Sunday, Sep 22, 2019
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Reflexiones en torno a la reciente reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal de Honduras y el veto presidencial a dicha enmienda

(Por Félix Ávila) 1.En  fecha  reciente  el  Congreso  Nacional  de la  República  aprobó  una  reforma  al  artículo  184  del Código Procesal Penal, mismo que había sido reformado en dos ocasiones, y que tiene por finalidad restablecer, en  parte, la  redacción  original  de  dicha  normativa.  Dada  a  conocer  dicha  enmienda legislativa por los medios de comunicación social, no se hicieron esperar  las opiniones  en pro y en contra de la reforma. Mucho se ha hablado de la reforma, incluso ha sido criticada negativamente por el vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras1(MACCIH) y por  otros  sectores,  entre  ellos  el  Postgrado  Universitario  en  Derecho  Penal  y  Procesal  Penal de  la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), entidad académica que ha dado a conocer su posición oficial.

2. Dada la alta relevancia de las cuestiones debatidas en torno al tema, y pretendiendo brindar un aporte positivo a la crítica, quiero dejar constancia de mis reflexiones personales al respecto. Hablar de la prisión preventiva  es hablar del  derecho a la libertad personal, por un lado, y de la potestad estatal de reprimirla delincuencia y criminalidad por otro. Entre ambas situaciones se produce una fuerte  tensión que debe ser ponderada en cada caso,  precisamente por quienes  están constitucionalmente  autorizados  para  garantizar  los derechos y las libertades fundamentales, me refiero a los jueces y  magistrados del Poder Judicial. Justamente a estos operadores jurídicos  la Constitución de la República  y los Tratados internacionales sobre Derechos Humanos, de los que Honduras es parte, los proclama  como sujetos independientes e imparciales, sometidos sólo a la Constitución y las leyes. Hablar de la prisión preventiva es hablar, también, del estado de inocencia o presunción de inocencia como se le conoce en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues la prisión preventiva es una medida excepcional, limitativa del derecho a la libertad que se impone, precisamente, a personas inocentes.

3. Pero para comprender mejor el debate que se ha suscitado en torno a la mencionada reforma es necesario recordar lo que establecía el artículo 184 del Código Procesal Penal antes de la primera reforma. La norma en cuestión no fue prevista originalmente para establecer la prisión preventiva como la regla general frente la libertad personal, sino, más bien, como una autorización a los jueces penales para imponer cualquier otra medida cautelar menos gravosa que la prisión, siempre que con ella se  alcanzasen los  fines encaminados  a  garantizar la eficacia  del  procedimiento y la regular obtención de las fuentes de prueba. No obstante lo anterior, la norma en referencia fue reformada a escasos dos años de su vigencia, estableciéndose que en ningún caso procedería la sustitución de la prisión  preventiva  por otra medida cautelar en los delitos cometidos por miembros del crimen organizado o integrantes de asociaciones ilícitas2.  Esta reforma respondía a las políticas de tolerancia cero contra la delincuencia, emprendidas en el gobierno del Presidente Maduro.

3. Más adelante, en  el  año  2013  se  produce  una  profunda  reforma  a  la  normativa en  cuestión, ampliando la prohibición de imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a un amplio abanico  de  infracciones  penales en  número  mayor  de  veinte,  entre  ellas  homicidios,  asesinatos violaciones  sexuales,  lavado  de  activos,  y  prevaricato3.  Según los proyectistas de la reforma, las justificaciones que los llevaron a hacerla residen en la necesidad de garantizar los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, por lo que, para los legisladores era imperiosa la adopción de la medida legislativa a pesar del carácter garantista del Código Procesal Penal. Con la reforma realizada en la fecha  señalada, no  solamente se prohíbe a los jueces  imponer  medidas cautelares distintas de la prisión preventiva a un amplio abanico de infracciones penales, aumentando con ello el número de privados de libertad sin condena en un sistema penitenciario prácticamente colapsado, violentando de  esta  manera  el  derecho  al  estado  de  inocencia,  sino  que,  además, se  agrava la situación  de las personas procesadas por delitos leves, que no merecen, por ningún lado que se le vea, la imposición dela prisión preventiva.

