martes, diciembre 1, 2020
Inicio Nacional Políticos y empresarios aprovecharon y sobrevaloraron compras directas ordenadas por JOH

Políticos y empresarios aprovecharon y sobrevaloraron compras directas ordenadas por JOH

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Primera parte) La corrupción del régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández tiene nombres, apellidos, prontuarios criminales y nefastos antecedentes, vinculados al saqueo de las dependencias estatales para seguir manteniendo a un hombre sindicado por vínculos con la delincuencia organizada y narcotráfico.

Las piezas fueron sutilmente movidas en los últimos años a posiciones con el objetivo de seguir drenando capitales para mantener aceitada la maquinaria del fraude para mantener un fin común: sostener a cómo dé lugar al ocupante del palacio José Cecilio del Valle para no ser perseguido por la justicia de EE.UU. que lo tiene en la mira.

Entre las personas que están sindicadas en esta megatrama corrupta que data de hace una década, se encuentra el suspendido administrador de Copeco, Christian Elías Santelí Echeverría, quien tuvo relación con el megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El único pecado de este personaje fue -de manera inocente o adrede- colocar en el portal de la Secretaría de Finanzas una lista de enseres que no son necesarios para atender la emergencia del coronavirus.

Claro está que tal jugada «inocente» no es siquiera el 0.001 por ciento del saqueo de recursos, pero el hecho de colocar a Santelí, vinculado al exdirector del IHSS, Mario Zelaya, en la administración de Copeco, solo evidencia que estos operadores fueron movidos para no llamar la atención de los operadores de justicia.

El hecho de que el secretario privado de Hernández, Ricardo Cardona, pidiera al comisionado Gabriel Rubí que  lo suspendiera mientras se investiga el percoladorazo, es apenas un control de daños a fin de mantener inmune el inner circle que hace el trabajo sucio al líder azul. En su descargo, Rubí indicó que él no tuvo responsabilidad con la información enviada a la Secretaría de Finanzas ya que esa función corresponde a la gerencia administrativa.

«Hay que presentar facturas y documentos oficiales de compra al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y no debe ser hecho en un cuadro de Excel como lo presentaron», en el sentido que los informes divulgados en el portal de transparencia «es un plan de inversión que envió Copeco para que les hicieran efectivos los fondos que enmarcan la ley».

Al trasluz de la suspensión de Santelí, la red corrupta enquistada en la administración pública busca mantenerse blindada, tras ella hay altos funcionarios y sus parientes que se volvieron férreos defensores del régimen según documentos que fueron entregados a este periódico.

PADRE E HIJO EN NEGOCIOS CON JOH. No solamente los cuadros corruptos vinculados directa o indirectamente a Hernández han estado operando para seguir drenando del Estado.

También se encuentran hijos de potentados empresarios, como Alberto Sikaffy, uno de los vástagos del presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, ya que vendió un túnel nebulizador para rociar químicos que deberían aniquilar el Covid19.

Radio Globo ConfidencialHN pudieron confirmar el lazo de esta empresa con los Sikaffy a través del número de Registro Tributario Nacional y los constantes retuits que suelen hacer en la red social Twitter.

El pasado 13 de abril, reuiteó un exhorto hecho por su padre, en el sentido que «el Cohep, en aras del compromiso con la transparencia, solicita formalmente al gobierno que publique toda la información sobre compras realizadas durante este periodo de emergencia, incluyendo precios, nombres de proveedores, fechas de entrega, condiciones de pago, entre otras».

Al verificar el giro comercial de la firma Inversiones SD, administrada por el joven empresario, no necesariamente se dedica a la venta de insumos biomédicos o equipos hospitalarios.

El sitio de Facebook de la empresa revela que la principal actividad son los bienes raíces, por lo que resulta incompatible que de la noche a la mañana haya migrado hacia el negocio de la salud.

