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RNP vendió bases de datos confidenciales a empresas de telefonía y sistema financiero

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Los datos personales de los más de nueve millones de hondureños fueron regados por todo el sistema financiero nacional, cuando debería ser de carácter estrictamente confidencial y operados de manera exclusiva por el Registro Nacional de las Personas (RNP).

Asimismo, se entregó a la embajada de EE.UU. la base de datos al justificar que la medida era por asuntos de «seguridad» de la nación del norte para «verificar» qué personal es elegible para acceder a visado.

Uno de los funcionarios del denominado ente de seguridad nacional, identificado como Alfredo Laínez, fue autorizado por el exdirector Ramón Izaguirre Rodríguez para que cediera toda la información «utilizando las facilidades que brinda el sistema de consulta externa del cual ellos ya tienen conocimiento».

No sólo la legación estadounidense fue la beneficiada con la entrega de tal base, también las empresas de telefonía móvil, por lo que se generó un negocio redondo en perjuicio de la población; también resultó perjudicado Laínez, quien se limitó a cumplir órdenes del RNP, por lo que fue despedido ya que comenzaron a «desconfiar» de él.

Incluso, esta persona tuvo que recurrir al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para hacer constar que no fue sujeto de reparos administrativos o penales porque obedeció un lineamiento de sus superiores para brindar la colaboración a EE.UU., de acuerdo a documentos en manos de ConfidencialHN. 

 

Acerca de los convenios que tiene en sus manos este periódico, se evidencia que los lotes de identificación digital fueron «prostituidos» en beneficio de las grandes empresas que saben con precisión el domicilio, números telefónicos, fechas de nacimiento, cantidad de personas que residen en las casas, entre otras, poniendo en peligro la integridad de las personas, ya que sus datos podrían llegar a las manos equivocadas.

El RNP, dirigido en su momento por Jorge Arturo Reina García, suscribió en junio de 2012 y enero de 2014 contratos de prestación de servicios con dos empresas privadas de telefonía móvil -Tigo y Claro- por la suma de dos centavos de dólar por cada consulta que efectuaran ambas multinacionales, a cambio de un pago mensual de siete mil dólares por un máximo de 250 mil personas, en caso de que la cifra excediera el techo ya establecido, pagan tres centavos de dólar, o sea, 48 centavos de lempira.

La oficina que dirigió Reina, incurrió en errores infantiles al confiar que las bases de datos cedidas a empresas particulares bajo «cláusulas de secretividad» referentes «a la información relativa al ciudadano y al usuario de los servicios de telecomunicaciones» y que las mismas «sean usadas únicamente para el propósito para el cual se proporcionó».

El hecho de que el Registro Nacional de las personas haya suscrito estos convenios, violentó el artículo 17 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, en cuanto a la información reservada de que la misma está orientada a proteger «la vida, la seguridad y la salud de cualquier persona, la ayuda humanitaria, los intereses jurídicamente tutelados a favor de la niñez y de otras personas o por la garantía de hábeas data». 

«La información clasificada como reservada, tendrá este carácter mientras subsista la causa que dio origen a la reserva, fuera de esta circunstancia, la reclasificación de la reserva solo tendrá lugar, una vez que se haya cumplido un término de diez (10) años, contados a partir de la declaratoria de reserva, salvo que exista una orden judicial, en cuyo caso, la reclasificación se circunscribirá al caso específico y para uso exclusivo de la parte interesada, es decir bajo reserva de uso público», expresa el artículo 19 de la norma.

En su momento, la expresidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Doris Imelda Madrid, denunció este incidente y sostuvo que la cesión de la información personal “es una franca violación a los derechos humanos de las personas que una institución de seguridad nacional le esté proporcionando datos a compañías privadas, sin el consentimiento de ellas”.

En su momento, el exdirector Reina admitió que hubo una «venta parcial» de lotes de información y que no se iba a dar marcha atrás a la decisión que tomaron.

Justificó que la idea radicó en los lineamientos de la Comisión Interinstitucional de Prevención contra el Lavado de Activos, y sostuvo que ‘el Registro Nacional de las Personas es miembro de la comisión y es de su conocimiento que la banca requiere validar la identidad de las personas que hacen operaciones bancarias. La validación de estas personas solo puede hacerse a través de la biometría o huella digital».

En tanto, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en un informe publicado el 31 de julio de 2014, indicó que los exfuncionarios del RNP, entre ellos, Jorge Arturo Reina García, Gerardo Martínez y Manuel Sagastume habrían incurrido en malversación de caudales públicos. «El Registro Nacional de las Personas (RNP) en la Ejecución Presupuestaria de 2013, en el renglón 260 inciso: 26110 y 26210 se asigno un monto de 5.4 millones de lempiras para gastos de viajes y viáticos, sin embargo utilizaron 646 mil 122 lempiras con 75 centavos de los ingresos provenientes de los contratos de Tigo y Claro.

También se documentaron «transferencias realizadas de las cuentas del RNP de los fondos obtenidos (de ambas empresas) directamente a las cuentas personales de los empleados: Maria Jacinta Rivera Busto, Daniela Lizeth Amador Amador, Rosebelby Verónica Raudales y Jenny Lizeth Martinez Alvarenga, estas transferencias fueron  en moneda nacional cuando los viajes se hicieron a EE.UU.», detalla el expediente CNA-UIASC-024-2014 y línea de investigación CNA-UIASC 024-2014 -LI01-RNP- Contratos de Telefonía.

En ambos casos -según el CNA- las liquidaciones de viáticos presentadas por el RNP no contempla los soportes como ser: comprobantes de hotel, comprobantes de alimentación, comprobantes de transporte y movilización.

A cuatro años de que la oficina que preside Gabriela Castellanos presentó esta denuncia, no se le dio el seguimiento respectivo y la investigación que debió ejecutar por oficio el Ministerio Público, que dirige Óscar Chinchilla.

Es de recordar que cada nombre, apellido, estado civil y dirección también es manejado por las centrales de riesgos privadas, autorizados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), quienes han dispuesto de amplia información para analizar el comportamiento crediticio de la sociedad, por lo que terminan siendo una especie de juez para determinar si conceden o no un bien o servicio.

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