4. Según esa reforma, que es la redacción actual de la norma, una persona sólo puede ser beneficiada con estas medidas en un solo proceso activo, en caso que se le decrete auto de formal procesamiento por un nuevo  requerimiento  fiscal,  debe  imponérsele la medida cautelar de prisión  preventiva  en ambos juicios. Sin lugar a dudas, la redacción actual del precepto es atentatoria contra los derechos fundamentales de la persona. En la actualidad, una persona acusada en dos delitos levísimos tiene que estar privada de libertad mientras se realizan sus juicios, por el simple hecho de la reiteración de procesos penales. Lo anterior no puede ser calificado más que de un terrorismo procesal. Se impone prisión preventiva no como una medida cautelar, encaminada a asegurar la eficacia del proceso, sino porque el sujeto ha reiterado en su conducta, con ello la prisión preventiva pasa de ser una medida cautelar a una medida con finalidades de prevención especial y prevención general, tal como si de una  pena  se  tratara. A  pesar  de  la  reforma  adoptada hace tres años, hoy día los  índices  de  la delincuencia y la impunidad  no se han visto reducidos, muy por  el contrario, se han incrementado exponencialmente al  grado que  Honduras  sigue  siendo  una  las  regiones más  violentas  del mundo, disparando al mismo tiempo los niveles de hacinamiento en los centros penitenciarios del país4.

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5. Quizás motivados por  esta  realidad  incuestionable, algunos  parlamentarios  tuvieron  la  sana intención de introducir  una contra-reforma al artículo 184 ya referenciado, esta vez encaminada a flexibilizar la rigidez de su texto, permitiendo, según trascendió en los medios de comunicación, que los jueces penales pudieran discernir acerca de la procedencia o no de la prisión preventiva cuando se tratase del catálogo de delitos enumerados en el mencionado precepto que hasta ahora no son susceptibles de otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva. Pero la reforma no fue bien vista  por  algunos  sectores  de  la  sociedad,  quienes  extreman  los  comentarios  al  decir  que  con  la puesta  en  vigencia  de  dicha  enmienda  saldrían  de  los  centros  penales  miles  de  delincuentes, agregando que con ella se manda un mensaje negativo a la sociedad ávida de justicia. Para el caso, el Postgrado en Derecho Penal y Procesal Penal, quien expresa el parecer  de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),en su  postura oficial expuesta el día 10 de agosto de 2016, en  el medio de comunicación Presencia Universitaria, inter alia, manifestó: Es del parecer de la UNAH que la reforma gestada en el año 2013, evidenció un interés por parte de nuestros gobernantes de afirmar los fines del  proceso  penal,  asegurando  la presencia del imputado, mediante la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, cuando esté presente el cumplimiento de los peligros procesales como ser peligro de fuga y peligro de obstrucción de las pruebas, ya que los 21 delitos mencionados en el artículo 184, se  consideran  de  alto  impacto  y  de  grave  lesión  a  los  bienes  jurídicos  protegidos  por  el ordenamiento  jurídico,  como  ser  estos  delitos  Lavados  de  Activos,  Asociación  Ilícita, Extorsión, Tráfico de Drogas entre otros. Invitamos a nuestros gobernantes, en reflexionar sobre las consecuencias que generaría [la] decisión  de aprobar  la  reforma  propuesta  en  el  mes  de  julio  de  2016,  ya  que  se  estaría retrocediendo en el cumplimiento de las finalidades del proceso penal y sobretodo, se estaría promoviendo impunidad debido a que los delitos referidos, indican una alta peligrosidad por parte de quienes los cometen. Las autoridades del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, en los últimos años han dado pasos  firmes  en  el  combate  a  la  impunidad,  mediante  promoción  de  normas  concretas  y lucha frontal contra los delitos de alto impacto; el hecho de reformar nuevamente el artículo 184 generaría  un  ambiente  de  desconfianza  en  la  aplicación  correcta  de  las  medidas cautelares ya que bajo el argumento de “independencia judicial”, algunos jueces adoptarían decisiones que vayan en deterioro al cumplimiento de las finalidades del proceso penal, que son: impartir justicia mediante la aplicación objetiva de la norma penal y aplicar el verdadero responsable de haber cometido un delito.

