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Con reformas a Ley de Ingresos Complementarios se politizaría asistencia en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

El Congreso Nacional (CN), aprobó este miércoles varias reformas a la Ley de Ingresos Complementarios en Zonas Rurales y Urbano Marginales (Decreto 107-2010), y con esto se podría politizar la asistencia humanitaria y proyectos sociales en Honduras.

El Parlamento excusó que estas reformas fueron aprobadas en un solo debate ante la necesidad de atender aquellas zonas más empobrecidas, por lo que ahora se abre aún más la posibilidad que las mancomunidades, consultores independientes locales, organizaciones no gubernamentales y patronatos comunitarios se beneficien con proyectos bajo el tinte político.

«La ejecución de los proyectos a que se refiere la presente Ley, estará a cargo de las mancomunidades de municipios y pobladores, empresas constructoras, contratistas individuales, empresas consultoras, consultores individuales, Organizaciones no Gubernamentales, Asociaciones Civiles, legalmente reconocidos o que estén en proceso de legalización, de acuerdo a la capacidad técnica de cada una de ellas, las que podrán solicitar el apoyo técnico, administrativo y la supervisión de las organizaciones facultadas para tal efecto», cita el artículo 8 reformado.

Dicha Ley, considera la conservación del medio ambiente y la reducción de la vulnerabilidad a los desastres naturales; la mejora a la seguridad alimentaria y la creación de nuevas capacidades, pero esto sería canalizado con mayor libertad, en un año electoral.

Además, se eliminó del artículo 10 al Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS), y dejar únicamente la referencia a la Secretaría de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), ya que con el PCM 050-2019, IDECOAS pasó a ser SEDECOAS.

El proyectista (Mario Pérez, Partido Nacional) arguyó que después de 10 años de implementación de la Ley de Ingresos Complementarios en Zonas Rurales y Urbano Marginales, se ha identificado que es necesario involucrar más en la ejecución de proyectos, a otros actores como entes ejecutores a fin de lograr una mayor efectividad.

Además, se busca garantizar a un miembro de cada hogar, ingresos complementarios por lo menos 120 días del año, en las comunidades rurales y urbanas más empobrecidas.

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