Sikaffy promocionó desde el pasado 13 de abril el producto de higiene -cuyo costo ronda los siete mil dólares-, al explicar que «de acuerdo con la emergencia sanitaria les presentamos Water Drop. Consiste en un módulo inflable con una estructura ideal donde se logra desinfectar el 99.99% de superficies al contacto La rapidez y practicidad de nuestro producto se convierte en nuestra prioridad… Entregas inmediatas a partir del 24/04/2020″.

Si bien el Ejecutivo autorizó al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), dirigido por Rubí, y a la Secretaría de Salud que coordina Alba Consuelo Flores, a realizar compras directas como indica la Ley de contratación del Estado, pero el surgimiento del apellido Sikaffy en documentos privados sugiere que hubo fuertes influencias para que se pudiera concretar el negocio.

El hecho que Inversiones SD promocione estos aparatos de higiene (y que pocos puedan comprarlo por su oneroso costo), apunta que hubo contactos con el palacio José Cecilio del Valle para cerrar tratos que se traducen en generosas sumas de dinero.

Una cotización hecha por Radio Globo ConfidencialHN halló que los túneles de desinfección, vendidos por Sikaffy, tienen un valor en el mercado de 899 dólares si se realizan compras de 1 a 99 piezas, mientras que lotes superiores a las 100 unidades son comercializados a un costo de 400 dólares.

Hay que rememorar que el titular del Cohep ha optado por tener una postura pro oficialista; en sus comparencias, ha hecho caso omiso a las presiones populares para que se pronuncie contra los casos de corrupción, así como los vínculos de Hernández con el narcotráfico.

COMPRAS MISTERIOSAS DE INVESTH. En esta primera entrega de los actos de corrupción que se están cometiendo en la administración nacionalista, uno de los operadores en la trama corrupta, Inversión Estratégica de Honduras (Investh), dirigido por Marco Bográn, ha efectuado compras misteriosas de insumos biomédicos  a empresas de telecomunicaciones por fuertes sumas de dinero.

La orden de compra 017-2020, emitida el 9 de abril anterior, se especifica que Investh compró productos a la empresa estadounidense Access Telecom, ubicada en Miami, por un total de tres millones 547 mil 500 dólares que fue elaborada por el gerente administrativo Alex Moraes.

Resulta hasta raro que el consorcio creado para mantener la red vial acuda a proveedores de telecomunicaciones para conseguir aparatos sanitarios. Una búsqueda efectuada por este periódico da constancia que Access Telecom no está habilitada para la venta de productos hospitalarios, sino la prestación de servicios tecnológicos a grandes firmas asentadas en EE.UU.

«Hacemos que la tecnología móvil sea accesible para todos. Suministramos más de 1 millón de dispositivos de los principales fabricantes de la industria a miles de clientes cada año, desde operadores de sistemas privados hasta agentes, revendedores, distribuidores y tiendas… Los servicios de extremo a extremo nos colocan un paso adelante en lo que respecta al servicio al cliente y la satisfacción», señala el sitio web de la empresa.

Uno de los contactos que aparece en la orden de compra es Arturo Maduro, sin embargo, su nombre completo es Arturo Osmond Maduro Zelaya -familiar del expresidente Ricardo Maduro-, posee a su favor unas 10 empresas de acuerdo a los registros de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).

Maduro, aparte de ser el enlace con Access Telecom, es socio de Inversiones del Itsmo SA (ya caducada), con número de matrícula 100900000150 y Distribuidora de Teléfonos SA de CV, con registro 68056 y otras que están vinculadas a la agroindustria, frutas y verduras y cosméticos.

Otra empresa que también fue contratada por Investh para adquirir mascarillas fue Grupo GYT SA de CV, registrada en la CCIT con la matrícula 100900001251, propiedad de Juan José Lagos, quien fungió en su momento como presidente del club deportivo Real de Minas y señalado en otras investigaciones como proveedor directo del Registro Nacional de las Personas.