6. Discrepo absolutamente con esa posición oficial del mencionado Posgrado en Derecho, lamentando aún más el hecho de que una visión tan inquisitiva y absolutamente totalitaria provenga de un espacio académico y de discusión científica que debería ser de avanzada en pro del respeto a los Derechos Humanos. Desde mi óptica personal, la reforma gestada en el año 2013, más que un avance positivo en  materia de  investigación  y juzgamiento, implicó un verdadero retroceso en materia del respeto a los derechos fundamentales de la persona. Debemos recordar que las funciones de investigar y juzgar tendrán éxito, no necesariamente porque se mantenga en prisión preventiva a las personas sometidas a  un proceso penal, sino porque quienes tienen a cargo esa función la desarrollen de manera eficiente, objetiva y siempre en pro de la búsqueda de la verdad. Además, la criminalidad, lo mismo que la impunidad que se genera por la falta de castigo de quienes cometen infracciones penales, no se  combaten con el simple hecho de mantener las cárceles llenas hasta reventar, sino con el castigo delos verdaderos responsables tras la realización de un juicio justo.

7. El criterio externado por el Postgrado en Derecho Procesal Penal denota una fuerte dosis de desconocimiento de los verdaderos fines de las medidas cautelares en el proceso penal. Efectivamente, la crítica a la fallida reforma legislativa en el sentido de que, primar el derecho a la libertad frente a la restricción de ésta implica un retroceso en cuanto a los fines del proceso y que ello conlleva a un régimen de impunidad, nos da a entender que las medidas cautelares son vistas en ese ámbito  de  estudio con  fines  preventivos  generales y, en definitiva, como verdaderas penas anticipadas.

8. El peligro procesal no debe ser una presunción legal como así quedó establecido en la reforma del año 2013, sino que, por el contrario, debe ser probado en cada caso concreto por el órgano acusador ante el juez competente. Cuando una ley manda que un ciudadano debe permanecer encarcelado, sin que se le haya declarado culpable, sólo por el hecho de que el delito del que se le acusa no admite otra medida cautelar que no sea la prisión, está afirmando que todas las personas a quienes se les acuse por ese delito evadirán la acción de la justicia y que obstruirán el proceso de investigación. Ello me parece una visión absolutamente totalitaria, inadmisible en un Estado de Derecho. El orden legal que manda al juez a encerrar a todo ciudadano acusado por el Ministerio Público se encuentra seguro que esa persona será declarada culpable, que no debe presumírsele inocente porque la misma ley se encarga de declarar que estando en libertad  evadirá  la  acción  de  la  justicia,  por  ende,  no  puede formar parte de aquellas personas a quienes si se les da el beneficio de ser tenidas como inocentes4.

9. Es indiscutible que en nuestro país, con una tradición muy arraigada en la violación de los derechos y libertades fundamentales, subyace la idea de que la prisión preventiva es una pena anticipada que se debe imponer a quien los cuerpos de policía han presentado ante la sociedad como culpable, pero en realidad simplemente es sospechoso de haber incurrido en un hecho delictivo. Por lo anterior, es importante recordar la naturaleza y finalidad de la medida cautelar en cuestión, que no es otra más que servir de  instrumento  para  lograr  un  fin  constitucionalmente  legítimo,  es  decir,  la  eficacia  del procedimiento  y  la regular  obtención  de  las fuentes de  prueba. La  creencia  subyacente  en  el ciudadano común es que en entre más personas privadas de libertad reporte el sistema penal, éste está dando respuestas positivas a los altísimos índices de criminalidad e impunidad que cada día son más crecientes.

