Friday, Nov 15, 2019
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Tony espera condena a prisión de por vida en EE.UU. por tráfico de drogas y armas

NUEVA YORK, EE.UU. 

El excongresista hondureño Tony Hernández fue condenado en la Corte Federal de Manhattan por conspirar para importar cocaína a EE.UU. y uso de armas de fuego y dar declaraciones falsas a agentes federales.

En un boletín emitido la tarde de hoy por el tribunal neoyorquino, «Hernández participó en la importación de casi 200 mil kilogramos de cocaína, utilizó seguridad fuertemente armada al incluir a miembros de la Policía Nacional de Honduras y coordinó dos asesinatos relacionados con drogas».

El fiscal federal Geoffrey Berman y la agente especial de la DEA Wendy Woolcock anunciaron este día que un jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra Juan Antonio Tony Hernández «por los cuatro cargos formulados en la acusación, que incluía la importación de cocaína, armas y delitos de declaraciones falsas».

«La sentencia contra Hernández está programado para el 17 de enero de 2020», indicó.

Berman dijo en una declaración que «el excongresista hondureño Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través del movimiento por Honduras de cargamentos de cocaína destinadas a EE.UU. Sobornó a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para proteger los envíos de drogas, solicitó grandes sobornos de los principales narcotraficantes y organizaron la seguridad de los cargamentos de drogas mediante el uso de armas y se enfrenta a la posibilidad de una larga pena de prisión».

Por su parte, la agente Woolcock declaró que tal condena «sirve como una advertencia a todos aquellos que trafican drogas ilegales a nuestro país con total desprecio por la vida humana. EE.UU. no tolerará a ningún individuo u organización que busque obtener ganancias a través de la violencia y la corrupción. La DEA continuará apoyando a sus socios para buscar justicia independientemente de su estatus social. Nadie está exento de rendir cuentas por actividades delictivas depredadoras».

Cabe recordar que Tony «es un exmiembro del Congreso Nacional de Honduras, el hermano del actual presidente de Honduras y un narcotraficante a gran escala que trabajó con otros narcotraficantes en Colombia, Honduras y México, para importar cocaína a EE.UU. desde 2004 hasta 2018… Ayudó a procesar, recibir, transportar y distribuir cargamentos de varias toneladas de cocaína que llegaron a Honduras a través de aviones, helicópteros y embarcaciones rápidas».

Asimismo, «controlaba los laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los cuales parte de su cocaína estaba estampada con el símbolo ‘TH’, es decir, ‘Tony Hernández’. También coordinó y, a veces, participó en la provisión de seguridad fuertemente armada para los envíos de cocaína transportadas dentro de Honduras, incluidos miembros de la Policía Nacional… También utilizó a miembros de la Policía Nacional para coordinar el asesinato de Franklin Arita, relacionado con el tráfico de drogas en 2011 y utilizó a sus socios para asesinar en 2013 a un trabajador de las drogas conocido como el ‘Chino’.

«En relación con estas actividades, Hernández participó en la importación de casi 200,000 kilogramos de cocaína a Estados Unidos», reza el comunicado.

Tony «ganó millones de dólares a través del tráfico de cocaína y canalizó millones de dólares de ganancias de drogas a las campañas del Partido Nacional para ganar las elecciones presidenciales hondureñas de 2009, 2013 y 2017. Entre 2010 y 2013, uno de los principales conspiradores de Hernández fue el exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo el Chapo Guzmán Loera. Durante ese período, Hernández ayudó a Guzmán Loera con numerosos envíos de cocaína y entregó un soborno alrededor de un millón de dólares al hermano (Juan Orlando Hernández)».

El excongresista, de 42 años, fue condenado por cuatro cargos, entre ellos, «conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, que conlleva una pena de prisión mínima obligatoria de 10 años, usar, poseer y transportar ametralladoras para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una pena de prisión obligatoria de 30 años, así como conspirar para usar y portar ametralladoras durante que conlleva una pena máxima de prisión de por vida y hacer declaraciones falsas a agentes federales, lo que conlleva una pena máxima de prisión de cinco años».

Berman elogió los esfuerzos de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza Tareas de Nueva York y la oficina local de Tegucigalpa, así como la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EE.UU.

Este caso está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la DEA y los fiscales federales adjuntos fueron Amanda L. Houle, Jason A. Richman, Matthew J. Laroche y Emil J. Bove III quienes estuvieron a cargo de la investigación.

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