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Surgen escandalosos actos de corrupción en Medicina Forense de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Desde contratación de médicos generales sin tener especialidad en medicina forense, hasta dobles y triples funciones son algunas de las irregularidades que se reportan en la dirección de Medicina Forense del Ministerio Público.

ConfidencialHN ha sabido de fuentes muy confiables respecto a las irregularidades que se registran en la dependencia del organismo acusador, en particular, con la cúpula que dirige Julissa Villanueva y un teniente coronel identificado como Roque Pacheco, que ejerce la subdirección y firma como especialista forense sin serlo.

Respecto a Pacheco, tiene tres plazas: seis horas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), seis horas en las FFAA y ocho horas como subjefe de la morgue, para un total de 20 horas, resultando imposible que pueda estar en tres lugares a la vez, por la naturaleza de los cargos que posee.

Igual problema ocurre con la jefa forense, pues cuenta con ocho plazas de trabajo y tiene contrato con la UNAH, por lo que suele llegar durante la noche a marcar tarjeta como cualquier empleado, a pesar que suele permanecer ocho horas diarias en la oficina encomendada por el organismo acusador.

Una de las fuentes comentó a este periódico que Pacheco firma documentos del Ministerio Público con un título falsificado que no es reconocido por la UNAH y ni por el Colegio Médico de Honduras. El militar accedió a una plaza en el centro de estudios superiores como “especialista forense”, sin tener los requisitos que la ley le exige, por lo “que hay reparo”.

Asimismo, añadió, por las manos del subjefe de la morgue pasan documentos sobre mala praxis médica, las que “son sujeto de manipulación”. Es decir que pueden ser trastocadas para evitar futuras responsabilidades legales. Todos estos incidentes han ocurrido con el conocimiento de Villanueva.

Pacheco, según la información, realizó autopsias de los reclusos del penal de Comayagua que fallecieron calcinados en 2012 que ascendieron a 358, en particular, a quienes “tenían elementos metálicos”. Los otros forenses sólo tuvieron acceso a los cadáveres de los reos que no tuvieran metales en su cuerpo y eran sometidos a un “filtro” cuando se les realizaba placas de rayos X.

Entre las denuncias a las que tuvo acceso este periódico es que unos 43 cadáveres que se encontraban en uno de los contenedores móviles de la morgue de San Pedro Sula, se descompusieron porque hubo fallos en el sistema de electricidad, por lo que se vieron obligados a erogar medio millón de lempiras para que pudiera resolver el incidente.

A la fecha, el contenedor móvil no ha podido ser arreglado sin que se haya justificado la indiferencia de las autoridades de la morgue por solventar el problema.

Documentos entregados a este periódico firmados por la secretaria de Colegiaciones del Colegio Médico, María Antonieta Castro y el exjefe de la dependencia, Julio Colindres, certifica que varios médicos que laboran en la morgue son apenas médicos generales.

En el caso de la doctora Etelinda López Castellanos, según la constancia en poder de ConfidencialHN, es médico general, pero ejerce la función de forense sin contar con la especialidad que exige el Ministerio Público.

De hecho, la certificación de la autopsia #2016-0371 del tres de marzo de 2016 practicada a la desaparecida dirigente ambientalista Berta Cáceres fue firmado por López Castellanos, quien es a su vez jefa de patología forense. En cambio, la certificación del Colegio Médico emitido el 10 de agosto de 2015 reafirma que sólo ha obtenido el título de medicina y cirugía, es decir, que es médico general.

Entre otra de las anomalías que se ha presentado en la actualidad y de las que tiene conocimiento Villanueva, es que las evidencias que son presentadas en los juicios son trasladadas en unidades de transporte público. La circular 002-2015 firmado por la jefa forense, ordenó que no se suspendieran las giras a juicios orales por falta de vehículo y que los técnicos o médicos autopsiantes se movilizaran en autobús interurbano para cumplir con los mandatos judiciales.

Además, dice el memorándum, la jefatura de medicina forense no se emitirán documentos que comprueben la carencia de transporte oficial para movilizar a técnicos o peritos al momento de  acudir a juicios para presentar pruebas científicas sobre fallecimientos que sugieran homicidio o asesinato, entre otros.

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