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Tiro de gracia: Creación de la UFECIC violó normas constitucionales

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La Sala Constitucional del Poder Judicial de Honduras determinó que la creación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) violó normas legales concernientes a la Carta Magna y Ley orgánica del Ministerio Público.

En la resolución que dejó clara la constitucionalidad de la MACCIH, se estableció que la UFECIC se apartó de los preceptos que ordena la Ley fundamental ya que el fiscal general Óscar Chinchilla determinó mediante una resolución conformar el brazo investigador de la misión anticorrupción de la OEA y no siguió «las directrices» que exige la norma.

Estableció en el falló que «que en el Diario Oficial La Gaceta 34,262 del 10 de febrero de 2017, el Fiscal General de la República dispuso publicar las siguientes disposiciones gubernamentales, Acuerdo No. FGR-001-2017 y Acuerdo No. FGR002-2017, así como la firma de un mecanismo de entendimiento entre la Organización de Estados Americanos y el Ministerio Público, de los que se puede observar el seguimiento de directrices que no siguen los estándares que esta Sala Constitucional reconoce como válidos, como la subrogación en la toma de decisiones en materia de política de persecución penal pública…».

«…Práctica que se observa con la conformación de una supuesta acción penal integrada entre el Ministerio Público y un organismo internacional, competencia constitucional indelegable, así como el desarrollo de procesos de nombramiento que no siguen lo expuesto en esta sentencia y deben de ser orientados para el correcto cumplimiento de la supremacía constitucional; en ese sentido, se debe de instar al Ministerio Público a que acate los parámetros ofrecidos en esta Sentencia», establece el fallo.

En consecuencia, el organismo manda a decir al Ministerio Público que la conformación de la UFECIC  no fue apegado a la Constitución.

Y es que el referido acuerdo, rubricado por Chinchilla, creó la unidad especializada al trasluz del acuerdo suscrito entre el Estado hondureño y la OEA respecto a la MACCIH y que estaría adscrita a la fiscalía general «con el fin de que se desarrolle en forma exclusiva y mediante la investigación y persecución penal…a través de su actividad, en cumplimiento de su finalidad constitucional y legal, mediante la investigación objetiva, el prcoesamiento, la aplicación de la justicia y el castigo a los responsables de la comisión de delitos de corrupción».

El alto funcionario, según el acuerdo firmado en 2017, utilizó sus prerrogativas legales al justificar el principio de especialidad para conformar la estructura de la UFECIC, así como la contratación de fiscales, técnicos forenses, informáticos y otras especialidades a fin de colaborar con la misión que dirige en la actualidad la peruana Ana María Calderón.

Esta argumentación fue analizada por los magistrados de la Sala Constitucional para dejar en firme la ilegalidad de la fiscalía especial que preside Luis Javier Santos.

Cabe recordar que la resolución fue emitida la noche del miércoles tras varias horas de deliberación de los altos jueces; el fallo emitido por el tribunal se basa en el artículo 206 del Código de Procedimientos Civiles, respecto a que debe «ser clara, precisa y exhaustiva y en acatamiento a la Constitución de la República, la supervisión, evaluación, colaboración activa, investigación, persecución penal, establecido en el convenio, deben ser interpretados y aplicados conforme a nuestra Constitución Política”.

La sentencia fue enviada a los titulares del Ejecutivo y Legislativo, Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva, de forma respectiva, así como a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ministerio Público y Procuraduría General de la República, a fin de que se notifiquen sobre el fallo.

En consecuencia, la resolución de la Sala Constitucional es definitiva, es decir, que no hay espacios para la interposición de otros recursos.

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