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10. Quizás por las  críticas  formuladas  al  decreto  de  reforma  legislativa,  la  respuesta  del  Poder Ejecutivo no se hizo esperar. En más de una declaración el Presidente de la República manifestó que analizaría  la  enmienda  legislativa  en  el  seno  del  Consejo  Nacional  de  Defensa  y  Seguridad  para determinar la procedencia de su sanción o del veto presidencial. La noche del lunes 22 de agosto de 2016 medios de comunicación social anunciaban que el Presidente de la República había vetado la reforma legislativa5. No se conocen los razonamientos jurídicos del veto presidencial por no haberse publicado aún,  pero  lo  que  sí  es seguro  es  que  el  mismo  impide  la  promulgación  de  la  norma propuesta, dejando en firme la actual redacción del artículo 184 del CPP.

11. Sin profundizar mucho en el análisis, con el veto presidencial que deja en firme la reforma que experimentó el Código en 2013, la independencia de los jueces y magistrados, que es proclamada por la  Constitución y  los  Tratados  internacionales  sobre  Derechos  Humanos,  viene  a ser  nada  más que  un  adorno  del  sistema  legal. Este modelo de  administración justicia  en  corporación queda confirmado una vez más cuando quien gobierna las actuaciones de los operadores de justicia es un súper-órgano denominado “Consejo  Nacional  de Defensa  y Seguridad”.  Curiosamente  en  este organismo, que  es  dirigido  por  el  Presidente  de  la  República,  se  encuentra  como  miembro  el Presidente del Poder Judicial junto al Fiscal General de la República. Cómo puede hablarse entonces de  independencia  de  los  jueces  y  de  los  magistrados  del  Poder  Judicial.  Hoy  día,  un  cuerpo denominado “Fuerza  Nacional  de  Seguridad  Interinstitucional(FUSINA)”es el  que dirige  los operativos de investigación en lugar de los cuerpos oficiales de investigación establecidos en la Ley. En  este  cuerpo  se  encuentran  integradas las  Fuerzas  Armadas,  la  Policía  Nacional,  la  Dirección Nacional  de  Inteligencia  del  Estado,  el  Ministerio  Público  y  también  la  Corte  Suprema  de  Justicia. Existen jueces de la justicia ordinaria que despachan en unidades militares, a quienes se les denomina simplemente  “Jueces  de  Fusina”.  Así las  cosas, los jueces  penales  no  gozan  de  la  discrecionalidad necesaria para valorar los hechos y las circunstancias en cada caso concreto, sino que son, sin más, la boca que pronuncia la fría letra de la ley, sin análisis alguno. Lo anterior es inadmisible en un Estado de Derecho.

12. Creer que con la instauración de un régimen de medidas cautelares en el que impere la prisión preventiva como la regla general, y que con ello se potenciará la finalidad del proceso asegurando una condena contra las personas encarceladas, resulta absolutamente contrario a lo establecido en la Constitución de la República y en los Tratados sobre Derechos Humanos de los que Honduras es parte. En efecto, la Constitución de la República, en su artículo 69 proclama la libertad personal como un derecho inviolable y que sólo con arreglo a las leyes puede ser restringida temporalmente. Por su parte, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, de la que Honduras es parte, en el artículo 7 proclama que toda persona tiene derecho a la libertad, que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

13. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado de manera reiterada sobre la problemática que implica la imposición de la prisión preventiva dentro de un régimen de garantías como el que  establece  la  Convención  Americana  Sobre  Derechos  Humanos.  Se  ha  referido  ese tribunal a la contradicción que supone encarcelar a personas inocentes sólo por el hecho del mandato de una ley secundaria. Ese mismo tribunal ha sostenido en varias ocasiones que los Estados violan el derecho  a  la presunción  de  inocencia cuando  la  prisión  preventiva, impuesta  conforme  a  sus ordenamientos  jurídicos  internos,  se  prolonga  más  allá  de  los  límites  que  establecen  las  leyes  y  la Convención Americana. Desde la sentencia del Caso Suarez Rosero Vs. Perú6, La CorteIDH, sostuvo inter alia lo siguiente, Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías  judiciales,  al  afirmar  la  idea  de  que  una  persona  es  inocente  hasta  que  su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación   estatal   de   no   restringir   la   libertad   del   detenido   más   allá   de   los   límites estrictamente  necesarios  para  asegurar  que  no  impedirá  el  desarrollo  eficiente  de  las investigaciones  y  que  no  eludirá  la  acción  de  la  justicia,  pues  la  prisión  preventiva  es  una medida cautelar, no punitiva.

