HomeNacionalPresidente del Parlamento admite excesos en Ley de privación de dominio y artículo 184 penal

Presidente del Parlamento admite excesos en Ley de privación de dominio y artículo 184 penal

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El presidente del Legislativo de Honduras, Mauricio Oliva, admitió hoy que han habido excesos en la aplicación de la Ley de privación de dominio y el artículo 184 del Código Procesal Penal ya que no se midieron las consecuencias de ambas normas cuando fueron aprobadas en parlamentos anteriores.

El funcionario dijo a Radio Globo que al crear ambos instrumentos legales ocurrió en circunstancias extraordinarias «que obligaron al Congreso a tomar decisiones y reconocemos paladinamente que no se previeron los escenarios. Claro está que tras haber enfrentado hechos como los que ocurrieron en otros países como Colombia y ellos dieron marcha atrás a varias leyes aprobadas ya que son perfectibles».

El escenario de extrema violencia y criminalidad organizada que se vivió entre 2010 y 2011, añadió el parlamentario, los forzó a crear figuras de jueces nacionales y sin rostro, así como una reforma constitucional que permitió la extradición de connacionales que hubieran cometido delitos en otros países, por lo que los posibles cambios en el estamento legal estará orientado a dar mayor acción e independencia a los operadores de justicia y que se respete la presunción de inocencia.

«Debemos hacer que se respete la ley», reafirmó Oliva en su intervención en la emisora capitalina y añadió que cada decisión, comentarios o críticas «hay que tomarlas con objetividad, humildad y calma».

Reconoció que los exabruptos cometidos dentro del marco legal deben ser corregidos ya que -en el caso del 184- se tiene que permitir que los acusados se puedan defenderse en libertad y «la prisión preventiva en materia penal debe ser la última instancia, pero en Honduras es la primera y quienes sean acusados de incurrir en delitos (contemplados en el catálogo) deben ser escuchados en libertad para poder disminuir la población carcelaria».

Respecto al reclamo hecho por la MACCIH de que modificarse el controvertido artículo podría trastocar la persecución penal contra involucrados en corrupción pública, el presidente del Congreso reveló que sostuvo reuniones con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quienes le advirtieron que de no revertirse Honduras podría ser colocada en una lista negra de naciones violadoras de garantías individuales y «eso afectaría el acceso a fuentes de financiamiento ante los organismos internacionales».

«Hay que ver si el discurso (de algunos actores sociales) es coherente, pues a veces se van con la CIDH cuando les conviene y se vuelven contra ella cuando no les parece», recriminó.

Los especialistas que estuvieron en el país a inicios de este mes, prosiguió, le hicieron énfasis en la corrección del 184 que quita independencia a los jueces, la Ley de consulta previa y desplazamiento interno forzoso ya que encontraron indicios de inconstitucionalidad y debían ser adecuadas al mandato de la Constitución.

Acerca de los cambios a la Ley de privación de dominio, vetada en marzo anterior por el presidente Juan Orlando Hernández, indicó que espera una opinión de la Comisión de Justicia Penal para que puedan realizar la ratificación constitucional y que sea publicada en el diario oficial La Gaceta. Para que sea ratificado, se ocupan 86 votos, explicó Oliva.

LEGITIMIDAD. Ante la advertencia hecha por la representante interina de la embajada de EE.UU.  Chargé Heide Fulton, sostuvo que el Parlamento tiene legitimidad que le fue conferida por las personas que votaron por los 128 diputados, en consecuencia, cuenta con soberanía para tomar decisiones.

Sobre la intromisión de Fulton en asuntos legislativos, dejó claro que «la respuesta deberá provenir del Ejecutivo porque es el responsable del manejo de la política exterior de Honduras».

De forma sutil cuestionó los comentarios de la diplomatica al afirmar que los hondureños «tenemos una memoria frágil (en los comentarios de EE.UU.) en la elección del varios órganos como el Tribunal Superior de Cuentas, Ley de política limpita y otras».

Cada decisión que tome el Congreso será basado en los consensos que se tomen con las fuerzas políticas que están representadas ya que ellos representan la voluntad de la población.

PLÁTICAS CON ZELAYA. Oliva negó haber sostenido negociaciones con el expresidente Manuel Zelaya a fin de que se dé fuerza legal al acuerdo de Cartagena de 2011, pues no lo ve desde enero anterior, cuando el coordinador de Libertad y Refundación (Libre) vacó en su curul.

«No he tenido conversacion con Zelaya y la última vez fue en el Congreso pasado. Sí hemos tenido pláticas con los jefes de bancada y en ningun momento me han planteado que se apruebe el acuerdo de Cartagena. Hemos hablado de reformas políticas y por eso se le dio al diputado Jorge Cálix la comisión de Asuntos Constitucionales y a (jefe de bancada liberal) Elvin Santos la de asuntos electorales para las reformas políticas», apuntó.

No obstante, urgió a las bancadas que se debe avananzar en el cronograma de reformas antes del 24 de enero de 2019 para que sean ratificadas constitucionalmente, en particular, la nueva conformación del Registro Nacional de las Personas (RNP), Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que el Partido Nacional está dispuesto a acompañar y respaldar los consensos que surjan en el Legislativo.

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