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Todos (as) a cuidarnos de policías, militares y del COVID-19

Por: Juan Alfaro Posadas 

A partir de las últimas muertes a manos de policías, militares y el COVID-19, todos (as) devenimos obligados a cuidarnos en la calle, en los centros comerciales y hasta en las casas, porque estamos en una dictadura cachureca, donde no existe el Estado de derecho ni las instituciones encargadas de velar por nuestros intereses.
Como se sabe, la madrugada del pasado domingo 7 de febrero fue asesinada en una celda policial de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, la joven estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Keyla Patricia Martínez Rodríguez (26), tras ser detenida por elementos del “orden público”, en compañía del médico José Edgardo Velásquez Orellana.
Luego de airadas protestas a través de las redes sociales y en la propia cabecera departamental de Intibucá, el Ministerio Público se vio obligado a afirmar que la muerte de la universitaria Martínez Rodríguez tiene su raíz en un homicidio provocado por asfixia mecánica, pero a pesar de que la autopsia refleja un sinnúmero de elementos adicionales, nunca aclararon si fue violada y los motivos de su inmolación.
Aunque el Ministerio Público no ha vuelto a brindar detalles sobre esa muerte, desde Washington, Estados Unidos, se ha denunciado que el supuesto autor material de la misma es el subcomisionado de policía, Melvin Alexander Alvarenga Deras, responsable de la jefatura departamental de la Policía Nacional en Intibucá.
Según esa valiente denuncia, el subcomisionado Alvarenga Deras “ingresó a la celda, la golpeó y apretó su cuello, hasta que la muchacha dejó de respirar”. El oficial se auxilió de dos policías mujeres y de otros dos policías del sexo masculino.
Cabe destacar que, según esas fuentes, el aludido jefe policial ya ha cometido otros delitos en perjuicio de ciudadanos, y nunca ha pagado por ellos en la cárcel, ni lo ha alcanzado la cacareada depuración, que con bombos y platillos anunciaron y defendieron los señores Alberto Solórzano y Omar Rivera.
Sin embargo, la institución encargada de velar por el interés general de la sociedad hondureña guarda un silencio sepulcral, precisamente porque representa otros intereses, estrechamente ligados al usurpador de la Presidencia de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado (JOHA), y no a los de la sociedad, como debería ser, según la ley.
Los familiares de la malograda joven así como sus amistades y miles de compatriotas han asegurado que no permitirán que este hecho criminal quede en la impunidad como otros. En el caso de Keyla Patricia Martínez Rodríguez lo que se cometió fue un asesinato y no un homicidio, porque concurren todos los agravantes, desde la planificación, premeditación alevosía y ventaja, según el Código Penal vigente.
Y como si eso fuera poco, elementos de la Policía Nacional y del ejército asesinaron de cinco balazos en las últimas 24 horas, en la capital, Tegucigalpa, a un joven identificado como Erick Davinson Barrientos Aviles, de 21 años, según sus familiares.
Los policías y militares persiguieron con saña a Barrientos Aviles luego de que éste rosara con su vehículo, tipo volqueta, un cono en un retén policial de Tránsito, en la colonia El Carrizal de Comayagüela, aseguraron parientes de la víctima.
El muchacho murió desangrado en un centro asistencial momentos después de ser tiroteado por los “chepos” y “chafas”, como se les conoce popularmente.
Como vemos, estamos en indefensión y en un escenario de impunidad ante las barbaries que cometen los cuerpos represivos del narco-Estado hondureño. No podemos acudir, demandando auxilio o justicia, porque todas las instituciones están bajo la egida de la tiranía de JOHA.
Asimismo, debemos cuidarnos del COVID-19, porque el régimen nos ha mentido con respecto a la llegada de la vacuna que nos inmunizaría del mortal virus. Los centros de salud y hospitales públicos permanecen desabastecidos de los insumos médicos, los verdaderos hospitales móviles nunca llegaron y tampoco se distribuyeron mascarillas entre la población, porque se robaron todo el presupuesto destinado a esos menesteres.
Estamos frente a una mafia corrupta, sanguinaria y ligada al narcotráfico internacional que no respeta los elementales derechos humanos, aunque la Constitución de la República nos dice que el fin supremo del Estado es “preservar la vida humana”.
El último recurso que nos queda para seguir con vida, es mantenernos muy distantes de los policías, militares y cumplir con todas las medidas de bioseguridad para no contagiarnos del coronavirus, que nos podría llevar a la tumba. Y como recompensa al gobierno ilegal e inconstitucional, de JOHA, castigar en las urnas al Partido Nacional, negándoles el voto a sus corruptos aspirantes a cargos de elección popular..!.

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