Saturday, Aug 24, 2019
HomeEditorialOpinionSigue la estrategia del desprestigio

Sigue la estrategia del desprestigio

(Por Edmundo Orellana) El gobernante respondió a los señalamientos de la fiscalía gringa en el contexto de los juicios contra capos de la droga, acusando a los líderes de la oposición de vínculos con el narcotráfico y con las maras.

Es su estrategia preferida. Acusó de narco a todo el que se opuso a su capricho de constitucionalizar la Policía Militar; acusó a las caravanas, como escribimos en un artículo sobre el tema, de ser “un pérfido montaje de la oposición hondureña que, a su vez, aprovechan el terrible judío Soros y el dictatorial gobierno venezolano para desestabilizar la derecha gringa, y también los yihadistas para sus macabros propósitos”; acusó de malversadores a directivos de un colegio de docentes, que participa en la Plataforma, denunciándolos en el MP, para luego ser desmentido por el supuesto ofendido, otro colegio magisterial. La estrategia es atacar con calumnias e infamias a todo opositor.

Con esta estrategia apunta al blanco equivocado, porque los señalamientos no son de la oposición ni los ha provocado. Seguirá el ataque contra “Mel”, Nasralla, Luis Zelaya y PP, su nuevo opositor. Y en esto se luce el gobierno. Vendrán, pues, y a torrentes, las descalificaciones y los ultrajes al honor, mediante injurias y calumnias, contra los líderes de la oposición política y también contra los dirigentes de los movimientos sociales que levantan la bandera de la indignación en la calle, y, en definitiva, contra todo aquel que manifieste públicamente su oposición al gobierno.

Esta estrategia desnuda el grado de preocupación del gobierno por los señalamientos que, provenientes de los expedientes de la fiscalía que conoce el caso del capo hondureño de apellido Ardón, recogen gran cantidad de periódicos extranjeros, del nuevo y viejo continente. Es un escándalo de proporciones desconocidas en la historia nacional y, quizá por eso, nadie del gobierno está pensando serenamente.

El gobernante podrá ordenar que lancen cieno contra todos, pero esa acción no borrará la noticia de esas primeras planas en los periódicos del mundo ni hará desaparecer de aquel expediente las sospechas en su contra, motivo por el cual no se reunió con él la comitiva presidida por Nancy Pelosi, presidenta del Congreso estadounidense, en su reciente visita.

El problema del gobernante en Honduras no es legal, por ahora. El problema legal lo tiene en Estados Unidos. Aquí su problema es político, de gigantescas dimensiones y de consecuencias imprevisibles, pero inevitables. Ya no se trata de la legitimidad de su investidura, cuestionada desde las fraudulentas elecciones; lo que está en cuestión es su idoneidad para ostentarse como Jefe de Estado.

El gobernante no es cualquier ciudadano ni cualquier funcionario. Ejerce la más alta magistratura de la nación y, por ello, nos representa en el exterior. Pero resulta que el pueblo, desde las fraudulentas elecciones, se toma intermitentemente las calles y las carreteras exigiendo -y después de las noticias de las cortes gringas, con más fuerza- su renuncia y en el exterior, los dignatarios extranjeros, informados debidamente de la situación interna del país por sus respectivos embajadores, están impactados con las informaciones oficiales de las cortes federales gringas destacando su supuesto vínculo con capos del narcotráfico.

El gobernante pierde, pues, credibilidad y confianza, en el país y en el extranjero. No porque se estime que sea culpable de los señalamientos, sino porque su gestión ha generado la percepción, entre el pueblo, de que contravino aquellas reglas básicas que determinan el respeto mutuo entre gobernante y gobernados. Esta ruptura del pacto elemental entre gobierno y ciudadano es lo más grave que enfrenta el régimen. Como pasó con el gobernador de Puerto Rico, que, por escribir textos homofóbicos e insultantes contra personalidades de su país, fue obligado, por el pueblo en las calles, a renunciar.

El gobernante goza de la presunción de inocencia y debe ser tratado como inocente. Por lo que no es justo que se presuma su culpabilidad. Es más, por ahora, esos señalamientos son competencia de las cortes federales gringas, no hondureñas. De lo que no goza es de la mínima confianza popular necesaria para gobernar, por el escándalo en que se encuentra inmerso, debido a los errores cometidos por un pariente suyo y cuyos efectos lo alcanzan.

La convulsión política y social, generada por el escándalo, es incontenible y los daños que provoca son gravísimos e irreversibles, en todos los ámbitos, especialmente el económico, por lo que la renuncia que corean la oposición y una gran parte de sus correligionarios no es la solución a la crisis, pero es, probablemente, la única opción para calmar los ánimos alterados en el país e iniciar el diálogo auténtico entre los hondureños.

El trance que vivimos es definitorio para nuestro futuro, por lo que se torna cada vez más apremiante decir, con fuerza y decisión, ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

FOLLOW US ON:
Expresidenta argenti
Sacar a JOH del pode
Rate This Article:
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT