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“TSC” Investiga a Ricardo Alvarez por condonación de deuda a “COAGRICSAL

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) inició en enero de 2020 una investigación al designado presidencial, Ricardo Alvarez, luego que la ex designada presidencial, Lorena Herrera, denunciara actos de corrupción por la condonación de una deuda multimillonaria a la Cooperativa Agrícola Cafetalera San Antonio Limitada (COAGRICSAL), de La Entrada, Copán.

Los fondos condonados procedían del Programa Corredor del Quetzal, derivado de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y que se encontraban en fideicomiso en el Banco de los Trabajadores.

Según investigaciones realizadas por Confidencial.hn, Ricardo Álvarez decidió de manera unilateral y arbitraria la condonación, sin seguir las políticas de demanda que había emprendido el Comité de Crédito del Programa Corredor del Quetzal (PCQ), bajo la égida de Herrera.
La ex designada presidencial hizo saber del caso, al director legal de Casa Presidencial, Carlos Alonzo; al Despacho Presidencial y al mismo Tribunal Superior de Cuentas (TSC).El préstamo de 19 millones 991 mil 262 lempiras con sesenta y cuatro centavos, a un plazo de diez años, fue otorgado por el Comité Técnico, según fideicomiso número 047, acta de la sesión número 04/2017/24, de mayo de 2017, del Banco de los Trabajadores. Para favorecer a la Cooperativa COAGRICSAL se tuvo que apartar a Lorena Herrera como delegada nacional ante el Programa Corredor del Quetzal, que comprende el sector conocido como El Trifinio, es decir, los puntos fronterizos entre Guatemala, El Salvador y Honduras, en la zona occidental.

Desde el 4 de agosto de 2017, de manera verbal, Ricardo Alvarez, Reynaldo Sánchez, Héctor Leonel Ayala Alvarenga y Jorge Ramón Hernández Alcerro le notificaron a Lorena Herrera que el nuevo representante del “PCQ” era el vicepresidente Alvarez.
A raíz de que la ex designada presidencial es separada del Programa, ella presenta informes sobre su gestión, y paralelamente, demanda que se le extienda el respectivo acuerdo de cancelación, previendo que el mismo se viera envuelto en problemas legales.

Como era de esperarse, días después se emprendió una persecución política en su contra que desembocó en la presentación de denuncia ante el TSC, de parte de los aludidos personeros de la Casa de Gobierno. Continuando con la trama, Ricardo Álvarez llevó al Tribunal Superior de Cuentas una caja con papeles mojados y borrosos, con la idea de responsabilizar a Herrera sobre la condonación de la deuda, ante lo cual ella respondió con documentación de la demanda interpuesta para cobrarle a la Cooperativa COAGRICSAL.
Todo parece indicar que el mencionado ente contralor del Estado favorece con sus actuaciones al designado presidencial, Ricardo Álvarez, porque los reclamos hechos por la señora Herrera no han prosperado. En consecuencia, los resultados demuestran palmariamente que continúan con las viejas prácticas de engavetar documentos, acatando lineamientos de parte de sectores poderosos de la vida política nacional, y en franca violación al espíritu de la ley que rige a ese organismo, así como a la Constitución de la República, en vigor.

Como ya es del conocimiento de la opinión pública nacional, en Honduras se acostumbra desde tiempos inmemoriales limpiar expedientes, desaparecerlos, archivarlos, cambiar el nombre de las instituciones y hasta cerrarlas, como ocurrió con el Programa Corredor del Quetzal (PCQ), que fue extinguido en un cerrar y abrir de ojos, para no dejar huellas y burlar la justicia, al estilo de Rafles el ladrón de las manos de seda.

Casualmente, así lo reconoció el propio Ricardo Álvarez en 2017, en una entrevista concedida al ahora extinto periodista y abogado, David Romero Elner.
Lo más bochornoso, repudiable, condenable e indignante actitud es que en este escándalo de corrupción se han visto inmiscuidos varios funcionarios y ex funcionarios de este gobierno, así como el Banco de los Trabajadores, que se ha prestado a otorgar préstamos a cercanos colaboradores de la presente administración, sin ninguna garantía.
En el caso que nos ocupa, dicha institución bancaria no ha dado ninguna información acerca de si se recuperaron o no los fondos que se tenían bajo fideicomiso, para apoyar a pequeños productores agrícolas del país.
¿A qué se debe el silencio sepulcral de dicho banco? Esperamos que sus ejecutivos den una respuesta convincente y oportuna sobre el caso de corrupción que hemos expuesto y denunciado ante la opinión pública nacional..!

 

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