HomeEditorialOpinionUna sentencia que da la razón al estudiantado universitario

Una sentencia que da la razón al estudiantado universitario

(Por Joaquín Mejía) La crisis universitaria nos dejó varias imágenes que no deben repetirse jamás, ya que desnudaron que aún falta mucho por hacer para lograr que el diálogo, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos sea el norte que guíe la actuación de quienes conducen la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Primero, la imagen de policías y militares dentro de la UNAH capturando a estudiantes; segundo, la imagen de casi un centenar de estudiantes con órdenes de captura en todo el país y otras decenas capturados y esposados de pies y manos; y tercero, decenas de estudiantes expulsados.

Las personas expulsadas presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se protegiera su derecho a la educación, ya que sus cuentas fueron bloqueadas para evitar que accedieran al sistema en línea de pre-matrícula.

La Sala de lo Constitucional resolvió darles la razón, pues sus expulsiones se decidieron mediante la aplicación de un reglamento interno que es inconstitucional, ya que cuando se trata de restringir derechos humanos, sus limitaciones solo pueden establecerse en una ley adoptada por el Congreso Nacional.

En consecuencia, dicho reglamento es inconstitucional y gracias a esta sentencia se debe permitir que las y los estudiantes expulsados puedan matricularse nuevamente. Sin embargo, hay dos cuestiones que esperamos por parte de las autoridades universitarias para reivindicar su carácter democrático.

Primero, la ex rectora Julieta Castellanos y las autoridades que la acompañaron en su gestión tienen la obligación moral de pedir disculpas públicas por los graves daños causados a las personas expulsadas, y la obligación legal de reparar las consecuencias de tales perjuicios.

Segundo, las autoridades universitarias actuales deben revisar la normativa interna y suprimir reglamentos, normas disciplinarias o cualquier otra normativa y práctica que entrañen una restricción o limitación al derecho a la educación, y, de esta forma, evitar que hechos tan lamentables vuelvan a repetirse.

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