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Tras un año de Covid-19, funcionarios vinculados en actos de corrupción continúan en impunidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS

 

Hoy se cumple un año en que Honduras fue abatida por la pandemia mundial ;el  virus SARS-CoV-2, que causa la COVID19; un 11 de marzo de 2020 las autoridades de la Secretaría de Salud  confirmaron el primer caso del virus en el país.

A partir de ese momento comenzaría el calvario para la población hondureña, no solo por los estragos que causaría  la enfermedad en el aspecto de la salud, sino porque fue la oportunidad – el escenario perfecto –  para que funcionarios  corruptos pudieran perpetrar los actos de corrupción  más vergonzosos en medio de una emergencia sanitaria, además  de las decisiones y acciones por parte de las autoridades de salud  que estaban al frente  del manejo de la pandemia dejaron como consecuencia  que una población empobrecida quedara  más vulnerable y miserable.

Sobre el caso, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha colocado la corrupción como tema prioritario en la crisis Covid-19. En el informe titulado: “Corrupción en tiempos de Covid -19  establece que unos 3.6 millones de lempiras fue el perjuicio en la compra de guantes y mascarillas sobre el valor del precio real realizado por la Secretaría de Salud (SESAL).

Al respecto,  el CNA ha denunciado otras irregularidades, como por ejemplo que  los hijos y amigos de altos funcionarios del gobierno acapararon  negocios y  contratos de emergencia.

En un segundo proceso investigativo sobre  compras de bienes e insumos realizadas por INVEST-HONDURAS órdenes de compra publicadas en el portal de transparencia del COVID-19 de INVEST-H2, se han ejecutado diecisiete (17) compras de bienes e insumos médicos (mascarillas, hospitales móviles, ventiladores mecánicos, entre otros) desde el 18 de marzo hasta el 17 de abril de 2020, tanto a proveedores nacionales como internacionales, por un monto total de dos mil treinta y ocho millones setecientos noventa y cinco mil setecientos noventa y nueve lempiras con cincuenta y cuatro centavos (L 2,038,795,799.54).

Por medio del análisis comparativo de los precios de compra aprobados por parte de INVEST-H y los precios de mercado con los que la Sesal gestionó la adquisición de ambos tipos de mascarillas mediante su fideicomiso, se logró identificar que existe una diferencia considerable entre ambos montos, dando como resultado un perjuicio en contra de las finanzas del Estado de Honduras por un total de cincuenta y siete millones quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos tres lempiras con treinta y siete centavos (L 57,566,403.37), equivalente a un cuarenta y seis por ciento (46 %) del monto adjudicado.

Además, en fecha 16 de marzo del año 2020, mediante oficio núm. 630-SS-2020, la titular de la Secretaría de Estado en el despacho de Salud (SESAL), solicitó al Director Ejecutivo de Invest-H, Marco Bogran que ejecutara la compra, construcción o adecuación de obras de infraestructura médica provisional.

En ese sentido, sin haber seguido algún proceso apegado a las normas de transparencia y contratación bajo la justificación de compra emergente, dos días después de efectuada la solicitud por parte de la SESAL, el 18 de marzo de 2020,el funcionario  mediante factura proforma emitida por parte de la empresa ELMED Medical Systems, Inc. –Hospitales Moviles.com-, adquiere dos (2) hospitales móviles con capacidad de 91 camas, por un valor unitario de siete millones novecientos cincuenta mil dólares (USD 7,950,000.00), haciendo un total entre ambos de quince millones novecientos mil dólares (USD 15,900.00.00).

Posteriormente, según la documentación analizada, el monto total pagado por la transacción para las adquisiciones de los siete (7) hospitales móviles con sus respectivas plantas de tratamiento de desechos hospitalarios por parte de Invest-H, suma un total de USD 47, 462,500.00.

Lo que representó un perjuicio para las finanzas del Estado de Honduras por concepto de ganancia por intermediación cobrada por el señor Axel López asciende a un total de USD 32,537,185.53 lo que representa un 69% del valor total desembolsado por Invest-H; es decir que se aumentó de manera deliberada los precios de los hospitales para el pago de la comisión del intermediario por un valor de ochocientos cuatro millones ochocientos veintiséis mil ochocientos seis lempiras con cincuenta y un centavos (L 804,826,806.51).

Entre tanto, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) presentó un nuevo informe  sobre los indicios penales en la adquisición de 130 ventiladores mecánicos, 180 baterías, y 180 equipos de asistencia a un costo de 2 millones 280 mil 410 dólares equivalente a 56.3 millones de lempiras por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) al frente de Gabriel Rubí.

El TSC encontró deficiencias en el control interno, que impidieron que a través de la documentación proporcionada por Copeco, se pudiera establecer quién solicitó las compras de bienes e insumos, quién ordenó el inicio de los trámites internos y qué tipo de negociación se hizo entre comprador y proveedor.

Igualmente, el  Consejo Nacional Anticorrupción (CNA),  señalan al funicinario como responsable de malversar más de 35 millones de lempiras, al autorizar la compra de insumos y equipo destinados para atender la emergencia del Covid-19, a precios sobrevalorados, en menos de dos meses.

A un año de los eventos, no hay causa penal contra los supuestos responsables y Gabriel Rubí se reincorporó a sus funciones como diputado en el Congreso Nacional.

En otro caso más de corrupción figura la diputada Waleska Zelaya y su esposo, Juan José Lagos Ramos, de acuerdo con el informe “Más irregularidades en la compra de mascarillas N95”[2] del Consejo Nacional de Anticorrupción (CNA), el 8 de abril de 2020 cuando apenas habían transcurrido tres semanas de la declaratoria de la Emergencia, Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) ordenó la compra de 474 mil mascarillas N95 al Grupo GYT, por un monto de 50 millones 836 mil 500 lempiras, aunque no era ese el giro de la empresa.

Zelaya y su esposo,  accionista y gerente de la sociedad mercantil Grupo GYT, fueron denunciados públicamente por contratación  fraudulenta.

La investigación del CNA reveló que INVEST-H pagó de manera anticipada al Grupo GYT 20 millones 334 mil 600 lempiras, monto correspondiente al 40 % del total de la compra. La contratación al margen de la ley fue denunciada públicamente, razón por la que, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) abrió un expediente y citó a la parlamentaria y ejecutivos de la empresa a rendir testimonio.

Para no exponerse a un escándalo mayor, GYT rescindió unilateralmente el contrato de venta de mascarillas 20 días después de haberlo suscrito, lo notificó a INVEST-H, quedando obligado a devolver el anticipo recibido.

Después de un año, con una alta tasa de casos y mortalidad por Covid-19, con unos hospitales móviles que se encuentran sin funcionamiento, un sistema de salud colapsado, con diversas denuncias y demandas del personal médico por falta de insumos y pago,  los funcionarios responsables de actos de corrupción gozan de libertad y completa impunidad.

 

FUENTE: https://www.cna.hn/2020/07/20/la-corrupcion-en-tiempos-del-covid-19-parte-viii/

 

 

 

 

 

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