Sunday, Oct 20, 2019
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Una dictadura sangrienta

(Por Joaquín Mejía) Varios órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el grado de violencia con que se actúa contra quienes reivindican por medios pacíficos sus derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos sobre la tierra.

También han manifestado su preocupación por el otorgamiento de concesiones hechas por el gobierno para establecer ciudades modelo y la falta de consulta previa sobre la Ley de promoción de las asociaciones público-privadas, dado que estas iniciativas repercuten en los medios de vida de la población rural.

A su vez, han visto con alarma la aprobación de proyectos sin la adecuada consulta previa a las comunidades, quienes al oponerse legítimamente a ellos son víctimas de graves violaciones a derechos humanos, incluidos asesinatos, amenazas, encarcelamiento e intimidación, lo cual “no es una situación aislada”.

Por todo ello, no es de extrañar que Honduras esté incluida por la Organización de Naciones Unidas en una lista de 29 países que castigan a las personas por su trabajo de defensa de derechos humanos y cuyos ataques en su contra son perpetrados o consentidos por funcionarios y funcionarias públicas.

Del mismo modo, Global Witness cataloga a Honduras como el país per cápita más peligroso del mundo para quienes defienden los bienes naturales y los territorios, debido a la “corrupción generalizada, la falta de consulta a las comunidades y el fracaso total del gobierno en proteger a las personas defensoras.

El mes de septiembre nos recuerda de forma terrible esta realidad sangrienta, ya que cuatro mujeres garífunas defensoras de sus territorios han sido asesinadas: Nayda Reyez Jiménez, Gilma Cacho, Fiori Amaya y Mirna Teresa Suazo Martínez, quienes, de acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, eran integrantes de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).

Mientras estos crímenes se cometen, la Policía Nacional, la Policía Militar, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial, siguen ocupados en reprimir, criminalizar y encarcelar a quienes defienden los bienes comunes, mientras los narcos, corruptos y violadores de derechos humanos gozan de impunidad.

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