viernes, noviembre 27, 2020
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Reafirman formalización de causa penal contra implicados en Corrupción Sobre Ruedas

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Una corte de apelaciones del anticorrupción confirmó  por unanimidad de votos el auto de formal procesamiento en contra de siete funcionarios estatales involucrados en la causa penal Corrupción Sobre Ruedas. 

El órgano de alzada informó que el proceso alcanza a Juan Ramón Maradiaga Franco (gerente administrativo), David Eduardo Ortiz Hawit (gerente financiero), Elmer Jeovany Ordóñez Espinal (jefe de control interno), Gonzalo Molina Solórzano (jefe de proveduria), todos empleados del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

Asimismo, fueron encausados Harvys Herrera Carballo (gerente administrativo de Casa Presidencial), Claudia Noriega González (coordinadora de la tarjeta La Cachureca) y Karol Vanessa Alvarado Izaguirre (gerente financiera de Casa Presidencial y jefa de presupuesto de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, SEDIS).

Se mantienen los cargos contra Maradiaga Franco, Ortiz Hawit y Molina Solórzano por un delito de violación de los deberes de los funcionarios, 39 delitos de uso de documentos públicos falsos y 43 delitos de fraude.

Con relación a Ordóñez Espinal, se le confirmaron unos 39 delitos de uso de documentos públicos falsos y 43 de fraude.

Del mismo modo a Herrera Carballo se le sindica un delito de violación de los deberes de los funcionarios, contra Noriega González 43 delitos de fraude y Alvarado Izaguirre por un delito de violación de los deberes de los funcionarios y  43 delitos de fraude.

Igualmente, en este caso figura como octavo imputado Carlos Josué Romero Puerto (coordinador del Proyecto Praf-Banadesa) por 17 delitos de fraude.

Cabe recordar, que en el expediente Corrupción Sobre Ruedas, el primer medio que se usó para drenar los fondos fue Banadesa con el llamado Bono 10 Mil, empleando una empresa de fachada (Servicios e Inversiones AID), creada por las cómplices necesarias Carol Alvarado y Claudia Noriega para el manejo de fondos destinados al financiamiento de campañas políticas.

Ese dinero fue utilizado entre el 4 de julio de 2013 y el 19 de mayo de 2014, con un monto gastado de 11 millones 401 mil 151 lempiras, los que fueron retirados mediante 104 débitos.

También se detectó un segundo mecanismo on base a las investigaciones de la fiscalía, fue el de arrendamiento de vehículos que los acusados autores y cómplices, realizaron con fondos destinados al Bono 10 Mil, bajo el argumento que un funcionario fue asesinado cuando andaba entregando el referido bono, por lo que se procedió a la contratación de vehículos blindados.

El alquiler de los vehículos blindados fue pagado por la empresa AID mediante cheques no negociables por un monto de más de cuatro millones de lempiras.

Según información, los automotores eran usados por personajes políticos que andaban en campaña política.

Las autoridades detallaron que la empresa AID era de fachada y a nombre de la misma también se extendieron cheques por concepto de publicidad y propaganda y aparte se trasladaban recursos a las cuentas personales de Carol Vanessa Alvarado Izaguirre e incluso para pagar sus tarjetas de crédito.

De este modo a nombre de AID se extendieron recursos que sirvieron para pagar gastos de hospedaje a los asistentes a una convención política del Partido Nacional en Comayagua el 15 de marzo de 2014.

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