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Reformas penales solicitadas por JOH son aprobadas en primer debate

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El parlamento aprobó en el primer debate la ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad que consiste en reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y otras leyes, las que están orientadas según el orlandismo en combatir la extorsión, las asociaciones ilícitas de pandillas, delitos de crimen organizado y criminalizar las protestas sociales que podrían surgir para repudiar la reelección de JOH.

En ese sentido el paquete de reformas enviado por el líder del régimen nacionalista Juan Hernández, fue dictaminado por una comisión especial presidida por el diputado nacionalista José Tomás Zambrano, para proponer la modificación del Código Penal, Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, Código Procesal Penal, Ley de Inteligencia Nacional, Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y Centros de Internamiento de Niños y Niñas a Nivel Nacional, Ley Especial sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas, Ley de Recompensas y Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

Por tanto dicha comisión agregó un último  párrafo al artículo 335 del Código Penal donde establecieron que «incurre además en dicho delito (terrorismo) quien o quienes formen parte de asociaciones ilícitas, y desarrollen de forma sistemática acciones cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos violentos o amenaza de cometerlos, alterar gravemente la paz pública, aterrorizar o intimidar a la población o a parte de ella, para obligarla a realizar un acto o abstenerse de hacerlo».

De igual manera aseguraron que se modifica el delito de extorsión “para garantizar que el delito se considere cometido desde el momento que se hace la amenaza, sin que se necesite haber logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación, es decir sin necesidad de que se haya pagado dinero a cambio de no sufrir la repercusión”.

También se le agregan algunas agravantes al delito de extorsión, cuando por efecto de la misma, se produce el cierre de una empresa de cualquier naturaleza o cuando la orden para la comisión del delito emane de un centro penal o del extranjero.

En la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, se modifica únicamente para adaptar la nueva definición del delito de terrorismo del artículo 335 del Código Penal arriba mencionado, a efectos de homologar ambas normas.

En relación al Código Procesal Penal se adiciona un último párrafo al Artículo 173 para que en casos en que un funcionario comete un ilícito en legítima defensa como pare del cumplimiento de sus funciones, la detención preventiva y la prisión preventiva se cumpla en un lugar distinto al que están las personas que ellos mismos han investigado o acusado.

Según ellos, no se establece ninguna impunidad en favor de la autoridad que comete un delito pues sólo se establece que mientras el juez conoce la causa, guarde prisión en lugar diferente a una cárcel, donde su vida correría peligro.

También se reforma el artículo 237-A; el último párrafo del 237 B; y el 311, para facilitar la denuncia en supuestos de asociación ilícita y extorción, y evitar que los acusados tomen represalias contra los denunciantes o testigos, permitiendo que su declaración se rindan a través de la Cámara Gesell y se incorpore como prueba anticipada a juicio, evitando que las víctimas y los testigos tengan que ir a declarar delante de la persona que los ha extorsionado.

Respecto a la Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y Centros de Internamiento de Niños y Niñas se modifica para ampliar el tipo de aparatos y medios a través de los cuales se pueden comunicar desde un centro penal. En la actualidad estaba limitado a unas que enumeraba la Ley, ahora se deja abierto previendo que la tecnología avance y se creen nuevas rutas de comunicación inalámbrica.

Mientras que en la Ley Especial sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas se reforma para obligar a las empresas privadas y públicas a otorgar la información solicitada con orden judicial sin importar hora o día de solicitud. En la actualidad si se pide información fuera de horas de oficina o en fines de semana, estas no la dan al instante. Se sigue manteniendo la exigencia de una orden judicial para solicitar una intervención telefónica.

Cabe destacar que el dictamen fue firmado por casi todos los miembros de la comisión especial multipartidaria a excepción del representante del partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé quien razonó su voto.

 

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