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Sicariato militar y una propuesta de justicia

(Por Joaquín Mejía) Uno de los hallazgos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación establecida por el gobierno de Lobo Sosa para conocer lo sucedido en el marco del golpe de Estado de 2009, puede fácilmente trasladarse a lo que sucede actualmente en materia de derechos humanos en el contexto del fraude electoral.

De acuerdo con esta Comisión, se constató el uso desproporcionado de la fuerza de parte de las instituciones militares y policiales, lo que tuvo como resultado violaciones a los derechos humanos expresadas en muertes violentas, privación de libertad, tortura, violaciones sexuales y persecución política.

Sin embargo, lo que sucede actualmente sobrepasa la gravedad de la crisis de derechos humanos de 2009 pues la brutalidad de las actuaciones de las fuerzas de seguridad pública, particularmente de los miembros de la Policía Militar, solo puede enmarcarse en la lógica del sicariato pagado con dinero público y bajo las órdenes de Juan Orlando Hernández.

El asesinato de Anselmo Villareal por balas de las fuerzas de seguridad del Estado se suma a la lista sangrienta de 31 personas asesinadas desde que estalló la crisis política debido al fraude electoral evidenciado por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos.

Estos asesinatos pueden considerarse crímenes de lesa humanidad y por ello debemos trabajar fuertemente para impulsar junto con los sectores democráticos del país y de la comunidad internacional dos recomendaciones fundamentales de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, enriquecidas por nuestras propuestas.

La primera es suprimir cualquier misión de carácter político para las Fuerzas Armadas y establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción y bajo un control judicial independiente. Esta debe ser un primer paso en el camino hacia su eliminación.

La segunda, es la creación de una jurisdicción especial en materia de derechos humanos que proponemos sea en la lógica de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, con el fin de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad hondureña, contribuir a la reparación de las víctimas y a luchar contra la impunidad.

Los que hoy se sienten impunes e intocables porque tienen el control de la institucionalidad y la bendición de las cúpulas económicas, religiosas y políticas, deberían entender que más temprano que tarde la justicia será una realidad para sus víctimas.

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