Tuesday, Dec 10, 2019
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Tráfico de influencias: Odir Fernández coloca a madre y polémico juez en ternas en Facultad de Derecho de UNAH

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El todopoderoso e influyente jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández, suele cuestionar las ilegalidades que se cometen en la administración pública, opinar de temas de los cuales no tiene el bagaje intelectual, al tiempo que coloca a su madre y un cuestionado juez a formar parte de ternas evaluadoras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quienes reciben hasta mil lempiras por cada alumno que aspira a especializarse en derecho penal.

Y es que esta nueva faceta de Fernández, cuyo padre estaría involucrado en ilícitos contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pudo colocar a su progenitora y al juez de sentencias Crosby Lanza, como miembros de ternas evaluadoras en la Facultad de Derecho de la UNAH, ya que funge como coordinador de la maestría de derecho penal y derecho procesal penal, por lo que está incurriendo en tráfico de influencias y nepotismo.

En otras palabras, el luchador anticorrupción está organizando su familión dentro de la administración pública lo que provoca conflictos de intereses en perjuicio de la institucionalidad.

Radio Globo y ConfidencialHN supieron que cada persona que presenta su tesis a la terna compuesta por su progenitora y Lanza, deben pagar mil lempiras y en ocasiones los candidatos al máster llegan a pagar hasta tres mil lempiras para que su tesis pueda ser examinada, sin que haya una garantía que puedan aprobar la última etapa que les permita tener el grado academico superior.

El número dos de la denominada instancia de sociedad civil también puso en la terna evaluadora a uno de sus mejores amigos, de nombre Sergio Mejía, quien también recibe el estipendio que proporciona cada aspirante a la maestría y cuyo nombramiento fue de dedo, pues Fernández tiene amplios poderes dentro del posgrado que dirige.

Uno de los conocedores del tema comentó a este periódico que los candidatos a máster llegan a pagar hasta nueve mil lempiras por defender su tesis, sumado a la cuota que deben pagar cada mes que es de dos mil 950 lempiras.

«Sólo a sus amigos manda a las ternas y cada uno de ellos gana mil por tesis evaluada y a veces los grupos de tres alumnos llegan a pagar hasta nueve mil, es decir tres mil cada uno», comentó una fuente que solicitó mantenerse en el anonimato para evitar el carácter histriónico del jefe investigador del CNA.

Cada análisis de terna, detalló la fuente, suele durar una hora exacta y -de todos modos- quien toma la decisión final es Fernández.

La mano derecha de la directora del CNA Gabriela Castellanos no cuenta con experiencia como procurador en los tribunales de justicia, a pesar de contar con maestrías en derecho penal; tampoco se le conoce trayectoria que le ayude a comprender cómo opera el sistema judicial y sus altibajos respecto al trato que reciben los imputados.

Tanto la madre de Odir Fernández (de saco negro), como el juez de sentencias Crosby Lanza, fueron colocados por el jefe investigador del CNA; la dama de rojo es asistente de Fernández en la instancia de sociedad civil y junto a ella aparece el Javier Gómez, un litigante privado que realizó la entrevista para acceder a la maestría en derecho penal.

No obstante, es reconocido en los círculos mediáticos y oenegeístas como un osado crítico de la aplicación de la ley y suele emitir opiniones o comentarios en torno a la legislación vigente. De hecho, Fernández ha sido uno de los operadores del titular del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández infiltrados en la sociedad civil que busca anular la vigencia del nuevo Código Penal sin tener la experiencia como litigante y sin tener conciencia de los alcances que tendrá la misma cuando comience a funcionar en mayo de 2020.

El nepotismo de este personaje y su círculo familiar también vienen a contradecir su fastuoso discurso anticorrupción que ha tenido en los últimos cinco años; el exdirector del IHSS, Mario Zelaya -preso por corrupción- le recordó hace unos años que su padre fue destituido de la entidad porque halló irregularidades cuando fungió en la secretaría general y, por tanto, sus dichos y cuestionamientos están basados en conflictos de intereses.

Es más, el progenitor -Odir Antonio Fernández Herrera- pretendió en abril anterior convertirse en el superitendente de concesiones de las alianzas públicas y privadas, según un listado que divulgó el Legislativo, quedando fuera del mismo ya que fue elegido el diputado nacionalista y exgerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Leo Castellón Hirezi.

Llama la atención que se coloque en la terna al juez de sentencias Crosby Lanza, fuertemente criticado por su carácter pusilánime, cobarde y mandilón, ya que suele ser influenciado por altos funcionarios judiciales para que emita veredictos contrarios a las normas vigentes y que pone en peligro la vida de quienes suelen ser procesados.

De hecho, Lanza formó parte de la terna de jueces del Tribunal de Sentencias que, transgrediendo la legislación penal, condenó al director de Radio Globo ConfidencialHN, David Romero, ya que recibió órdenes directas del corrupto exconcejal Teodoro Bonilla, quien a su vez obtuvo una orden expresa de Juan Orlando Hernández en represalia por las denuncias de corrupción del IHSS y actos irregulares que salpican al exfiscal adjunto Rigoberto Cuéllar.

Este operador judicial sustituyó junto con Indiana Castellanos y Geraldina Mejía Rivera al exjuez Dimas Agüero Echenique, quien advirtió a Romero de que había línea dictada por Hernández a través de Bonilla para condenarlo, extremo que le costó el cargo y fue removido a una posición de baja categoría como coordinador de la defensa pública.

La ratificación de la condena contra el comunicador -quien reveló nexos del hombre fuerte del régimen nacionalista con el narcotráfico y delincuencia organizada- se efectuó por los magistrados de la Sala Penal del Poder Judicial, quienes a su vez tienen un prontuario que colinda con la corrupción y crimen.

En esta relación de hechos, se evidencia cómo los nexos del número dos del Consejo Nacional Anticorrupción forma parte de una trenzada y sólida red de tráfico de influencias -cuan títere de teatro- que dirige de manera personal Hernández en su afán por tener controlada la institucionalidad como mecanismo de blindaje ante las denuncias en su contra que podrían colocarlo en el futuro como un perseguido de la justicia.

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