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Presión popular obliga a MP a calificar de homicidio muerte de Keyla Patricia

Por : Juan Alfaro Posadas 

La presión popular obligó al Ministerio Público (MP) a calificar la muerte de la estudiante universitaria de enfermería, Keyla Patricia Martínez Rodríguez, como “homicidio”, perpetrado por elementos policiales de La Esperanza, Intibucá, la noche del sábado 6 de febrero de 2021.
Inicialmente, los policías de la posta de dicha cabecera departamental pretendieron burlarse de la opinión pública nacional, asegurando que la estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se había suicidado dentro de la celda donde estaba detenida, supuestamente por irrespetar el toque de queda y escándalo en la vía pública, en estado de ebriedad.
El cuerpo de la malograda muchacha fue sepultado esta mañana en la ciudad de La Esperanza, en medio del dolor de sus familiares y amistades, quienes demandan justicia ante ese crimen espeluznante, que nos retrata como una sociedad salvaje y donde impera la impunidad.
Evidentemente, que estamos frente a una institución policial integrada por criminales que ponen en precario los intereses, la vida y demás derechos humanos de la población que no tiene apellido político ni poder económico.
En qué quedó la cacareada depuración policial, de la cual se ufanaban Omar Rivera y el señor Alberto Solórzano, incondicionales de Juan Orlando Hernández Alvarado? Todo resultó una farsa, porque los “depurados” fueron los policías dignos, honestos, que cumplían con la ley y honraban el uniforme. La podredumbre ahí quedó, y aún permanece, como lo demuestran los hechos recientes.
Esta vez, el MP actuó rápidamente y no disfrazó el homicidio de suicidio, como ocurrió con la joven Sheryl Yuvisa Rubio (28), inmolada el domingo 10 de junio de 2018 en su apartamento del barrio El Calvario, en Santa Rosa de Copán, occidente de Honduras.
En aquella oportunidad, se buscaba proteger a miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a funcionarios del Ministerio Público y de los propios cuerpos de seguridad del Estado, que eran objeto de estudio de parte de Yuvisa Rubio, a la sazón perito forense del ente de investigación.
La inmolada joven, era la jefa del departamento de investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATIC, en la Regional de Occidente.
Había un marcado interés del MP en hacer aparecer ese crimen como suicidio, pero posteriormente la jefa del departamento de Medicina Forense de esa entidad, doctora Julissa Villanueva, demostró científicamente que se trató de un homicidio y no suicidio, lo cual derivó en un constante hostigamiento en su contra, de parte de sus superiores jerárquicos, hasta lograr despedirla del cargo.
En el caso de Keyla Patricia, no había involucramiento de personas vinculadas al MP, y por esa situación se actuó con más celeridad, responsabilizando de la comisión del delito a los oficiales y agentes de la posta policial de la ciudad de La Esperanza, que montaban guardia la noche del pasado fin de semana.
En este salvaje crimen falta que esclarecer otras aristas, pues se cree que la estudiante universitaria de enfermería fue torturada y violada por varios policías, momentos antes de quitarle la vida.
Queremos ver los requerimientos fiscales en contra de los policías asignados a la posta de La Esperanza, el enjuiciamiento y la condena, si es que en verdad la vida humana es lo más preciado para el Estado hondureño, como reza la Constitución de la República. No más impunidad. Basta ya, de tanto atropello a las personas. Urgimos de justicia pronta y efectiva, dándole a cada quien lo suyo, a cada quien lo que le corresponde o pertenece, como muy bien lo dijo hace varios siglos el gran maestro Ulpiano.
Lo saludable para el país y sus habitantes en este momento, sería la conformación de una nueva Policía Nacional, cuyos integrantes ostenten al menos título de educación secundaria, que hayan aprobado los respectivos exámenes psicométricos y que se les asigne un sueldo digno, justo y acorde a su labor y al alto costo de la vida. Estamos hartos de tanto policía corrupto, coludido con narcotraficantes, el crimen organizado y con características de ser delincuentes natos.
Cuando se realizan operativos policiales o militares en nuestras calles o carreteras, los automovilistas no se sienten protegidos por los elementos del “orden público”, sino que con el temor de ser extorsionados, con el peligro de que se les coloque droga en sus vehículos y se les acuse por narcotráfico o se les capture; a que enseguida aparezcan muertos, y se afirme que se suicidaron.
¡Quedamos a la expectativa de los cambios que puedan operarse en el seno de todos los cuerpos represivos o de “seguridad” del Estado..!

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