14. Paradójicamente, conociendo un  caso  contra  Honduras  en  el  año  2006,  la  misma  Corte Interamericana, en el Caso López Álvarez Vs. Honduras7, reiterando su doctrina sobre el tema, acotó los requisitos o presupuestos a que está condicionada la prisión preventiva como medida cautelar. Destacó ese tribunal que se debe respetar, en principio, el estado de inocencia del acusado, por ello debe  verse  tal  medida  cautelar  como  una  excepción, no  como  la  regla  general.  En  la  señalada sentencia, la Corte IDH dijo lo siguiente. La prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad  y  proporcionalidad,  indispensables  en  una  sociedad  democrática. Constituye  la medida   más   severa   que   se   puede   imponer   al   imputado,   y   por   ello   debe   aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. La legitimidad de la prisión preventiva no proviene solamente de que la ley permite aplicarla en  ciertas  hipótesis  generales. La  adopción  de  esa  medida  cautelar  requiere  un  juicio  de proporcionalidad entre aquélla, los elementos de convicción para dictarla y los hechos que se investigan. Si no hay proporcionalidad, la medida será arbitraria.

15. Tras los acontecimientos  legislativos  y  los  pronunciamientos  de  las  entidades  a  que  se  hace referencia, es indiscutible que las medidas encaminadas a la restricción de las garantías procesales, son el producto de una suerte de justicia corporativa, instaurada desde hace un tiempo, en donde el ente  acusador  estatal  tiene  la  seguridad  de  que  presentado  un  requerimiento  fiscal  contra  un ciudadano, la prisión preventiva será la medida cautelar que el juez impondrá, pues éste ya no tiene otra alternativa. Basta constatar en la redacción actual del artículo 184 del CPP, que establece entre los  delitos  que  no  son  susceptibles  de  medidas  cautelares  distintas  de  la  prisión  preventiva al prevaricato, conducta punible que solamente puede ser  cometida por los jueces y los magistrados que dicten resoluciones manifiestamente contrarias a la ley. La norma entonces viene a convertirse en  una  verdadera  amenaza  para  el  juez  que,  interpretando  las  normas  como  es  su  verdadero mandato,  con  su  resolución, primando el  derecho  a  la  libertad  frente  a  la  pretensión  siempre inquisidora del fiscal, dicte una medida sustitutiva en lugar de la prisión preventiva. Después de todo, esa suerte de justicia de gabinete, en la cual la tesis de la acusación será la única que atienda el juez, no es más que una asustadora inversión de los principios que deben imperar siempre en un sistema penal de un Estado Democrático de Derecho.

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16. La fallida reforma  legislativa  tenía  un  fin  y  un  objetivo  constitucionalmente  legítimo,  esto  es, restablecer el derecho a la libertad como principio básico y fundamental del sistema procesal penal hondureño. Se debe tener en cuenta que la redacción original de la norma permitió durante varios años que los jueces y magistrados decidieran acerca de la imposición de la prisión preventiva en cada caso  concreto.  Para  fundamentar  la  crítica  a  la  reforma  en  cuestión  se  ha  partido  de  la errónea creencia de que la normativa procesal penal ha mantenido la actual redacción desde su entrada en vigencia en el año 2002. La original redacción del precepto responde a la idea de que Honduras siendo un Estado de Derecho, respetuoso de los Derechos Humanos debe armonizar sus normas secundarias a  la  Constitución  de  la  República  y  la  Convención  Americana  Sobre  Derechos  Humanos,  máxime cuando de la aplicación del Derecho Penal se trate.

