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Publican en La Gaceta las reformas sobre el fuero legislativo y fondo departamental

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Las reformas emprendidas la semana anterior por el Parlamento hondureño sobre el fuero legislativo y el fondo departamental fueron publicadas en el diario oficial La Gaceta y es de aplicación inmediata.

La edición 35,076 del diario estatal indica que los decretos 116 y 117-2019 contemplan los lineamientos sobre las referidas normas, por lo que se convierten en ley.

En el caso del fuero, indica que «la función Legislativa es inviolable e indelegable, consecuentemente cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma, no acarrea ningún tipo de responsabilidad Penal, Civil y Administrativa a los Diputados y Diputadas que participen en dicho proceso parlamentario, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 205 numeral 3 de la Constitución de la República, siendo el Pleno del Congreso Nacional el Órgano Competente que debe valorar cada caso concreto y las consecuencias de la infracción».

Asimismo, los congresistas que aprobaron la iniciativa dejaron claro que «contra la Función Legislativa únicamente procede la Acción de Inconstitucionalidad establecida en el Artículo 184 de la Constitución de la República».

Los argumentos esgrimidos, reza el decreto, fueron basados en que «la protección parlamentaria, es un principio sustantivo y fundamental en la función legislativa, en cualquier parlamento o asamblea legislativa de los países democráticos en el planeta, en el sentido, que sin protección parlamentaria, un legislador no puede ser objetivo y justo al promover iniciativas de ley sin el temor de ser agredidos físicamente o cuestionados o procesados legalmente por su condición de legislador y por sus opiniones y posiciones estrictamente legislativas».

«La protección legislativa incluye dos (2) aspectos esenciales, la seguridad física para no ser intimidados o limitados por acciones de fuerza o disturbios contra su persona y contra la inviolabilidad del recinto parlamentario Artículo 201 constitucional, en igual sentido, debe reincorporarse la protección jurídica, para no ser objeto de acciones legales en su contra en razón sus opiniones o accionar legislativo», precisa la iniciativa.

En cuanto a la Ley para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social establece que la norma «es de orden público, de observancia obligatoria; tiene por objeto establecer las normas relativas a la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de los fondos públicos que se asignan para proyectos de orden social, comunitarios y programas sociales, a través de las distintas Instituciones Públicas del Gobierno Central y/o Descentralizadas, Corporaciones Municipales, Congreso Nacional, Organizaciones no Gubernamentales, Fideicomisos, entes u órganos de derecho privado auxiliares de la Administración Pública y cualquier Persona Natural o Jurídica que dentro de sus funciones o finalidades desde la ejecución de proyectos y programas de orden social, comunitarios, de
infraestructura, de equipamiento de infraestructura, bienes y servicios públicos de primera necesidad y todo tipo de ayudas sociales que vayan destinados al mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos en las comunidades, así como a la atención de necesidades urgentes de éstos».

Entre las prohibiciones establecidas en la legislación es que no podrán ser beneficiarios los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del gestor de los fondos; los diputados del Congreso Nacional, sus parientes y sus subordinados; los directivos de las Organizaciones no Gubernamentales; los miembros y empleados de las corporaciones municipales; funcionarios del Gobierno Central o Descentralizado; cualquier persona natural o jurídica que gestione fondos para fines sociales y el otorgamiento de préstamos o contraparte para
créditos de miembros de los órganos de gobierno de los ejecutores.

En cuanto a la rendición de cuentas y fiscalización, se indicó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), «es el ente encargado del control y auditoría de los recursos asignados en base a esta ley, a las Instituciones Públicas del Gobierno Central y/o Descentralizadas, Corporaciones Municipales y el Congreso Nacional».

Por tanto, ambas leyes ya se encuentran vigentes luego de que fueran ratificados por el Ejecutivo y remitidos al diario oficial La Gaceta.

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