TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Misterio Publico (MP), presentó requerimiento fiscal para los 11 imputados en el nuevo caso de corrupción “Hermes”, por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude, malversación de caudales públicos, malversación de caudales públicos por cambio de destino, lavado de activos y encubrimiento. Asimismo, se solicitó se liberen las órdenes  de captura, alertas migratorias, una vez que se ordene la detención judicial para los involucrados. En tanto, esta acción penal, es  por los pagos de servicios de publicidad que Casa Presidencial ejecutó a la empresa Servicios e Inversiones AID, de los cuales se identificó que en 14 de ellos no tenían soporte de contratos a los que obedezcan dichos pagos. Además, el monto sin contrato suma más de

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El abogado penalista, Omar Menjívar, subrayó este miércoles que el Ministerio Público (MP), no ha tenido voluntad de proceder contra el jefe del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, ante el desmedido saqueo de las arcas del Estado y señalamientos de fiscales estadunidenses. De igual forma, exteriorizó  que “todo indica que al señor Juan Orlando Hernández se le está cercando el circulo de presión”. El especialista dijo que “el MP se ha tardado, no ha habido voluntad de ir detrás de Juan Orlando Hernández, que es la cabeza principal de toda esta operación de saqueo desmedido que han sufrido las arcas del Estado desde que dirige el gobierno”. Menjívar refirió que la propuesta de una ley de parte de senadores norteamericanos para sancionar al

TEGUCIGALPA, HONDURAS. “Es cómico, realmente se ve cómico”, que después de más de ocho meses el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), presente un informe con indicios de responsabilidad penal por la compra de  ventiladores mecánicos, ejecutada por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), señaló el penalista, Oliver Erazo. Destacó que ese accionar produce “malestar y cólera”, en la población hondureña, pues ha habido tardanza en encontrar los indicios de esas compras irregulares. Añadió que hubo “inconsistencias en las facturas copias, sin sellos, sin firmas de los dueños de las empresas, violación de  la Constitución, de la Ley de Contratación del Estado, de las disposiciones generales del presupuesto, entre otras normativas”. “A estas alturas, esta famosa Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), debería de