añadió que “los privados de libertad se van oponer y buscar muchas excusas para debilitar este proceso”.

Trató en su momento de justificar la paliza al sostener que «desde las cárceles mandan órdenes a grupos criminales que están libres para seguir cometiendo actos ilícitos que son abusos a la población hondureña».

La postura de Moreno es comprensible: en su momento fungió como comandante de la Policía Militar y durante su gestión se documentaron varias violaciones a DDHH contra personas que fueron requeridas por la supuesta comisión de delitos. El historial de agresiones de esta fuerza datan desde 2013 cuando fueron creadas por el actual jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández para, según él, combatir la delincuencia.

Este es el primer hecho delictivo que comete la entidad luego que Hernández ordenara la intervención del sistema penitenciario a fin de «controlar» la oleada de violencia que se vive en los 18 presidios que operan en Honduras.

Organizaciones defensoras de DDHH advirtieron en su momento que la remilitarización de las cárceles provocaría abusos por los militares ya que no están preparados para atender a los privados de libertad.

Fusina ha permanecido desde hace varios años en apoyo a las autoridades carcelarias, sin embargo, su presencia no ha ayudado a frenar los hechos violentos; desde que asumieron el control del Instituto Nacional Penitenciario (INP), se reportan alrededor de 37 personas muertas en reyertas en los presidios de mínima seguridad de Tela y El Porvenir.

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