17. En mi opinión, el hecho de no haberse sancionado la reforma legislativa en cuestión, se traduce en una violación más a la Constitución de la República y a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Es en esta parte en donde el Poder Judicial, por medio de sus jueces y magistrados, está llamado a jugar un rol importantísimo, me refiero al control de convencionalidad que deben ejercer los jueces y los magistrados. Justamente ha sido la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que ha reconocido que las normas de Derecho interno deben ser interpretadas a la luz de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos de los que Honduras es parte. En las sentencias de 8 de enero de 2016, recaídas en recursos de amparo acumulados 702-2014 y 819-2014; y 0791-2014, la Sala de lo Constitucional sentó como jurisprudencia lo siguiente: Que de lo expuesto se puede colegir que el Control de Convencionalidad consiste en que la interpretación del derecho contenido en las Convenciones y los tratados de que un Estado sea signatario, es competencia propia y peculiar de los Tribunales. Una Convención o Tratado Internacional son, de hecho y deben ser mirados por los jueces como normas contentivas de Derecho Fundamental, que  forman  parte  de  nuestro  Bloque  Constitucional,  y  por  ello corresponde a los jueces concretar su significado, tanto como el significado de cualquier ley particular que proceda del Cuerpo Legislativo, precaviéndose ya en la Carta Magna que: “En caso de conflicto entre el tratado o convención y la Ley prevalecerá el primero”. Que  a  efectos  tanto  del  control  de  constitucionalidad  como  el  de  convencionalidad,  los jueces y en última instancia la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, deben conocer de las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo y  otras  garantías  constitucionales,  pudiendo  declarar  la  invalidez  de  las  normas  que contravengan  la  Constitución  y/o  los  Tratados  vigentes,  pactos y  demás  declaraciones internacionales  en  materia  de  derechos  humanos;  mientras  que, los  demás  jueces  y tribunales  del  país,  en  los  asuntos  de  su  competencia  y  de  conformidad  a  lo  previsto  por nuestra Constitución y la Ley Sobre Justicia Constitucional, podrán desaplicar las normas que infrinjan  la  Constitución  y/o  los  instrumentos  internacionales  en  materia  de  derechos7 humanos,  con  efectos  sólo  para  el  caso  concreto  y  sin  hacer  una  declaración  expresa  de invalidez de las disposiciones.

18. Esta jurisprudencia sentada  tiene  su  fuente  inmediata  en  la  jurisprudencia  de  la  Corte Interamericana, la cual es invocada por la Sala de lo Constitucional, que desde la sentencia del Caso Almonacid Arellano Vs. Chile8, dejó dicho lo siguiente: La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico.  Pero   cuando un   Estado   ha   ratificado   un   tratado   internacional   como   la   Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.  En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. En esta misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que“[s]egún el derecho internacional las obligaciones  que  éste  impone  deben  ser  cumplidas  de  buena  fe  y  no  puede  invocarse para su incumplimiento el derecho interno”. Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.19. Reconocido el control de convencionalidad por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es imperioso decir que los jueces y los magistrados deben atenerse a lo que disponen la Constitución  de  la  República  y  la  Convención  Americana  Sobre  Derechos  Humanos  cuando  tengan que  decidir acerca  de la  imposición  de medidas  cautelares  en  materia  penal. Como  bien  lo  dice  la CorteIDH, los jueces están sujetos al imperio de la ley, es decir, obligados a aplicar las disposiciones vigentes  de  su  Derecho  interno,  pero  también  están  sometidos  a  la  Convención  Americana  Sobre Derechos  Humanos,  lo  que  les  obliga  a  dejar  de  aplicar  aquellas  normas  contrarias dicho  tratado según  su  objeto  y  fin.  Importante  también  es  señalar  que  ese  sometimiento  no  sólo  es  a  la Convención sino a la interpretación que la Corte interamericana haya hecho de dicho tratado. En ese sentido,  señalando  la  jurisprudencia  citada supra,  que la  prisión  preventiva  está limitada  por  los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad  democrática; siendo  la medida  más  severa  que  se  puede  imponer  al  imputado, debe aplicarse  excepcionalmente. En  ese  orden  de  ideas,  para  que  la  prisión  preventiva  goce  de legitimidad, su adopción requiere de un juicio de proporcionalidad entre los elementos de convicción para  dictarla  y  los hechos que  se  investigan.  Si no  hay  proporcionalidad,  la  medida  será  arbitraria. Entonces, una norma penal que manda a los jueces y magistrados imponer la prisión preventiva sin efectuar razonamiento alguno sobre su procedencia, porque la misma no lo permite, es contraria a lo  dispuesto  por  el  artículo  7  de  la  Convención  Americana  Sobre  Derechos  Humanos  y  de  su jurisprudencia, por ende, los jueces y magistrados no están obligados a darle aplicación.

