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Preparan “diarrea legislativa” del orlandismo para atacar a oposición

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La defensora de Derechos Humanos, Reina Rivera explicó hoy que corremos el riesgo desde el Congreso Nacional con “simple mayoría” se apruebe el paquete de reformas cuyo objetivo según el orlandismo es eliminar la criminalidad, sin embargo su verdadera finalidad es evitar las marchas populares y denuncias que surgirán contra la campaña continuista del gobierno de turno.

“Las reformas que quiere introducir el Poder Ejecutivo en el Congreso, ya anunciaron que las aprobaran con simple mayoría, es decir bastará con los diputados nacionalistas y los desertores de Libre, Pac y los Liberales; lograran aprobar fácilmente leyes que profundizan la criminalización”.

Rivera manifestó que esas leyes favorecerán a los policías y los militares para que puedan aprobar “fuerza desmedida” contra las personas sin necesidad de un control judicial, además se ha deteriorado aún más el rol que pueden tener los jueces y Fiscales para detener los abusos de los cuerpos armados.

“En materia de Derechos Humanos, hay una serie de garantía Constitucionales donde se preserva que sean los jueces los que puedan tomar decisiones finales sobre algunas garantías de las personas detenidas e investigadas”.

En esta serie de reformas que se quieren introducir en el Código Penal y el Código Procesal Penal, La Ley del Instituto Nacional Penitenciario, La Ley de Escuchas Telefónicas, es “una diarrea legislativa” que se está introduciendo al Congreso para darle poderes amplios a los cuerpos de seguridad.

“Eso aumentará que los opositores y defensores de derechos y territorios puedan ser reprimidos, etiquetados, encarcelados y señalados incluso en los propios medios de comunicación sin ninguna garantía de que un juez verificará la valides de esa decisión”.

Manifestó que es preocupante porque existe la posibilidad que con simple mayoría estas reformas se van aprobar, argumentando que para mejorar la seguridad la “diarrea legislativa” es necesaria, sin embargo el verdadero fondo es reducir las protestas y señalamientos durante el año electoral.

“Ellos dicen que los que provoquen alarma colectiva podrán ser encarcelados, y como parte incluso de leyes de delitos contra la seguridad del Estado como delitos de Terrorismo, a la ciudadanía le venden la idea que es para darnos mayor seguridad ante la delincuencia, pero son medas dirigidas contra la oposición y defensores de derechos humanos”.

“Hay una perspectiva de franco deterioro, por ejemplo en el 2016 el gobierno descaradamente incumplió sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso del reintegro de los magistrados despedidos durante el golpe de estado, los retrasos maliciosos en cumplir la restitución de territorios para los pueblos indígenas, además fue un año muy duro para los defensores de derechos”.

En ese sentido, recordó el asesinato a la ambientalista y dirigente indigena Bertha Cáceres, y el asesinato del presidente del Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA), José Ángel Flores, además se observó que aumentaron las peticiones para los fondos de emergencia para proteger defensores que estaban siendo amenazados.

“Hay muchos retroceso en la legislación, que va a pasar cuando el Código Penal permita la criminalización a los defensores, y está incorporando nuevas figuras para aumentar esa criminalización, es decir pensamos que puede deteriorarse aún más la situación”, finalizó.

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