viernes, diciembre 4, 2020
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Senador de EE.UU. pide a MACCIH investigar asesinato de Berta Cáceres

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El senador estadounidense Patrick Leahy pidió en fecha reciente que la Misión Anticorrupción de la OEA para Honduras (MACCIH) investigue el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido hace un año.

En una carta enviada a la presidencia del senado de EE.UU., el legislador por Vermont explicó que Cáceres “había recibido múltiples amenazas de muerte durante su campaña contra la represa, algunos específicamente de parte de personas de esa empresa. Y el gobierno de Honduras ignoró las solicitudes de protección, tanto el gobierno como DESA continúan negando todo involucramiento en el asesinato”.

“Cáceres había recibido múltiples amenazas de muerte durante su campaña contra la represa, algunos específicamente de parte de personas de esa empresa. Y el gobierno de Honduras ignoró las solicitudes de protección, Tanto el gobierno como DESA continúan negando todo involucramiento en el asesinato”, dice el texto.

ConfidencialHN reproduce la carta enviada por el senador Leahy.

Sr. Presidente, quiero llamar la atención del Senado al hecho de que hoy (3 de marzo) se cumple un año del asesinato de la reconocida activista indígena hondureña Beta Cáceres que dedicó su vida  y al final perdió su vida por proteger el agua la tierra y otros recursos naturales del pueblo lenca.

Luego de un intento fallido de la policía hondureña y de algunos oficiales  de alto rango para representar ese como un crimen pasional, un recurso usado con frecuencia para encubrir la complicidad oficial en casos semejantes, hay ocho detenidos incluyendo a un alto oficial de las FFAA y a dos oficiales militares retirados.  Y hay razones para ser escépticos aunque los oficiales hondureños han negado cualquier involucramiento y han desestimado la detención y acusación en este caso contra el Mayor Mariano Díaz que fue dado de baja del ejercito inmediatamente.

Díaz era un veterano oficial condecorado de las Fuerza Especiales, había sido designado el 2015 como jefe de inteligencia del Ejército y estaba siendo considerado para un ascenso inminente a teniente coronel cuando fue involucrado en el asesinato.

Otro sospechoso que también ha sido implicado en el crimen, el teniente Douglas Giovanni Bustillos, entró a las FFAA el mismo día que Díaz, con quien sirvieron juntos. Él dejó las FFAA hace algunos años pero había mantenido en comunicación continua con Díaz después de que Bustillo dejó las FFAA en 2008.

Destaca y es particularmente preocupante que, según informes de prensa, ambos, Díaz y Bustillo, habían recibido entrenamiento de parte de las Fuerzas Armadas de EE.UU.

Un tercer sospechoso, el Sargento Henry Javier Hernández, habría sido un francotirador de las Fuerzas Especiales al mando del Mayor Díaz. Y habría trabajado después de retirarse del ejército en 2013 como informante para la Inteligencia Militar

Según otros informes de prensa, el sargento primero Rodrigo Cruz que desertó del Ejército luego del asesinato de Cáceres y sigue en la clandestinidad ha declarado que el alto mando militar le habría dado al comandante de la Fuerza de Tarea Xatruch, a la cual el pertenecía, una lista con los nombres y fotografías de activistas que habían de ser eliminados. Y que el nombre de Cáceres estaba en la lista. Y todo eso suena muy parecido a la forma de operación de los escuadrones de la muerte de El Salvador en los 1980s.

También se ha detenido a cinco civiles sin trayectoria militar. Incluyendo a Sergio Rodríguez gerente de la Planta y Presa Agua Zarca a la que se oponía Berta Cáceres.

Ese proyecto está siendo construido por Desarrollos Energéticos, S.A., (DESA), con financiamiento internacional y muy fuerte respaldo del gobierno hondureño. Y según informes de prensa, el presidente de esa empresa, Roberto David Castillo Mejía, es un exoficial de inteligencia militar y su secretario Roberto Pacheco Reyes  es un antiguo ministro de justicia. DESA empleaba al exteniente Bustillo como jefe de seguridad  entre 2013 y 2015.

Cáceres había recibido múltiples amenazas de muerte durante su campaña contra la represa, algunos específicamente de parte de personas de esa empresa. Y el gobierno de Honduras ignoró las solicitudes de protección, Tanto el gobierno como DESA continúan negando todo involucramiento en el asesinato.

Para cualquiera que conoce Honduras  es inconcebible que  este crimen escandaloso pudiera llevarse a cabo por estos individuos sin órdenes superiores. La cuestión es si la investigación va identificar a los autores intelectuales del crimen. Lo cual casi nunca sucede en Honduras en esta clase de casos.  Global Witness, el Departamento de Estado de EE.UU. han documentado que ha habido muchos asesinatos en Honduras de activistas ambientales que nunca se han terminado de investigar  y por los que nunca se ha terminado de castigar a nadie.

No cabe ninguna duda de que en este caso la investigación ha progresado por la asistencia de  expertos policiales estadounidenses apoyados por la Embajada de EE.UU. y por el apoyo del fiscal general Óscar Chinchilla.

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