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Proceso electoral corrupto

(Por: Edmundo Orellana) En lo que no se pusieron de acuerdo los políticos para aprobar la nueva ley electoral, según declaraciones del presidente de la comisión de dictamen, diputado Mario Segura, es en la integración de las mesas electorales, que en la propuesta se denominan “juntas receptoras de votos”.

El PN pretende que se integre con todos los partidos y el PL y Libre proponen que sean cinco miembros, tres de los partidos mayoritarios y, aleatoriamente, dos de los demás. Ambas propuestas permiten que los demás participen en esas mesas, pero tienen propósitos distintos. El PN los quiere a todos en las mesas porque puede comprar las famosas credenciales y así tener mayoría, asegurándose el resultado de las elecciones, lo que permite la ley vigente; los demás, sin excluirlos, los reduce a dos, para que la mayoría no sea de quien pueda comprar las credenciales y evitar aquello de que “las elecciones las gana quien cuenta los votos”.

En los dos procesos anteriores, la oposición ganó las elecciones, pero el fraude se impuso y se declaró ganador a quien gobierna el país. En ese momento, no se culpó al censo electoral sino a las mesas electorales y a la transmisión de datos. En las mesas, por la venta de credenciales, y, en la transmisión, porque fue manipulada.

El problema, entonces, no son las mesas electorales ni su integración sino los partidos pequeños, que, ante la imposibilidad de cubrir las mesas en todo el país, algunos, propiedad de verdaderos mercaderes de la política, venden las credenciales, prostituyendo el proceso electoral.

Hay más problemas, empero. Todos relacionados con la participación de los partidos pequeños, que en la propuesta se eliminaban.

La deuda política, en la ley vigente, se calcula por los votos válidos sufragados; sin embargo, se dispone que ningún partido recibirá menos “del quince por ciento (15%) de la suma asignada al Partido Político que obtenga el mayor número total de sufragios, salvo que éste haya obtenido menos de diez mil (10,000) votos en su nivel más votado”. En otras palabras, el derecho a ese 15% lo tienen los partidos pequeños, aunque no obtengan los votos equivalentes a la cantidad de ciudadanos que los apoyaron para su inscripción, lo que se pretende resolver, medianamente, con la exigencia de obtener los 10 mil votos en su nivel más votado. Y no es poco: son millones de lempiras entregados a su candidato a presidente.

Se reconoce que todos los partidos políticos tienen derecho a participar en el Parlacen, lo que ofrece a los pequeños la oportunidad de tener un diputado por el simple hecho de participar.

El partido sigue existiendo cuando no alcance el mínimo de votos requeridos para su inscripción, siempre que obtenga un diputado en el Congreso Nacional, el que, invariablemente, resulta de la aplicación de residuos electorales (candidatos a diputados que obtienen hasta 100 mil votos son eliminados por uno minoritario con apenas 10 mil votos) con lo que se garantizan el pago del 15% en concepto de deuda política.

Como puede apreciarse, constituir un partido político puede convertirse en un negocio, cuando sus promotores son aventureros o mercaderes de la política.

Los partidos pequeños, salvo excepciones, no han contribuido con aportes significativos al fortalecimiento de la democracia. Por el contrario, en los escándalos más sonados de la degradación de la democracia hondureña siempre han participado miembros de estos partidos, sea individualmente o en complicidad con los partidos mayoritarios, y muchos de estos escándalos no habrían ocurrido sin su participación, como cuando se ofrecen para pervertir las decisiones en el seno del Congreso Nacional.

La experiencia enseña que el derecho, sin su correlativo deber u obligación, es susceptible de ser ejercido en perjuicio de los demás. Este es el caso de los partidos pequeños, cuya normativa permite que sus promotores puedan utilizarlos como medios para beneficiarse personalmente, sin importar el daño inferido a la institucionalidad democrática o a los derechos de los demás.

Por eso y por el prestigio de los partidos pequeños que actúan apegados a la ética, es legítima la pretensión de eliminar todos esos privilegios que facilitan el fraude a la ley. Para evitar la corrupción en nuestro sistema democrático, exijamos una verdadera reforma del sistema y de los procesos electorales, que incluya, por supuesto, la segunda vuelta electoral, diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!

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