En su momento, Lagos se vio beneficiado con contratos para proporcionar papel de seguridad al organismo. El monto cancelado a la empresa -a través de la orden de compra 019-2020- fue por un total de 50 millones 836 mil 500 lempiras y la forma de pago fue un 40 por ciento de anticipo y 60 por ciento a contra entrega del producto encargado por Investh.

Cabe recordar que el equipo Real de Minas fue financiado con recursos del RNP y la mayoría de los jugadores son empleados.

INVESTH FOMENTA LA CORRUPCIÓN. En estas compras de emergencia se pasaron por alto los lineamientos de la Ley de contratación del Estado e Investh ignoró un fideicomiso asignado por el Ejecutivo a través del decreto PCM-021-2018 del 23 de abril de 2018 al Banco de Occidente y en caso de haberse utilizado los fondos, pudo generarse un ahorro de hasta un millón 435 mil dólares o de 36 millones 029 mil 023 lempiras.

Un documento que tienen en sus manos Radio Globo y ConfidencialHN evidencia que existen abismales diferencias en insumos como mascarillas N95 y quirúrgicas, batas y gafas descartables y guantes de látex que oscilan entre los 22 centavos y los 30.90 dólares estadounidenses.

En el caso de las codiciadas mascarillas, se refleja que Investh las compró a 4.81 de dólar, cuando a través del fideicomiso las pudo obtener a 1.11 dólares; con relación a las batas, hay una radical diferencia de precios, mientras que el fondo administrado por Banco de Occidente da un precio de referencia de 5.10 dólares, la dependencia estatal fijó el mismo insumo a un monto de 36 dólares exactos, por lo que generó un exceso de gasto de hasta 154 mil dólares.

Acerca de los lentes de bioseguridad, Investh los obtuvo a 8.01 dólares, mientras que el fideicomiso los tasó en 2.55, reflejando una diferencia de 5.46 y se generó un exceso en el gasto de 546 mil dólares.

En esta demostración se manifiesta que el fideicomiso pudo ser de utilidad para los intereses del tesoro público, sin embargo, ni Investh, ni la Secretaría de Salud quisieron acceder al fondo de mil 306 millones 393 mil 009 lempiras, que fue autorizado por Juan Orlando Hernández hace unos dos años.

A lo largo de esta relación de hechos, se evidencia cómo personas de bajo perfil, pero con afincadas conexiones con líderes del Partido Nacional les permitió enriquecerse a costa de los contribuyentes; en consecuencia, toda la documentación puede ser enviada a confidencialidad a través de la Ley de secretos.

EL CNA CALLA IRREGULARIDADES DE INVESTH. A pesar que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) forma parte del directorio de Investh como gararante de la transparencia en las acciones que realiza el organismo, hasta la fecha se han llamado al silencio; sus cabezas visibles Gabriela Castellanos y Odir Fernández, se han dedicado a lanzar mensajes indirectos ante la corrupción galopante, sin anunciar acciones o denuncias ante el Ministerio Público para exigir investigaciones o deducción de responsabilidades.

Mientras el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, afirma que espera que el fiscal general Óscar Chinchilla dé el visto bueno para investigar supuestos actos de corrupción en Copeco, el Ministerio Público, en una serie de contradicciones, informó que desde el pasado 4 de abril inició diligencias a fin de corroborar si hubo irregularidades en compras de emergencia.

Y es que tras las revelaciones en la sobrevaloración de precios en enseres como percoladoras y televisores plasma que no son de importancia para contener el coronavirus,  el organismo acusador indicó mediante un comunicado que la fiscalía anticorrupción y la ATIC  iniciaron diligencias desde hace unas dos semanas, cuando el escándalo estalló hace algunos días.

Los fiscales procedieron a «adelantar» la investigación respecto a los artefactos adquiridos por Copeco mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) inicia una auditoría para detectar anomalías que pudieran conllevar a responsabilidades civiles y penales.

Acerca de las irregularidades evidenciadas, el director del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), Mauricio Díaz Burdett, sentenció que «quien roba en la emergencia, asesina personas. Quién malversa los fondos públicos tiene sus manos manchadas de sangre».

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