19. Justamente, es en esta parte en donde la norma que ahora cuestiono también violenta el principio de independencia judicial.  Si  los  jueces  y  magistrados  no  tienen  la  posibilidad  de  interpretar  las normas  al momento  de  su  aplicación  al  caso  concreto,  porque  las mismas  han  sido  creadas por  el Poder  Legislativo  de  tal  forma  que  no  admitan  interpretación  frente  a  los  distintos  casos  y  en circunstancias  disímiles,  estos  operadores  jurídicos,  más  que  sometidos  al  imperio  de  la  ley,  se encuentran sometidos a los mandatos de otro poder del Estado. El argumento de que, amparados en la independencia judicial, los jueces podrían adoptar decisiones arbitrarias cuando de la imposición de medidas cautelares se trate, no puede ser motivo para justificar una violación a la Constitución de la República y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. En todo caso, el sistema procesal penal  está  diseñado  de  tal  forma  que  se  garantiza  el  derecho  al  recurso.  Si  una  de  las  partes  que intervienen en el proceso no está de acuerdo con la decisión adoptada por el juez, puede acudir vía recurso ante un tribunal superior, para que, en caso de haber una errónea aplicación de la ley, corrija los errores interpretativos del inferior.

20. Pero el derecho al recurso no debe confundirse en lo absoluto con una supuesta solución que se pretende dar a la inconformidad del Ejecutivo con la decisión del Ejecutivo, encaminada a disponer en la ley que lo resuelto por un juez en materia de aplicación de la prisión preventiva sea revisado vía consulta por una Corte de Apelaciones. No puede ser más que absurda una solución como la que se anuncia, pues además de contradecir el principio de independencia judicial viola el principio de que los tribunales superiores  solamente  pueden  conocer de  las  decisiones  de  los  inferiores  por  el mecanismo  del  recurso  judicial.  Este sistema de consulta  fue  instaurado  durante  la  vigencia  del Código de Procedimientos Penales de 1984, mediante reforma posterior a su entrada en vigencia9, en relación a las sentencias definitivas que no hubiesen sido recurridas por la partes. Justamente, con la  entrada  en  vigencia  anticipada  del  Código  Procesal  Penal  a  partir  de  su publicación en  el  Diario Oficial  la  Gaceta  en  el  año  2000, dichas  normas  fueron  derogadas  por ser  lesivas  a  los  principios señalados antes. Aquel Congreso Nacional de la República que decretó el CPP, entendió con claridad, que aún con la vigencia de un sistema procesal penal inquisitivo no se justificaba la intervención de un tribunal superior para revisar la decisión de un juez inferior, toda vez que han intervenido partes en el proceso que han podido interponer el recurso judicial como parte de su derecho de defensa.

CONCLUSIONES

a) Después de este apretado análisis sobre la pretendida reforma al Código Procesal Penal, los puntos de vista de las entidades señaladas y el veto presidencial, sin lugar a dudas, la reforma introducida  en  el  año  2013,  a  pesar  de  ser  violatoria  al  sistema  de  garantías  procesales establecidas en la Constitución y los Convenios internacionales de protección de los Derechos Humanos,  será  la nota  fundamental  que  caracterice el  sistema  procesal  penal  hondureño. Este  modelo  de  administración  de  justicia  en  lo  penal, nos  está  llevando  también  al reconocimiento de un Derecho penal del enemigo10, según el cual, un sector de miembros de la  sociedad  por  ser  sospechosos  de  infringir  el  orden  social  establecido, no  pueden  ser tratados   como   ciudadanos   a   quienes   se   le   reconozca   sus   derechos   y   garantías constitucionales, sino como enemigos del Estado a quienes se les debe golpear, y no se debe dialogar con ellos. La utilización de la prisión preventiva, con carácter general y como pena anticipada,  es  la  herramienta  más  idónea  de  este  sistema  para generar  un  ambiente  de confianza en una sociedad cada día más deseosa de ver gente en la cárcel.

b)En Honduras se  atribuye  a  la  prisión  preventiva  la  función  de  anticipo  de  pena,  con  fines ejemplarizantes  e  intimidatorios,  partiendo  de  la presunción  de  culpabilidad,  entendiendo que la persona imputada es culpable, sin más, quebrantando con ello el derecho al estado de inocencia9.

