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UNAH ALERTA GRAVES RETROCESOS EN CAMBIOS A NORMAS PENALES QUE EXIGE JOH

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ve con preocupación las reformas a la legislación penal que exige el Ejecutivo nacionalista, alegando combatir la criminalidad.

A través de un dictamen hecho por asesores legales de la máxima casa de estudios revelan las preocupaciones sobre algunas reformas que violentan DDHH y ponen en riesgo la integridad física de las personas ante el uso desproporcionado de la fuerza que ejerce el Estado a través de los cuerpos de seguridad.

La institución cuestionó que se pretenda adicionar un apartado al artículo 25 del Código Penal que pretende dar impunidad a policías y militares que hayan agredido a matado personas en el cumplimiento del deber ya que da lugar a que miembros de las fuerzas del orden abusen de su investidura, hasta el grado de matar a los ciudadanos o que lesione el bien jurídico de mayor valor como es la vida.

Consideraron como “retroceso” la pretensión del Ejecutivo de pedir al Parlamento que se reforme el artículo 173 del Código Procesal Penal para que los miembros de las fuerzas de seguridad y defensa cumplan la orden de detención o prisión preventiva en la institución que pertenezcan, por lo que volvería colocarlos como “castas privilegiadas” y con derechos diferentes al resto de los hondureños.

La Universidad Autónoma advirtió sobre algunos “actos” que pretende legitimar el régimen de Juan Orlando Hernández para mantener un estricto control sobre las comunicaciones de las personas, al permitir que las compañías de telefonía móvil puedan realizar escuchas sin necesidad de orden judicial; cuestionó que las empresas que proveen servicios móviles no tengan la capacidad para impedir el acceso a la comunicación de los reos.

En otro de los apartados, la máxima casa de estudios alertó sobre graves modificaciones que pretenden hacer los diputados del Parlamento respecto a las reformas a los artículos 227, 311 y 337 del Código Procesal Penal que quita la obligación de la presencia de testigos en los juicios, ya que violentaría los principios de contradicción, inmediación y defensa de los cuales gozan las personas sometidas a procesos penales. a fin de evitar vicios durante las etapas de un juicio.

La UNAH sugirió que se deben aplicar los mecanismos correctos e idóneos a fin que pueda existir imparcialidad en la aplicación de la ley evitando impunidad.

El Legislativo procederá en los próximos días a discutir algunos artículos de la legislación penal solicitados por Juan Orlando Hernández, alegando combatir el crimen; no obstante, organizaciones defensoras de la vida advierten de un gran incremento en ataques desproporcionados contra la oposición y otros actores sociales que se oponen a las políticas represivas del actual gobierno.

OBSERVACIONES SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA

A DIFERENTES LEYES PENALES

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), observa de manera positiva los esfuerzos realizados por el Estado de Honduras en el combate a la criminalidad de manera frontal y destaca las acciones que actualmente se ejecutan tanto para llevar a la justicia a los responsables de crímenes como de actos de corrupción.

Sobre la propuesta de Reformas a diferentes Leyes Penales que el Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso Nacional, la UNAH, a través del Posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal, después de hacer una revisión académica, manifiesta lo siguiente:

PRIMERO. Preocupay no procede en un Estado de Derecho, la solicitud de “Adicionar un literal al artículo 25 del Código Penal para que se agregue a las causas de inculpabilidad una referente a los casos en donde miembros de seguridad que en cumplimiento de su deber causen lesiones o muerte, siendo en la actualidad estos procesados como ciudadanos y no como servidores públicos”. Esta solicitud violenta, principalmente, la observancia del respeto a los derechos humanos, pone en riesgo a las personas ya que tal propuesta de reforma, da lugar a que los miembros de la fuerza del orden hagan uso de manera desproporcionada de la fuerza hasta el grado de dar muerte a un ciudadano, bajo el argumento del cumplimiento de un deber, incitando de este modo que dichos funcionarios lesionen el bien jurídico de mayor valor como es la vida, integridad física y corporal.

