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«Un fiscal general amarrado tendrá miedo a quienes administran la corrupción»

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La sobreoferta de agencias de investigación criminal en Honduras ha dado «resultados precarios» que no han contribuido a la reducción de la violencia, cuestionó hoy el analista Raúl Pineda Alvarado.

Lamentó que la política criminal no la lidere el Ministerio Público sino el Poder Ejecutivo y «el presidente que ahora posee facultades metaconstitucionales».

Para combatir el ese flagelo, explicó, se necesita tener un fiscal general con independencia para operar, pero el actual titular del organismo acusador, Óscar Chinchilla, ya que «está amarrado…en 2008 se hizo un decreto para intervenir sin que el Congreso tenga facultades; un fiscal sujeto a un juicio político que lo pueden quitar en cualquier momento y en donde la Junta Proponente no tiene representación de la sociedad, por lo que se ve que se requieren mejoras».

«Cuando se tiene un modelo de esa naturaleza, se requiere de un gobierno republicano y que funcione; pero la forma en la que opera el Ministerio Público apenas habrá manifestaciones y de deseos que la impunidad se termine y con un fiscal amarrado no se arriesgará ante un poder real que es el de las gente que maneja la corrupción», advirtió.

«Pero vemos casos preocupantes: el año anterior se decomisó seis toneladas de cocaína y Panamá que no tiene ejército confiscó alrededor de 80 toneladas y eso deteriora la relación nuestra con EE.UU. porque está pidiendo que se reduzca el tráfico de estupefacientes y ellos no van invertir en un país que tiene escudo aéreo, marítimo y terrestre que no está dando resultados en función de lo que ellos invierten en el país», dijo.

Ese extremo, añadió, provocó que el presidente estadounidense Donald Trump, a quien calificó de «malcriado», porque consideró al país como «no amigo» y que amenazó con cortar la asistencia financiera y la Alianza Para la Prosperidad.

Respecto a la injerencia que ha tenido el presidente Juan Orlando Hernández, recordó que cinco magistrados del Poder Judicial son del departamento de Lempira; el fiscal es de la misma región y eso significa que «tiene poder en la Corte Suprema».

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