TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito fue diseñado como un instrumento inquisidor para el enemigo y no para el ciudadano. Es la reflexión que hace el exjuez de sentencias, Felix Ávila, luego que el Ministerio Público confiscara la vivienda y pidiera prisión para el subcomisario de Policía José Francisco Sosa por haberse resistido a una orden judicial.

Y es que el gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández, cuando éste fue presidente del Legislativo, creó normas penales que toman como principio la «presunción de culpabilidad», sin bien la Constitución exige el principio de inocencia para un sospechoso hasta que no se le demuestre lo contrario.

El ciudadano debe demostrar que es inocente mientras que el Estado ya lo supone culpable y, por tanto, el afectado hace titánicos esfuerzos para demostrar que obtuvo un bien inmueble o cualquier activo de manera legal, por lo que entra en conflicto con normas constitucionales que ya establecen la presunción de inocencia.

Asimismo, las normas legales señalan que se garantiza la propiedad privada; el gobierno prefiere confiscar o «asegurar» propiedades supuestamente de origen ilícito y ordena que la expropiación se realizará con fines de utilidad pública. Por tanto, el Estado hondureño no puede confiscar bienes, según la Carta Magna.

Ávila consideró que se debe analizar si existe el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad por el oficial de Policía  ya que es una reacción natural de toda persona a oponerse a una acción forzosa por el Estado y es absurdo que el caso haya sido conocido por un juez nacional, ya que por el tipo de delito es competencia de la jurisdicción (área de cobertura) ordinaria o jueces normales.

«Al Ministerio Público le basta con que haya hecho una invstigación y determine que hay indicios que los bienes de una persona no son de origen licito para iniciar el proceso de privación de dominio por medio del aseguramiento, independientemente que tenga que incoarle un proceso penal, mucho menos esperar la declaración de culpabilidad lo que convierte esta legislación en derecho violento que va en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos que sólo los Estados en situaciones de excepción las adoptan», indicó.

Por su parte, el exjuez de sentencias y responsable de la defensa pública, Dimas Echenique, explicó que el órgano jurisdiccional competente (Ministerio Público) tiene la obligación de averiguar el extremo que afirma el subcomisario Sosa que adquirió su propiedad con prestamos en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp),  «ya que la forma en que defendió su hogar se echa de ver que le cuesta».

Los jueces tienen que comprender que hay ciertas conductas humanas que si bien caben en la norma penal son dos requisitos que se deben cumplir: el requisito objetivo que es quebrantamiento de la norma y el requisito subjetivo que es lo más importante, porque lo hace si no se tiene el dolo la intención de cometer ese delito; la situación es atípica y se debe ver si se cumplen los requisitos del tipo penal, explicó Echenique.

 

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La alcaldía de Quimistán, en el occidental departamento de Santa Bárbara, recibió en el primer semestre de 2016 unos 2.6 millones de lempiras de la secretaría de Finanzas en concepto de transferencias municipales.

En consecuencia, al ser un municipio alejado de la urbe, no tiene los suficientes ingresos para pagar jugosos sueldos y salarios a sus empleados. De esa lista se exceptúa el jefe edilicio Juan José Guevara, quien pagó 1.5 millones de dólares (34 millones 266 mil 900 lempiras al cambio actual) por una lujosa vivienda en una residencial de San Pedro Sula.

La casa fue vendida por el exjugador Carlos Plummer Pavón o más conocido como Carlos Pavón y está localizada en la exclusiva colonia El Pedregal y, de acuerdo a fuentes creíbles a las que accedió ConfidencialHN, la transacción la realizo hace más de un año el propio jefe edilicio.

La enorme casa es resguardada por un centenar de policías municipales cuyo sueldo sale de los recursos que recibe Quimistán y están armados con fusiles de asalto AR15. «Sé de que le hablo, la mayor parte de esos elementos, protegen a la familia Guevara. Tienen buen entrenamiento, son ex cobras y exmiembros del batallón de Fuerzas Especiales», aseguró la fuente.

Guevara Figueroa, es hijo de la veterana congresista nacionalista por Santa Bárbara, Concepción Guevara, y desde 1982, se los señala de haber convertido Quimistan en su hacienda particular al comprar con dinero favores y conciencias a gran parte de sus pobladores que viven en la miseria y el abandono estatal.

«¿Le ajustará el sueldo de alcalde para comprarse una casa tan cara en San Pedro Sula?» se preguntan algunos pobladores indignados. Los residentes de la zona cuestionan los extravagantes gustos que tiene el funcionario municipal que gastó unos 200 mil lempiras por esculpir su nombre y colocar costosas luces de neón que brillan imponentes en el ostentoso parque central y contrastan con la falta de medicinas en el centro de salud de la localidad.

El actual alcalde de Quimistán, que lleva cuatro periodos en el cargo, fue vinculado en un informe de inteligencia de la Policía Nacional como uno de los colaboradores de los cárteles de la droga que operan en el occidente de Honduras. Algunos ya fueron desarticulados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) con la colaboración de autoridades nacionales.

En octubre del 2008, la Fiscalía Contra la Corrupción, emplazó a Guevara por usar fondos municipales para financiar su reelección en el cargo, mandando a imprimir miles de cuardernos escolares con su retrato y usarlos durante la contienda.

Asimismo, se lo investigó por sobrevaloración de obras de infraestructura.

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