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Presidencia de Nicaragua niega que haya grupos paramilitares afines al Gobierno

MANAGUA, NICARAGUA

(Spútnik) El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, negó en un comunicado que en su país existan grupos de choque afines a su Gobierno responsables de provocar violencia en las manifestaciones que se desarrollan en el país desde el 18 de abril y que dejaron más de 80 muertos.

«En Nicaragua no existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al Gobierno, por lo que no podemos aceptar que se pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no hemos provocado, que jamás provocaremos, y que a partir de acusaciones infundadas, se pretenda restringir la aplicación del Deber Constitucional de las Fuerzas del Orden Público de contribuir a asegurar a las Familias», afirma un comunicado difundido por la presidencia nicaragüense.

Además, el texto condena los «hechos de violencia» ocurridos en el país desde el 18 de abril, día en que comenzaron las manifestaciones opositoras en las que murieron al momento más de 80 personas y afirma que el único camino a la paz es el diálogo.

«(…) Al rechazar contundentemente toda esta conspiración delincuencial (Ortega) reafirma categóricamente a las Familias de nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, que el único camino a la paz es el diálogo, el establecimiento de la verdad, y la búsqueda de las soluciones que nuestro Pueblo demanda», añade el comunicado.

El 30 de mayo la organización Madres de Abril, que representa a las madres de las víctimas de las manifestaciones desatadas en el país, lideraron marchas en Managua y en el interior del país para honrar a los más de 80 muertos en las protestas, informa local El Nuevo Diario.

El Gobierno «condena enfáticamente todos los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de Abril en Nicaragua y más recientemente los acaecidos ayer, cuando las familias nicaragüenses honraban a las madres, en estos días de dolor, y alimentábamos nuestro corazón de fe y Esperanza, para alentarnos a seguir trabajando con firmeza, por la reconciliación, el diálogo y la paz».

Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en la marcha del 30 de mayo hubo al menos 11 fallecidos y 79 heridos, que se sumarían a las 81 víctimas fatales que había registrado la organización Amnistía Internacional hasta el martes.

El Gobierno «confirma» que la situación de «violencia delincuencial que han generado grupos políticos de Oposición con Agendas Políticas Específicas» activa formatos delictivos y es una conspiración que «viola la Constitución» y «pretende seguir destruyendo la Seguridad y la Vida de las familias nicaragüenses».

Ortega pidió a las autoridades encargadas de coordinar el esfuerzo del Diálogo Nacional, que llamen a la calma y al cese de toda violencia, «a fin de continuar trabajando por la seguridad, la justicia y la paz», y aseguró que todas las Instituciones del Estado están comprometidas a continuar investigando los «crímenes y hechos violentos».

Por otra parte, el Gobierno afirmó que rechaza las acusaciones de la oposición debido a que «se confabulan para denunciar ataques inexistentes, luego atacan y producen víctimas para culpabilizar a las Instituciones del Orden Público» y afirma no haber sido responsable de ningún tipo de violencia.

Las protestas estudiantiles en Nicaragua comenzaron a raíz del incendio en la reserva biológica Indio Maíz (sur) que estalló el 3 de abril y duró 10 días, pues los estudiantes consideraron que el Estado fue negligente en combatir el siniestro, dijo a Sputnik la semana pasada la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Nicaragua, Antonia Urrejola.

Las movilizaciones se intensificaron a raíz de los cambios al sistema de pensiones que realizó el Gobierno y por la condena de los manifestantes a las muertes en los choques con la policía y a lo que entienden como ausencia de justicia por esos hechos, indicó la comisionada.

El 30 de mayo la OEA y el Gobierno de este país acordaron la conformación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes que analizarán las investigaciones sobre posibles ilícitos y sus responsables en los enfrentamientos.

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