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¿Qué está esperando señor fiscal general, Óscar Chinchilla?

(Por Joaquín Mejía) Los crímenes cometidos por las fuerzas militares y policiales del régimen nacionalista en el marco de las protestas contra el fraude electoral tienen claros responsables más allá de quienes dispararon, hirieron, allanaron ilegalmente, amenazaron y detuvieron arbitrariamente.

Tales responsables son los generales Fredy Santiago Díaz Zelaya, ministro de Defensa; Julián Pacheco Tinoco, ministro de Seguridad; René Orlando Ponce Fonseca, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; y Francisco Isaías Álvarez Urbina, ex Jefe del Estado Mayor Conjunto.

También son responsables los comisionados Félix Villanueva Mejía, ex Director General de la Policía Nacional; José David Aguilar Morán, Director actual; el coronel Óscar Reyes Paz, Jefe de la Policía Militar; y los coroneles Reynel Enrique Fúnez y Elías Melgar Urbina, Comandante y Sub Comandante de FUSINA.

¿Por qué son responsables estos jerarcas militares y policiales por los crímenes cometidos por sus subordinados? En virtud del principio de responsabilidad penal del superior jerárquico hay tres elementos esenciales que los convierte en responsables directos.

Primero, la existencia de una relación y de control efectivo entre ellos y sus subordinados. La Policía Militar y la Policía Nacional son instituciones que entrañan una estructura de poder que se caracterizan por tener una jerarquía consolidada y un poder de decisión concentrado en los mandos jerárquicos.

En este sentido, sus órdenes son cumplidas de forma automática por parte de los miembros de las escalas inferiores, quienes actúan normalmente sin cuestionamiento alguno sobre la legalidad o ilegalidad de las instrucciones recibidas.

Segundo, el conocimiento por parte de ellos de que los crímenes estaban por cometerse, se estaban cometiendo o se habían cometido. En el marco de la crisis electoral, es imposible argumentar que los altos mandos militares y policiales no tenían conocimiento de ellos.

Es evidente que existía información de la cual resultaba claramente un riesgo significativo de que sus subordinados estaban cometiendo graves crímenes; esa información estaba a su disposición a través de los diversos informes de organismos nacionales e internacionales; y no se ocuparon de los mismos.

Y tercero, el incumplimiento por parte de ellos de la obligación de tomar las medidas necesarias y razonables para prevenir los crímenes, hacerlos cesar o para castigar a los autores materiales. Sin embargo, los altos mandos militares y policiales se mantuvieron pasivos, omitiendo su deber de actuar.

Las represiones violentas son producto de la actuación arbitraria de policías y militares, quienes actuaron sin el menor asomo de control por parte de quienes tenían la obligación de garantizar que sus actuaciones se realizaran dentro del marco del respeto de los derechos humanos.

Señor Fiscal General, Óscar Chinchilla, ¿qué más está esperando para acusar criminalmente a estos jerarcas militares y policiales por los asesinatos, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las detenciones arbitrarias y los allanamientos ilegales documentados y verificados?

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