Directora del CNA Gabriela Castellanos pidió secretividad al IAIP por millonarias transferencias

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La dirección ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presidida por Gabriela Castellanos y varios miembros del Comité Ejecutivo de la denominada instancia de sociedad civil incurrieron en colocar en secretividad información de carácter pública a fin de evitar ser auditados y no dar una efectiva rendición de cuentas de cómo utilizaron el dinero que se les transfirió de la partida 0449.     

Asimismo, desobedecieron las órdenes giradas por la Secretaría de Finanzas para que diera una explicación fehaciente sobre cómo se utilizaron más de siete millones de lempiras que recibieron del tesoro público para varias actividades que suele apoyar el gobierno, así como la supervisión de las elecciones generales de noviembre de 2017.

Resulta que el CNA decidió solicitar que se colocara en reserva ante el Instituto de Acceso a la información Pública (IAIP) una cuantiosa cantidad de información, en particular, relacionada con  los datos personales de Castellanos, el jefe de investigaciones, Odir Fernández, y de otro personal que trabajan con él, por lo que aprovecharon el beneplácito que recibieron del organismo para colocar facturas y recibos de gastos para pasar por alto cualquier reclamo que les obligara legalmente a rendir cuentas.

Además, resulta que la empleada número uno del CNA recibió en 2016 un poder general de los directivos Juan Ferrera, Miguel Castillo y Marcos Moreno para que solicitara al IAIP que mandara a la reserva la información de los analistas financieros, jurídicos e investigadores a “fin de evitar que el bien jurídico, vida e integridad física corporal los miembros de la unidad de investigación y su familia se ponga en peligro”.

Sin embargo,  este trámite fue desestimado por los magistrados del órgano de transparencia y tiempo después fue admitido, con la salvedad de que “debe hacer pública la información relativa a la liquidación de los viáticos de las personas comprendidas en esta clasificación de información, una vez que se haya terminado con las investigaciones”.

Documentos en poder de este periódico confirman que Castellanos obtuvo autorización para mantener en reserva los datos de los investigadores del CNA, sin embargo, aprovechó para colocar en ese espacio las transferencias públicas a fin de no ser auditadas.

No obstante, Castellanos aprovechó el beneplácito para ocultar las transferencias que fueron giradas desde el 27 de diciembre de 2016 y el 28 de septiembre de 2017 desde la partida 0449, asignada a la división de Servicios Financieros de la Administración Central,  para no justificar ante Finanzas cómo se utilizó el dinero destinado a la pagaduría especial del CNA para gastos corrientes y la supervisión de los comicios ocurridos hace dos años.

Castellanos jamás subsanó las observaciones respecto a una auditoría practicada por el organismo entre enero y junio del año anterior sobre la no presentación de los comprobantes de facturas y recibos sobre el uso del dinero público; se basó en la resolución SO 123 2016 del 11 de octubre de 2016 para argumentar que el paradero de los recursos “está bajo reserva”.  La jefa anticorrupción determinó abiertamente pasar por alto las disposiciones contempladas en el Manual de transparencia para el uso de fondos públicos por medio del Programa de Transferencias y Asignaciones Globales se la Secretaría de Finanzas que ya establece rigurosos controles sobre las liquidaciones contempladas en el artículo 22 que reza de forma literal: …(presentación) de copia certificada de facturas y recibos (régimen de facturación) pegados en papel bond una por una.

Además, optó por pasar por alto el artículo IV referente a las medidas de control, la cual expresa en su capítulo 25 que la organización solicitante se sujetará a la veeduría social y a la Ley de transparencia y acceso a la información pública y revisiones requeridas tanto internas como externas.

De hecho, Finanzas ordenó a través del acuerdo 303-2018 del 7 de marzo de 2018 que hay siete requisitos ineludibles que debe contener la liquidación de recursos, entre ellos, el desglose del gasto del monto asignado, conciliación de las cuentas bancarias de uso exclusivo del proyecto con sus respectivos estados de cuenta y los saldos que deberían  reflejar los valores pendientes de liquidar por la organización solicitante.

Además, el CNA estaba total y completamente obligado a entregar las bases y anexos del proceso de contratación, las copias de los contratos sin importar en qué modalidad hayan sido suscritos y la certificación del representante legal, es decir Castellanos, de que todas las copias entregadas son fieles a la original emitida por el vendedor y los recibos de los gastos en que incurrieron.

Respecto a la obligación de la oficina anticorrupción de colocar en el Portal Único de Transparencia del IAIP todas los gastos en los que incurrieron en la entrega de los recursos, al cierre de esta investigación se pudo confirmar que, en efecto, violentaron las normas vigentes porque no hay registros sobre cómo gastaron el dinero; varios documentos que revisó este periódico confirman que hay varias notas enviadas por el CNA que aseguran no haber recibido aportes estatales, en particular, sobre cómo se usaron los tres millones 080 mil lempiras que fueron transferidos el 27 de diciembre de 2016 a la entidad.

El hecho de mandar a la reserva los documentos  por órdenes de Castellanos evidencia que se incurrió en abuso de autoridad porque la ley le obliga a explicar de manera pormenorizada sobre el uso de activos proporcionados por los contribuyentes, a pesar de instalar parafernalias para acusar a gobiernos –en este caso, de Porfirio Lobo– de haber recibido dinero de la partida 0449 para gastos de seguridad, por lo que va contra los principios que exige que se cumplan, como el de la rendición efectiva de cuentas.

El oficio 511-CNA-DE-2017 del 25 de julio de 2018 que fue enviado a Finanzas, apenas se limita a “cumplir” con las liquidaciones de las transferencias giradas desde el fondo común aunque no dice de forma clara y fehaciente de cómo fue utilizado el dinero, por lo que se violentó el artículo 44 de la Ley orgánica del presupuesto que reza de manera literal: “La liquidación del Presupuesto general de la república debe efectuarse inmediatamente después de finalizado el ejercicio fiscal…para tal propósito, la Contaduría General de la República requerirá información de los órganos responsables de la liquidación y captación de los recursos para proceder al cierre del Presupuesto”.

En otras palabras, el despacho ministerial se ha visto en apuros para cuadrar los egresos girados a organizaciones como el CNA porque su directora optó por incurrir de facto en blindar el paradero de los fondos.

Asimismo, Castellanos, de manera displicente, envió diez meses después la liquidación global –e incompleta– del dinero que se envió desde la unidad de Servicios Financieros de la Administración Central, omitiendo complementar cualquier información y evadiendo sus responsabilidades, por lo que se refleja la poca transparencia y el doble discurso que ha mantenido en su mandato de dirigir los lineamientos para una política –oenegeísta– del combate y lucha contra la corrupción.

Sin embargo, el representante del Comité Ejecutivo del CNA, Roberto Sevilla, en una apurada comparecencia, se limitó a decir que “liquidaron” los recursos asignados y que devolvieron unos 985 mil lempiras que fueron usados para supervisar los pasados comicios.

Insistió que ellos trabajaron con la veeduría y luego de haber culminado el proceso electoral entregaron el dinero que sobró. 

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