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Quince diputados opositores de Argentina piden juicio político para Macri

BUENOS AIRES, ARGENTINA

(Spútnik Mundo) Quince diputados de la coalición opositora argentina Frente para la Victoria (FpV) presentaron un pedido de juicio político contra el presidente Mauricio Macri.

«El presidente Macri ha incurrido en las causales que establece la Constitución para el juicio político, y es nuestra obligación como legisladores impulsar la apertura del proceso», dijo a Spútnik uno de los firmantes, el diputado Guillermo Carmona.

El artículo 53 de la Constitución establece dos causales para dar comienzo a un proceso de este tipo: mal desempeño del mandatario, o un delito en el ejercicio de sus funciones.

«El común denominador es un presidente que confunde la gestión pública con sus negocios privados, lo que constituye una contradicción con la Constitución y la legislación vigente en materia de ética pública», señaló Carmona, vicepresidente primero de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Consultado sobre por qué los legisladores que impulsan el juicio político no esperaron a que la justicia dictamine esos asuntos, que son objeto de dos denuncias penales, el diputado adujo que el Poder Legislativo y el Judicial «son dos órbitas distintas que corren en paralelo».

«La justicia investiga la comisión de delitos tipificados por el Código Penal, y en el caso del juicio político, se busca investigar la responsabilidad política del presidente en el ejercicio de sus funciones», explicó.

La Constitución, por otro lado, no establece una instancia judicial previa para activar el mecanismo del juicio político.

DIVERGENCIAS. Entre los 15 de los 70 legisladores del FpV que firmaron la convocatoria se encuentra José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista (PJ), que aglutina a buena parte del peronismo.

Otros dirigentes del FpV, sin embargo, se manifestaron contra la iniciativa de sus compañeros.

Entre ellos se destaca el jefe del bloque de senadores del FpV-PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, que la calificó de «medida extrema».

Aunque «es respetable que haya legisladores que no coincidan con nosotros», aceptó Carmona, «las palabras de Pichetto denotan un intento de minimizar la gravedad de lo que está ocurriendo», sostuvo el vicepresidente primero de la Comisión de Exteriores.

De persistir la actitud de Macri, «es probable que esos mismos dirigentes cambien de opinión en algún momento», afirmó.

PERSPECTIVAS EN ADELANTE. Ninguno de los diputados que firmaron el pedido especula con las posibilidades de que el juicio prospere, añadió el diputado.

«Están las causales, así que corresponde que lo solicitemos, porque el Congreso no puede mirar para otro lado», manifestó.

Éste es el primer pedido de juicio político que afronta Macri, recordó el legislador y sostuvo que «si el mandatario sigue incurriendo en inconductas en el desempeño de la función pública que está protagonizando, es muy probable que éste no sea el último», concluyó.

El pedido de juicio político se asienta en dos conflictos vinculados con el mandatario argentino.

El primero es un acuerdo que en un comienzo había aceptado el Estado con la empresa de servicio postal Correo Argentino, mientras estuvo en manos del padre del mandatario, Franco Macri, por una deuda impaga que arrastraba la compañía desde 1999 de 900 millones de dólares, 293 de los cuales correspondían al Estado.

Según ese convenio con el Estado, Correo Argentino debía pagar unos 600 millones de pesos (3,87 millones de dólares) hasta el año 2033, lo que suponía «una quita velada del 98,82%» de la deuda, según un dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, que era parte del proceso de homologación del convenio.

Según la fiscal, la deuda actualizada es de 70.000 millones de pesos (4.400 millones de dólares).

Macri, que fue imputado por la justicia, dio marcha atrás con el acuerdo y solicitó la intervención de la Auditoría General de la Nación.

El presidente fue denunciado penalmente por otro supuesto fraude al Estado tras la reciente venta de la aerolínea Macair Jet, perteneciente a la familia Macri, a la colombiana Avianca.

En paralelo, el Gobierno ha comenzado un proceso para adjudicar nuevas rutas aéreas a cinco aerolíneas interesadas en operar en Argentina y Avianca es una de ellas.

El pedido de los 15 diputados opositores debería ser discutido por la Comisión de Juicio Político, presidida por un legislador oficialista.

De obtener dictamen, la solicitud pasaría a la Cámara de Diputados, donde se necesita una mayoría de dos tercios para prosperar.

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