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¿Por qué ocurrió “Pandora”?

(Por Edmundo Orellana) “Pandora” no debió ocurrir. Son tantos los controles del sistema administrativo y bancario que, de haberse activado, no habría ocurrido.

En toda secretaría de Estado hay una auditoría interna cuya función es velar porque los procesos que afectan el presupuesto se desarrollen con apego a las reglas establecidas por el Tribunal Superior de Cuentas. Es su deber advertir a los funcionarios que toman decisiones cuando están cruzando la línea roja, y si pese a la advertencia la cruzan, es su deber incluir la irregularidad en los informes que debe elevar al Tribunal Superior de Cuentas periódicamente. ¿Hubo advertencia de la auditoría interna a sus superiores? ¿Elevó el informe respectivo al Tribunal Superior de Cuentas?

Ninguna cantidad se eroga sin autorización del Sistema de Administración Financiera Integrada, SIAFI. La pregunta que surge de inmediato es la siguiente: ¿Por qué SIAFI autorizó pagos a las ONG, desviando recursos aprobados en el presupuesto para otros fines?

Las ONG que recibieron el dinero tienen que estar registradas en la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), adscrita a la Secretaría del Interior y de Población. ¿Estaban registradas debidamente? Y si lo estaban, es obvio que entre sus funciones no se incluía la de financiar partidos políticos ni políticos. Sin embargo, de ese dinero de la SAG, hicieron transferencias a cuentas bancarias de estos.

En este punto surge otra interrogante. ¿Por qué el banco lo permitió? El cheque de donde se originó el movimiento de dinero era de la Tesorería General de la República, seguramente. Ese dinero depositado en una cuenta bancaria luego fue transferido a otras cuentas bancarias, pero de partidos políticos y políticos, en algunos casos para pagarles préstamos adquiridos por estos.

En cada banco debe operar un “funcionario de cumplimiento”, cuya función es detectar transacciones sospechosas y es el responsable de remitir informes a la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, adscrita a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, CNBS. ¿Detectó el “funcionario de cumplimiento” estas transacciones sospechosas? Si las detectó, era su deber informar debidamente.

Si informó era deber de la Unidad de Inteligencia Financiera informar, a su vez, al Ministerio Público, sin considerar lo que sus superiores jerárquicos opinasen, porque la ley le atribuye a esa unidad ese deber que insoslayablemente debe cumplir. Si no informa porque sus superiores le ordenan abstenerse de actuar, su responsabilidad no desaparece porque, en apego al principio constitucional, “ningún funcionario… está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito”.

El caso, sin embargo, no llegó a conocimiento del Ministerio Público por esos conductos legales, sino por una denuncia que presentó un extranjero alegando que en su ONG se estaban realizando sospechosas transacciones con dinero público.

La pregunta que surge entonces, es la siguiente: ¿Por qué no operaron los controles previstos en la ley? La respuesta, quizá, se encuentre en el contexto de las estructuras del poder.

Resulta que los controles administrativos internos y los controles sobre transacciones bancarias sospechosas tienen un punto de encuentro en el vértice de la jerarquía a la que están adscritos.

Las auditorías internas están dirigidas por titulares seleccionados por la ONACIDI, dependencia de la Secretaría en el Despacho de la Presidencia, subordinado inmediato del Presidente, y la UIF depende de la CNBS, que, a su vez, depende del Presidente de la República. Es decir, ambos controles coinciden en el vértice de la jerarquía en la figura del Presidente.

Y resulta que el caso “Pandora” está vinculado directamente a campañas electorales, específicamente al financiamiento de partidos políticos y de políticos. ¿Quién es el favorecido directa e indirectamente?

Saque usted, distinguido lector, sus propias conclusiones.

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