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Tras anuncio de intervención, EEH demandaría al Estado por 805 millones de dólares

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Ricardo Roa Barragán, gerente de la Empresa Energía Honduras (EEH), brindó declaraciones ante el anuncio de intervención por parte de la Superintendencia de Alianzas Público Privada (SAPP), en la que aseguró haber cumplido con el contrato establecido.

Tal como diversos sectores de la sociedad hondureña advirtieron de lo que se podía venir con esta intervención a la EEH, la concesionaria colombiana anunció que van a demandar al Estado hondureño, «esta demanda internacional le costará al Estado de Honduras arriba de los 800 millones de dólares», señaló Roa Barragán.

“Hemos anunciado los preliminares y los antecedentes para instaurar una demanda, misma que la estructuraremos en las semanas siguientes con nuestro bufete de abogados colombianos y norteamericanos”.

Aunque a algunos sectores también les resultó sospechoso que cuando falta apenas menos de dos años para la finalización del contrato, desde el Estado hubiera tanta insistencia cuando ya se aguantó lo peor, incluso han llegado a creer que en el fondo hay una situación de ‘compadre hablado’.

“La deuda que tiene el Estado con la EEH es de 513 millones de dólares, además hay que agregar los activos, pasivo laboral, garantía bancaria, el daño emergente y reputacional, los costos de abogados, eso acumularía más de 800 millones de dólares”, dijo Roa Barragán.

Añadió que los 10 principales morosos son instituciones del Estado de Honduras, quienes adeudan a la Empresa Energía Honduras unos 2 mil 616 millones de lempiras, pero la mora real es de más de 3 mil 400 millones.

Roa Barragán, explicó que la deuda, se ha venido acumulando y que ahora suman 242 millones más solo por intereses por mora, debido a una determinación tomada por la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Agregó que la intervención anunciada por la Superintendencia de las Alianzas Público Privadas no es más que un acto de expropiación y una violación al contrato, que fue firmado bajo principios de buena fe y garantías de seguridad jurídica en Honduras.

“Es un acto premeditado, lesivo, arbitrario, infectado hasta donde más no pueden, de violación al debido proceso y de dejar en condición de indefensión a la inversión privada extranjera en Honduras y de los reglamentos jurídicos del país”, indicó.

Denunció que además encontraron seis transformadores conectados a la casa presidencial que proveen energía de manera irregular, que esa conexión le genera pérdidas hasta de un millón 300 mil lempiras. “No sabemos desde cuando están conectados”, manifestó.

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