SEGUNDO: La UNAH considera un retroceso en lo que hasta ahora se ha avanzado en el fortalecimiento al principio constitucional que todos somos iguales ante la ley y en la definición de las relaciones civiles-militares en el proceso de construcción democrática, la solicitud de reformar el artículo 173 del Código Procesal Penal para que los miembros de seguridad y defensa cumplan la orden de detención o prisión preventiva en la institución a la que pertenezcan. Esta reforma volvería a colocar a policías y militares como castas privilegiadas y con derechos diferentes del resto de los hondureños. Todavía es una etapa reciente en la historia de Honduras cuando oficiales de Policías y Fuerzas Armadas siendo responsables de crímenes y delitos gozaban de prerrogativas que fomentaron la impunidad.

TERCERO: Respecto a las reformas y derogaciones a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la mayoría de las propuestas ya se encuentran reguladas en dicha normativa, por lo que se sugiere que en vez de hacer una modificación, se vuelvan más efectivas las disposiciones consignadas, ya que el tema de centros penales, debe ser tomado con mucha responsabilidad en el cumplimiento de los fines que rigen la pena, principalmente en la prevención, rehabilitación y retribución por haber cometido un delito, con el objeto las reincidencias en la comisión de hechos delictivos.

CUARTO: El Estado de Honduras debe hacerse prevalecer, ante las diferentes empresas de telecomunicación, respecto a las disposiciones consignadas en la Ley, resulta incomprensible que las empresas no tengan capacidad para impedir el acceso a la comunicación de los privados de libertad en los diferentes recintos.

QUINTO: Respecto a la intervención de las comunicaciones, la UNAH demanda lo que la Constitución de la República garantiza: “Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. El Sistema de Justicia debe resolver de forma expedita lo que la investigación demanda, a fin de que no se produzcan retrasos que se conviertan en impunidad, y el combate al crimen se haga en el marco de las normas y principios que las leyes determinan.

SEXTO: Sobre la solicitud de Reformar los artículos 227, 311 y 337 del Código Procesal Penal para que la prueba anticipada sea aceptada en juicio por los jueces, de manera que no sea necesaria la presencia de testigos; se recomienda que no se deje de observar los principios del proceso penal, como ser la contradicción, inmediación y defensa de los cuales gozan las personas sometidas a proceso penal; lo anterior con el objeto de evitar vicios en el proceso penal, que al final pueda desencadenar la posibilidad de anular un juicio, generando de esta forma impunidad.

SÉPTIMO: Es oportuno hacer referencia que el aumento de penas como parte de una política criminal, sino hay un proceso de investigación científico ágil y efectivo, no es un disuasivo, ni la solución para disminuir los índices de criminalidad. Los crímenes y delitos de alto impacto pocas veces se llegan a investigar y sancionar hasta los responsables de las más altas esferas criminales y corruptas. El verdadero disuasivo se dará cuando la justicia se aplique igual para todos, los autores materiales y los que ordenan y pagan por estos crímenes. Además, se requiere diseñar y poner a funcionar políticas de prevención de violencia y crimen y reinserción social.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras valora como una de las prioridades de Honduras enfrentar la criminalidad en todas sus manifestaciones, reitera el reconocimiento a la voluntad demostrada por las diferentes instituciones del Estado, al compromiso del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y a organizaciones de Sociedad Civil. Espera que la presencia y acompañamiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) fortalezca la institucionalidad del Estado, contribuya a procesos judiciales más eficaces y a la disminución de la impunidad; al mismo tiempo recuerda que los derechos humanos y fundamentales adquieren una posición de progresividad una vez que han sido adoptados, por lo que no se puede retroceder a décadas que el país comienza a superar, en donde las autoridades cometieron cruentas violaciones a una serie de derechos, y que es un saldo que Honduras aun no cumple.

Ciudad Universitaria, a los dieciséis días del mes de enero de 2017.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

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