  1. c) Como consecuencia de lo anterior, el sistema penitenciario nacional no tardará en colapsar. Ante la reiterada violación a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los Convenios internacionales relativos   a   Derechos   Humanos,   Honduras   será   expuesta nuevamente  ante  los  estrados  de  la  justicia    Como  en  ocasiones  anteriores, seguramente deberá enfrentar  condenas internacionales que la ubicará entre las naciones del mundo en donde se violentan los Derechos Humanos.
  2. d) Pero a pesar de  lo  anterior,  los  jueces  y  magistrados pueden,  haciendo  uso  del control de convencionalidad, desaplicar las normas secundarias que se enfrentan a la Constitución de la República, a la Convención Americana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los que Honduras es parte. Para que ello ocurra tendría que existir una judicatura verdaderamente independiente, lo cual dudo que exista en Honduras. En  todo  caso,  ante  la  negativa  de  la  judicatura  de  desaplicar  las  normas  violatorias  de  la normativa  constitucional  y  convencional,  bien  podría  demandarse su inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; al final, que ya ha aceptado que se debe ejercer un control de convencionalidad.

Tegucigalpa, MDC, 25 de agosto de 2016.

* Abogado. Especialista  en  Derecho  Penal, Procesal  Penal  y Derechos Humanos. Catedrático de  Derecho Penal y Procesal Penal.  Ex Juez de Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. Autor de varias obras sobre Derecho Procesal Penal.

1“Para  nosotros  es  una  sorpresa  que  se  haya  aprobado  este  artículo,  estamos  estudiando  el  tema,  nos  preocupan  algunos  aspectosvinculados”, Juan Jiménez Mayor, vocero de la Maccih. Citado por Diario el Heraldo edición digital. http://www.elheraldo.hn/pais/992347-466/incierto-futuro-de-reforma-al-código-procesal-penal2Reforma según Decreto 223-2004 de 20 de enero de 2005, vigente desde el 12 de marzo de 2005.

3 Reforma según Decreto 56-2013 de 16 de abril de 2013, vigente desde el 17 de mayo de 2013.

4Segúndatos  del Conaprev,  al  17 de agosto de  2016,  la  población  penitenciaria  es 17,316 privados de  libertad. De  este  total,  8,525se encuentran en situacióndeprocesados.La población penitenciaria aumentóde 2009 a 2016en más de 6 internos. Datos publicados en informe especial publicado en www.laprensa.hn

5 El Heraldo Digital. Edición electrónica de 22 de agosto de 2016. “Presidente Veta Polémica reforma al Código Procesal Penal de Honduras.   http://www.elheraldo.hn/pais/992665-466/presidente-veta-pol%C3%A9mica-reforma-al-c%C3%B3gido-procesal-penal-de-honduras

6 Véase el Caso Suarez Rosero Vs. Perú, Sentencia de 12 de noviembre de 1997.

7 Véase el Caso López Álvarez Vs. Honduras, Sentencia de 1 de febrero de 2006, párr. 67, 68 y 69.

8 Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párr. 14 y 25 respectivamente.www.corteidh.or.cr

9 Fueron adicionados al Código de Procedimientos Penales de 1984, los artículo 409-A, al 409-E, mediante Decreto No.107-87 de 23 de julio de 1987.10Günther Jakobs; Derecho Penal del Enemigo. Editorial Civitas, Primera edición 2003.

10 Günther Jakobs, una de las máximas autoridades mundiales en la dogmática del Derecho Penal, desató una acalorada polémica al afirmar que, en la actualidad, para el poder punitivo del Estado no todos los ciudadanos son personas, sino que están “las personas y los enemigos”.

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